TOLUCA, Méx.- La 60 Legislatura del Estado de México, a propuesta de morena, determinó por unanimidad de votos retirar a los exgobernadores mexiquenses el servicio, que tenían con cargo al erario, de un jefe de ayudantes con rango de subdirector, un chofer, tres oficiales de seguridad pública y una secretaria particular.
La diputada Azucena Cisneros Coss, quien presentó la propuesta en nombre del Grupo Parlamentario de morena, dijo que el dictamen “representa el primer logro de esta Legislatura en dos de los más sentidos y urgentes reclamos ciudadanos: la eliminación de los privilegios de la clase política y la austeridad en el uso de los recursos públicos”.
Afirmó que ambos decretos abrogados para tal efecto, el 87 de la 36 Legislatura y el decreto del Ejecutivo publicado en la Gaceta del Gobierno número 86, “les regalaron a los exgobernadores un beneficio que ellos nunca le pudieron garantizar a sus ciudadanos: la seguridad las 24 horas del día, los 365 días del año y en todo el territorio mexiquense”.
La existencia de estos premios para exfuncionarios públicos, indicó, “son el símbolo más evidente de los abusos y excesos que se hicieron costumbre en un régimen que fue rechazado y derrotado en las urnas”.
Reconoció que, pese a los obstáculos y a las reservas, la iniciativa presentada en diciembre pasado fue apoyada por unanimidad en las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Finanzas Públicas, y agradeció a sus integrantes por el pronto análisis y respaldo.
Al votar a favor de este dictamen, resaltó, “estaremos demostrando con hechos y acciones tangibles nuestro compromiso a favor de tener un gobierno que garantice que utiliza con eficacia y austeridad los recursos que son de todos y para todos”.
Convocó a sus compañeros legisladores a seguir revisando el marco legal “para que el Estado de México deje de ser uno los estados con mayores problemas de corrupción y de desvío de recursos”.
Para avanzar en ese sentido, indicó, hace falta analizar y proponer una nueva ley de austeridad y gasto público, otra para regular los salarios máximos y una más para fiscalizar mejor el gasto público y acotar la corrupción en todo lo relacionado a las compras y obras públicas.
El alcance y dimensión de los pendientes, enfatizó, “nos obliga a apretar el paso para combatir la corrupción y la impunidad con leyes y reformas profundas que sean consecuentes con las acciones y las políticas del gobierno de la Cuarta Transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador”.
Dijo que al hacerlo se estarán poniendo los cimientos de una verdadera refundación de las instituciones y gobiernos, “dando pasos firmes hacia la justicia social que tanto nos reclaman los mexiquenses. La ciudadanía espera mucho de nosotros y demanda soluciones reales de fondo, no podemos, ni debemos fallarles”.
Al dar lectura al dictamen, el diputado Max Correa Hernández (morena) precisó que el decreto 87 de la 36 Legislatura publicado el 18 de julio de 1945, establecía que los premios y recompensas por servicios eminentes o importantes prestados al Estado que mereciera el gobernador se le otorgarían después de haber terminado su gestión al frente del Poder Ejecutivo.
Mientras que el decreto del Ejecutivo, publicado en la Gaceta del Gobierno número 86, el 7 de mayo de 1993, consideró que en reconocimiento a su desempeño en el cargo de gobernador debían normarse los apoyos mínimos para la preservación de su integridad y seguridad y para el desarrollo de sus actividades personales, razón por la cual establecía la adscripción de personal.
Esto es, un jefe de ayudantes con categoría de subdirector rango nueve, con nivel de jefe de ayudantes de secretario General de Gobierno; un chofer ayudante con rango cinco, con categoría de chofer de secretario General de Gobierno; tres ayudantes con categoría de oficial de seguridad pública, nivel catorce, rango cuatro, y una secretaria, con categoría de secretario particular de secretario, nivel 27, rango 9 del gobierno estatal.
