No ha concluido el primer semestre del arranque de la gestión de López Obrador y, para los estudiosos en la materia económica, queda claro que este gobierno no será el detonante del crecimiento y desarrollo económicos de México. Lo anterior, debido a que el gobierno no ha planteado un gasto eficiente que genere inversión, producción y empleo; todo lo contrario, el gobierno de 4ta. ha alardeado de darse el lujo en derrochar en proyectos caprichosos, provenientes de ocurrencias personales o en destinar recursos a un barril sin fondo, que es regalar el dinero de los contribuyentes.
Es decir, el gobierno se propuso en gastar más, pero mal, en lugar de gastar inteligentemente.
Se estima que la ineficiencia del gasto público, en la era de la 4ta., generará pérdidas de hasta 50,000 millones de dólares anuales, equivalente al 4.4% del Producto Interno Bruto (PIB), según un cálculo realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Esto se refleja en los criterios impuestos por el presidente, para definir los proyectos prioritarios en su primer año de gobierno: tales criterios son políticos, más que estratégicos.
Es así, como se explica el lujo de AMLO en cancelar un proyecto de gran inversión, con el 33% de avance y pagar las penalizaciones e indemnizaciones por contratos, como lo es el Nuevo Aeropuerto; además, de derrochar en proyectos caprichosos y ocurrentes -carentes de estudios técnicos, financieros, ambientales, de mercado y de impacto social-, como lo es chainear y construir aeropuertos inoperantes, levantar tren y refinería patitos, crear nuevas empresas estatales ociosas o designar cientos de miles de millones de pesos a programas sociales inoperantes.
En lo que va de 2019, el gobierno federal no ha sabido, ni ha podido ejercer el 58% de su presupuesto asignado para este período; es decir, si el gobierno tenía programado gastar 100 millones pesos de enero a abril, sólo ha podido ocupar 42 millones, 58 millones siguen sin ejercerse en la cuenta. Esto se conoce como subejercicio del gasto: el gobierno tiene el dinero suficiente, pero no lo puede gastar oportunamente por falta de planeación, organización y pericia, para ejecutar sus programas.
Asimismo, Andrés Manuel, en su añoranza por retornar a los viejos tiempos de una economía estatista -donde el gobierno acaparaba las actividades económicas e intervenía en el sector productivo, adquiriendo todo tipo de empresas para crear un estado obeso, ineficiente e improductivo-, ha hecho pública su intención de que el gobierno sea quien construya directamente las obras insignia de su gestión y que constituya nuevas empresas paraestatales.
No es menor la preocupación manifestada por los sectores financieros y empresariales, ante la declaración de que el aeropuerto patito “Felipe Ángeles” será construido por el ejército y, la mano de gato a, los aeropuertos Benito Juárez y Toluca la realice Secretaría de comunicaciones; o que la refinería de Dos Bocas lo construirá la Secretaría de Energía, a través de Pemex; o la creación de una empresa de internet del gobierno, para dar servicio a regiones alejadas. Lo anterior, bajo el argumento simplón de que el gobierno lo hará en el menor tiempo y más baratito; lo que se traduce en: “deprisa y malhecho”. Lo barato sale más caro, a la larga.
Lo que no recuerda López Obrador de sus clases de economía (por que las cursó de noche y las pasó de panzazo) es que cuando el gobierno la hace de contratista o empresario, se vuelve improductivo, ocioso e ineficiente. Existen varias explicaciones a ello: la primera, las empresas estatales son deficitarias porque son adquiridas o creadas por razones políticas y generan cuantiosas pérdidas; segunda, son administradas por burócratas y no por sus propietarios, ningún gerente estatal va a administrar una compañía tan eficientemente, como aquel que invirtió su patrimonio en ella; y por la formación profesional, no es lo mismo una visión gerencial que busca la eficiencia en la productividad, para lograr competitividad, que la visión burocrática de administrar el tiempo y sobre llevar la chamba, para garantizar la siguiente quincena.
Si a todo lo anterior, se le suman los casi 200,000 mil millones de pesos enterrados en Texcoco (con la cancelación de las obras del NAICM), podemos concluir que los recursos disponibles por el gobierno, para obras y programas sociales en 2019, no repercutirán en mayor competitividad, productividad y empleos, para los mexicanos; sino, en un irresponsable derroche de recursos canalizados a obras mal hechas e inoperantes y programas sociales a medio gas, que no fortalecen la autosuficiencia de las familias, sino su dependencia.
Habrá que recordarle a López Obrador que la ineficiencia de los gobernantes también es corrupción.
