TENANCINGO, Méx.- Una mujer identificada como Eulalia Nazaria Cornejo Ortiz, fue condenada a 33 años y nueve meses de prisión, luego de que el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó su participación en el delito de trata de personas, a través de la prostitución ajena mediante engaños con modificativa agravante de haberse cometido en contra de una menor de edad con discapacidad física y psicológica.
Esta mujer fue detenida en el mes de febrero de este año en cumplimiento de una orden de aprehensión que fue girada en su contra por estos hechos, por lo que fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenancingo, en donde un Juez previo proceso legal, le dictó esta condena.
Cornejo Ortiz obligó en al menos dos ocasiones, a una menor de entonces 15 años de edad que sufría una discapacidad, a sostener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero, esto en el municipio de Tenancingo.
La indagatoria iniciada por elementos de esta Institución permitió establecer que en el mes de septiembre de 2015, la ahora sentenciada, con base en engaños, trasladó a la menor de edad, quien era su vecina, a un inmueble del Barrio La Campana, en donde la obligó a sostener relaciones sexuales con un hombre a cambio de dinero.
Posteriormente, en enero de 2016, de nueva cuenta la llevó a un local comercial ubicado de la calle Circuito Paseo Ordorica, del mencionado municipio, en donde de igual forma tuvo relaciones sexuales con un hombre, quien le entregó dinero a la condenada.
Por ambos hechos la víctima denunció lo ocurrido ante la FGJEM por lo que fue iniciada la carpeta de investigación respectiva y el Ministerio Público solicitó a un Juez librar una orden de aprehensión en contra de esta mujer, la cual fue otorgada y cumplimentada por Policías de Investigación.
Luego de revisar los elementos de prueba recabados por esta Representación Social, un Juez con sede en Tenancingo le impuso esta condena y le fijó multas de 1 millón 587 mil 510 pesos y 20 mil 280 pesos como reparación del daño material, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.
