Durante el primer año de gobierno de López Obrador, ha sido evidente la ineptitud de la 4T para reducir la inseguridad y la violencia, reinantes en todo el territorio nacional. Los homicidios se incrementaron un 15.2% respecto a 2018 y los decomisos de droga se desplomaron, respecto a los gobiernos anteriores. Al tiempo, que este gobierno no ha capturado a ningún pez gordo o gran capo, mostrando su desdén o cobardía por combatir y hacer frente al crimen organizado.
En cambio, el régimen morenista ha demostrado demasiado interés por perseguir, reprimir, hostigar y hasta encarcelar, a todo ciudadano que critique, proteste y se interponga contra toda obra, acción y ocurrencia propuesta o ejecutada por el gobierno federal.
Así, el gobierno de López y la Fiscalía General de la República tuvieron la desfachatez de presentar, el pasado 15 de enero, un paquete de nueve iniciativas y reformas que buscan, entre otras cosas: eliminar el derecho a ampararse ante toda obra o acción cometida por el gobierno, en perjuicio de un ciudadano o una comunidad; ampliar el arraigo para todo tipo de delitos, sin importar su gravedad; eliminar a los jueces que valoran la legalidad de una detención y de las pruebas; y permitir la intervención de las comunicaciones privadas en temas electorales y fiscales, sin mediar una orden judicial.
Incluso van más allá, buscando suprimir la nulidad constitucional de aceptar todo tipo de pruebas obtenidas de forma ilícita, ya sea por sustracción ilegal de documentos, grabaciones, confesiones forzadas, chantajes y, posiblemente, tortura.
La reforma presentada por miembros del gabinete de López, en el Senado de la República, representa un retroceso en materia de justicia, en el que se da carta abierta para que, de manera autoritaria e impune, una autoridad viole los derechos humanos de los ciudadanos.
De concretarse esta deformación al sistema de procuración de justicia, cualquier persona podría ser detenida sin orden judicial, sólo por ser imputada de sospecha; la persona acusada podría ser arraigada en cualquier centro de detención, sin mediar un juicio y sin importar la gravedad del delito, al que se le imputa; incluso, el juzgador estaría obligado a aceptar todo tipo de pruebas, se hayan obtenido de manera legal o ilegal, voluntaria o forzada, fidedigna o inadmisible.
Además, se busca eliminar la figura de presunción de inocencia, para incorporar la presunción de responsabilidad, por lo que todas aquellas personas inculpadas deberán estar obligadas a probar su inocencia, pues caso contrario, la autoridad presumiría de ciertos los hechos que se les imputa. Así, la fiscalía rehúye de la responsabilidad de probar los delitos que acusa, delegándole tal carga al ciudadano inculpado, limitado de toda capacidad de defensa, ante todo tipo de pruebas, y maniatado en un centro de detención o de arraigo.
Pero el gobierno de 4ta. va más allá, en la propuesta presentada busca permitir todo tipo de intervención a las comunicaciones privadas y de espionaje -no para presuntos homicidas, secuestradores, capos de droga o traficantes de personas y órganos-, sino para cualquier “sospechoso” en temas electorales y fiscales.
Para redondear y como si no fuera suficiente, se busca eliminar a jueces de control y tribunales de enjuiciamiento, que son los encargados de validar la legalidad de las pruebas, de la detención y la aplicación correcta del proceso judicial; así como las etapas preliminares a un juicio, como la investigación inicial y las pruebas complementarias.
Es así, como el gobierno de López se esfuerza por consolidar una tiranía, en la que se supriman todos los derechos humanos de los ciudadanos, bajo la falsa justificación de agilizar la persecución del delito, por parte de la FGR.
Pero, más allá de ser eficientes en el combate al crimen organizado y la inseguridad en general -temas que la 4T ha dejado en claro que no le interesa o no puede atender-, la reforma presentada tiene una clara dedicatoria cuando se refiere a los presuntos delitos electorales y fiscales. Es decir, es el arma perfecta de persecución, represión, inhabilitación y desacreditación, por parte del régimen lopezobradorista, a toda persona incómoda que sea considerada como una amenaza por sus críticas, protestas y oposición al gobierno de 4ta.; sean estos empresarios, activistas, políticos o periodistas.
Como bien dice la sabiduría popular: “Piensa mal y acertarás”.
