LERMA.- Elementos de la Secretaría de Seguridad lograron recuperar un tráiler con carga, que contaba con reporte de robo; en la tarea fue detenido el conductor como probable implicado del ilícito.
Derivado de las acciones implementadas por la actual administración para inhibir el hurto de transporte de carga, policías adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT), implementaron la búsqueda, tomando en cuenta la señal emitida por el sistema de rastreo y localización satelital del mismo tractocamión.
Los hechos ocurrieron cuando los uniformados estatales recibieron un alertamiento vía telefónica por parte de la compañía que brinda el servicio de GPS a la empresa de transporte, solicitando apoyo, al manifestar que una caja seca, que fue robada el pasado 15 de enero del presente año, se había activado y que tenían la localización de la misma.
Por tal motivo, los Policías de la SS avanzaron al lugar indicado para la ubicación del vehículo, correspondiente a una caja seca de la marca Hyundai modelo 2019, encontrándola sobre la autopista de la Venta en circulación a Toluca.
De inmediato, se colocó un cerco de seguridad en la zona, instalando filtros en las salidas de dicha autopista, sin perder el recorrido que marcaba el GPS y dando seguimiento a ello; fue sobre la autopista Toluca-México, a la altura de las Plazas Outlet de este municipio, cuando una unidad con características similares a la buscada, fue detenida.
Los uniformados, apegados al protocolo de actuación policial, solicitaron una inspección física del conductor y del vehículo, accediendo inmediatamente. Al corroborar los datos del tractocamión con el Centro de Monitoreo Estatal, confirmaron que contaba co reporte de robo vigente y pendiente por localizar.
Al cuestionar al chofer por la información proporcionada, no pudo acreditar la posesión de la unidad con ningún documento, motivo por el que fue informado de los derechos que la ley confiere a favor de Edward Alfonso “N” de 33 años, indicándole que sería trasladado a la Agencia del Ministerio Público, para que sea la autoridad competente quien determine su situación jurídica.
