CIUDAD DE MÉXICO, Méx.- La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) mostró su oposición a que las Fuerzas Armadas permanezcan durante cinco años en labores de seguridad pública, al asegurar que se trata de una medida unilateral y autoritaria que atentará sistemáticamente contra los derechos humanos y agudizará los actos de tortura y las desapariciones.
Luego de la publicación del decreto presidencial, publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se ordena a la Fuerza Armada a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública, refirieron que con dicha acción se demuestra una vez más el fracaso de la llamada estrategia de seguridad y de la propia Guardia Nacional.
En ese sentido, aseveraron categóricamente que este instituto político no apoyará los actos autoritarios del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya que las y los mexicanos no pueden vivir en un país militarizado donde constantemente se violenten los derechos humanos debido a que las Fuerzas Armadas no están entrenadas para interactuar con la población civil.
Reconocieron que las Fuerzas Armadas son una de las instituciones más respetadas por las y los mexicanos, ya que han demostrado por muchos años lealtad y valor en desastres naturales aplicando el plan DNIII, sin embargo externaron su preocupación por la posible extralimitación de sus funciones, ya que su actuar se supeditará a los caprichos presidenciales sin importar que se vulneren las garantías individuales.
En ese sentido, calificaron que la acción unilateral del presidente es muy grave para los derechos humanos, debido a que no existe en el mundo un solo caso que demuestre que con la militarización de la seguridad pública se disminuya la delincuencia y se controle al crimen organizado. Por ello, explicaron que se necesita un verdadero plan que fortalezca a la policía federal, a las policías estatales y municipales.
Criticaron que ante la endeble autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo que prácticamente está subordinado a las decisiones del Ejecutivo Federal, se vean amenazados los derechos de las y los mexicanos por la militarización y centralización de la seguridad pública.
Finalmente, insistieron que, con dicho decreto, que estará vigente hasta el 27 de marzo de 2024, el Gobierno Federal continuó con los pasos del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa al dar seguimiento a la militarización del país, cuyas consecuencias han sido cientos de miles de muertes a manos de la delincuencia y que nos han colocado en una situación de inseguridad peor que la de un país en guerra. Esto, a pesar de que López Obrador ha criticado en múltiples ocasiones al gobierno y a la estrategia de seguridad de Calderón Hinojosa.
