Ayer fue un día que sacudió a la política en el Estado de México, específicamente al gobierno y al grupo de Enrique Peña Nieto.
El asesinato de Luis Miranda Cardoso, padre de Luis Miranda Nava, amigo y compadre del ex presidente, agitó a la entidad y a Atlacomulco, capital del poder.
De acuerdo con las primeras indagatorias, un grupo de sujetos entró a su casa en Toluca y, en un aparente robo a casa habitación, le dieron un tiro.
Miranda Cardoso estuvo ligado siempre al primer círculo. Fue presidente del Poder Judicial y trabajó con Ignacio Pichardo Pagaza, César Camacho Quiroz y Arturo Montiel.
Actualmente era notario.
Miranda Nava, compadre, además de amigo, de Peña Nieto, fue secretario de Desarrollo Social en lugar de Rosario Robles, quien mañana cumple un año en el reclusorio acusada de participar en la llamada Estafa Maestra.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló en marzo pasado que se investigaba a Miranda Nava, hoy diputado federal del PRI, por diversas irregularidades.
El legislador fue secretario de Gobierno cuando Peña Nieto fue gobernador y fue clave en el empoderamiento de OHL, hoy Aleática, como la principal constructora en suelo mexiquense.
En 2008 se entregó ilegalmente la construcción y explotación del segundo piso del periférico a esa empresa sin la autorización de la SCT – vía federal- , según la conclusión a la que llegó la Fiscalía General de la República (FGR), que dirige Alejandro Gertz Manero.
-Se han presentado denuncias en el caso de Rosario Robles, de Gerardo Ruiz Esparza, en el caso OHL; de Emilio Lozoya y se tiene una indagatoria a Luis Miranda, dijo Nieto Castillo.
La Secretaría de la Función Pública (SFP), de la casera Irma Eréndira Sandoval -por aquello de que es próspera en el ramo inmobiliario-, dijo en enero que se investigaban presuntas irregularidades por mil 323 millones de pesos del gasto en 2018 aplicado por la Sedesol en el programa Cruzada contra el Hambre y comedores comunitarios: en ese tramo Luis Miranda Nava y Eviel Pérez Magaña fueron los titulares.
Además, el diputado ha sido señalado como uno de los consentidos y de hacer negocios con los gobiernos a los que ha servido.
La denuncia
La información que dio ayer el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en torno a la denuncia que Emilio “L” -Lozoya, por supuesto- presentó ante la FGR fue el presunto bombazo del día.
El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) oficializó ante el Ministerio Público federal su versión de que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso le ordenaron recibir el dinero de Odebrecht e inyectarlo a la campaña presidencial en aquel 2012.
Y que se movieron al menos 200 millones más en sobornos a legisladores y a un líder partidista para que pasaran las reformas energética y fiscal.
Dice Gertz Manero que el señor “L” debe probar su dicho y que, en caso de que proceda -se analizan las pruebas- serán llamados los implicados.
¿Usted ve en prisión a Peña o a Videgaray?
¿Qué pruebas hay?
Dicen que recibos.
¿Fueron tan idiotas de firmar un recibo donde dijera “recibí 5 millones de pesos -o la cantidad que fuese- para votar a favor de la reforma “x”?
Eso suena más a una obra teatral que a la realidad.
Y no porque no haya sucedido.
Me refiero a las pruebas.
Andrés Manuel López Obrador mueve sus piezas en el tablero.
Y en simultáneas, como en el ajedrez.
Sabedor de que está en riesgo 2021, la elección intermedia, pega al PRI y pega al PAN, el más peligroso.
Ayer insistió en que el gobierno de Calderón era un narcoestado.
Que dominaba el narco.
Habrá que ver el final de la película.
O de la obra.
Educación es justicia y prioridad
Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de Gobernación, está en la jugada.
Ayer, sostuvo una reunión con Sonia Salazar, titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.
En Twitter dio a conocer el objetivo es que cada vez sean más los que, de cualquier forma, tengan derecho a la educación universal, con o sin pandemia.
-Es un acto de justicia social y de prioridad de Estado, escribió.
Hospital Tláhuac
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), iniciaron un trabajo conjunto para poner en marcha, en el menor tiempo posible, el Hospital General Tláhuac de la Ciudad de México (CDMX), que dará atención en 32 especialidades y beneficiará a un millón 426 mil derechohabientes.
Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la SHCP, y Luis Antonio Ramírez Pineda, director del ISSSTE, recorrieron las instalaciones del hospital que contará con un total de 378 camas, 250 censables y 128 no censables; 35 consultorios y ocho quirófanos, construido en dos años con un costo de dos mil 300 millones de pesos.
Para equipamiento, particularmente para acondicionar los quirófanos y arreglar todas las áreas de cirugía, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la SHCP aprobaron al ISSSTE un recurso extraordinario de cinco mil millones de pesos.
La próxima inauguración del Hospital General “Tláhuac” servirá para abatir el rezago quirúrgico de la zona metropolitana que llega a más mil 600 cirugías diferidas, especialmente las de traumatología, ortopedia, oftalmología y otorrinolaringología, entre otras.
Vámonos: A Jesús Orta le auditan también su paso por la CDMX como jefe de la policía.
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