En México, 88 por ciento de las muertes por Covid-19 han sido en hospitales públicos, por sólo 3 por ciento en los privados. Además, el 71 por ciento está ligado a pobreza y a bajo nivel escolar. Según análisis del investigador de la UNAM, Héctor Hernández Bringas, con base en las actas de defunción, en el sector público –todos los hospitales de la Secretaría de Salud, incluidos IMSS e ISSSTE, así como los de los gobiernos estatales- es donde el porcentaje es casi del 90 por ciento. El estudioso señala que el IMSS es el mejor calificado, con 30 por ciento, alrededor de 60 puntos menos que en el resto del sector oficial.
Recientemente, el hospital ABC de Tacubaya dio a conocer que apenas el 7 por ciento de los pacientes que ha atendido por el virus han perdido la vida y el resto se ha recuperado.
El mismo estudioso, asegura que las personas con cero ingreso o que ya no trabajan -jubilados y pensionados- representan también el mayor número de casos.
Amas de casa y desempleados, así como trabadores del sector informal aparecen en esas estadísticas.
¿Por qué mueren más personas en los hospitales públicos por Covid-19, que en los privados?
¿Por qué los pobres y los que tienen un menor nivel de estudios?
Acaso el disparo en la demanda de atención y la saturación de hospitales, así como la denunciada escasez de insumos, equipo y medicamentos -no hay tratamiento que cure a los enfermos- sea un factor, aunado a la falta de personal médico.
Ese fue uno de los argumentos para traer, por ejemplo, a los 585 médicos cubanos que costaron 6.2 millones de dólares, unos 135 millones de pesos, y que ya se fueron.
Es evidente que la atención en el sector privado es superior, porque, en primer lugar, la demanda es menor.
En cuanto al esfuerzo y la entrega de los médicos y enfermeros- mujeres y hombres, por supuesto-, sería injusto siquiera insinuar que sea un factor, porque los miles que trabajan en el sector público hacen esfuerzos sobrehumanos para atender a los pacientes que, diariamente, se suman a las camas y a la temida intubación.
Ellos, todos, luchan día y noche por salvar a los internados, pese a las carencias señaladas y a la carga de trabajo, que rebasa su capacidad humana.
No es su responsabilidad absolutamente, sino de los gobiernos federal y estatales, quienes deben suministrar equipo e insumos para desempeñar su trabajo, que implica protección personal.
¿Cómo es posible, por ejemplo, que no tengan cubrebocas de nivel máximo de protección, como los N95 o KN95, máscaras, googgles, batas, guantes y más?
Y que no venga a decir Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, a decir que es mentira, porque ejemplos de protestas y cierres de calles por esas carencias, sobran, y auténticos, con fundamento.
Los médicos del sector privado no son agenos a ese gran esfuerzo.
Es precisamente el subsecretario quien debe responder a las estadísticas mostradas por Hernández Bringas, quien en otro estudio reveló que la mayor parte de las víctimas mortales están asociadas a bajo nivel de escolaridad y a la pobreza.
Siete de cada 10 víctimas de coronavirus tenían escolaridad máxima de primaria o inferior y vivían en pobreza, según el análisis Mortalidad por COVID-19 en México, del académico de la UNAM, publicado al cierre de mayo.
De acuerdo con éste, 71 por ciento de las muertes tenían primaria o un nivel menor escolar.
Cifras duras, que los escépticos han puesto en duda, pero que, sin duda, muestran cómo la pobreza y el escaso nivel de estudios son factores que inciden en el porcentaje de fallecimientos.
La venganza es dulce
Andrés Manuel López Obrador disfruta la venganza.
Esos videoescándalos de 2003 y 2004 en los que se observa a René Bejarano -esposo de Dolores Padierna-; a Carlos Imaz, entonces esposo de Claudia Sheinbaum, hoy jefa de gobierno-; y a Ramón Sosamontes, recibir miles de dólares del argentino-mexicano novio de Rosario Robles -en la cárcel desde hace exactamente un año por traicionar al tabasqueño- así como a su tesorero Gustavo Ponce apostando en el Bellagio de Las Vegas, serán cobrados.
Y bien.
Ayer, Andrés Manuel dijo que es un tema de permanencia voluntaria -ya no existe en los cines, por cierto- y que la Fiscalía debería mostrar los videos en los que dice Emilio “L” están las evidencias de que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray le ordenaron atorarle al bisne con Odebrecht.
Haga sus apuestas… y compre sus palomitas.
Vámonos: Mario Molina, ganador del Nobel de Química y mexicano pa’ más señas, dice a López Obrador y a Trump que se pongan el tapabocas para que envíen la señal al pueblo.
Que sean ejemplos.
Y es contundente:
-La ciencia dice lo que se debe hacer, la política, desafortunadamente, no.
