Algo está pasando en México que complica paulatinamente las tareas de gobierno. Una vez, es la amenaza latente de la ruptura del Pacto por México; otra son las reacciones en contra de la reforma educativa; otra más es el apagón analógico en Tijuana; y la otra es el lamentable número de homicidios a consecuencia de la violencia que vive el país. Pareciera que los hombres del presidente, sus operadores políticos, no están funcionando a la altura de las decisiones tomadas. Ya no se observa prisa sino improvisación.
Para complicar el escenario nacional surge el escándalo de la manipulación de los programas sociales en Veracruz, el desvío de fondos públicos en Tabasco, en Chiapas, las guardias comunitarias en Michoacán y Guerrero; las críticas se intensifican, porque no se observa que mejore la seguridad pública. Los aliados representados en los medios de comunicación, cuando hablan bien del gobierno, consiguen un efecto en contrario, provocando un desgaste a la legitimidad del mismo.
El candidato ya no anda en campaña, los medios si y van por sus reformas. Y eso no es si quieres; el apagón o el parón de Tijuana es muestra de ello. Una cosa intrascendente se convirtió en un asunto de agenda nacional: se metieron al proceso electoral local, la autonomía estatal y municipal desapareció, le tronaron los dedos al IFE, se movió la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados; la COFETEL salió al debate; la Secretaría de Comunicaciones solicitó se suspenda el apagón y el presidente de la República tuvo que manifestarse. Ni modo, son los medios.
La tensión nacional indica que los hombres de experiencia del gobierno se han equivocado de método y de procedimiento. En materia de seguridad, siguen dependiendo de los militares, los marinos y del apoyo de las agencias de los Estados Unidos, para el combate a la delincuencia organizada; y, por si no fuera suficiente, la gendarmería nacional está en espera de disponer de miles de militares para que cumplan funciones de policía, nada más diez mil para empezar. ¿Dónde está lo diferente al sexenio anterior?; ¿En verdad tienen una estrategia o únicamente tienen al general colombiano Naranjo para que salga al paso? Nadie, de verdad nadie, pensó que la simple llegada de una nueva Administración Pública Federal iba a cambiar de la noche a la mañana el estado de violencia del país; pero tampoco nadie esperaba que empezaran como lo han hecho.
Mientras se ponen de acuerdo en el gabinete y, en específico, en el gabinete de seguridad, la violencia no para. Es probable que donde existe una disminución de homicidios sea por acuerdo entre cárteles o franco dominio de uno frente a los otros, antes que sea por la acción deliberada de la autoridad. Los datos están a la vista y no son estadísticas, son seres humanos asesinados, porque el gobierno no acierta a brindar seguridad, como es su obligación constitucional.
Michoacán y Guerrero son dos ejemplos del vacío de autoridad en todos los niveles, son poblaciones sometidas al miedo que imprimen, tanto la delincuencia organizada, como la acción de las policías locales, federal, militar o de la marina. Son víctimas a dos fuegos, que no tienen para dónde hacerse. Son poblaciones que prefieren defenderse solas. ¿Qué valor tendrá el discurso de un secretario de gobernación, de seguridad pública o de un gobernador en esas entidades federativas donde el Estado de Derecho es sinónimo de la nada?. “Por eso, no nos desarmamos, por eso, si ustedes se van volveremos a tomar las armas”; eso parece ser el mensaje de las guardias comunitarias de Michoacán.
La directora del Semanario Zeta, Adela Navarro, puso la cifra en la herida nacional. En su seguimiento de los homicidios en México, documentó que van ocho mil 49 asesinatos registrados en los primeros cinco meses del actual sexenio; según su versión, las cifras salen de los ayuntamientos y de las secretarías de seguridad del país. De acuerdo con su investigación, el manejo de los datos no es ajeno a la manipulación y persiste la tendencia a desvanecer la escasa transparencia, pero eso tal vez no sea lo más grave sino el incremento de la criminalidad y el surgimiento de nuevas organizaciones de traficantes. La parte gubernamental, desde luego que rechazó lo dicho por la periodista. Sin embargo, reconocieron la concordancia de la cifra referida. Según las fuentes oficiales van ocho mil 55 homicidios; es decir, seis más que los reportados por el semanario y su directora.
En descargo de los señalamientos, la autoridad aclaró que la fuente de sus registros son dos: el INEGI que hace su conteo con base en las actas de defunción, de todos los homicidios que se presentan y la otra fuente de medición es el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo, donde también entran todo tipo de homicidios. Con base en la captura de estas dos instancias es como se llega a la cifra oficial de ocho mil 55 homicidios. De ese total, la autoridad menciona que —como categoría analítica que no jurídica— se tienen cinco mil 200 homicidios presuntamente vinculados a la lucha contra la delincuencia organizada o, como se dice ahora, presumiblemente ligados a delitos federales. Es decir, la autoridad tiene establecidos mecanismos para valorar los asesinatos, de donde consigue clasificar, en el rango de comunes, casi tres mil homicidios.
Existen varios cajones para el manejo de las cifras, pero el cajón frío donde se entierran a las víctimas es el mismo, lleno de dolor, soledad, huérfanos, viudas, descomposición social, drogadicción y miseria. Eso en el mejor de los casos, porque los 26 mil 121 desaparecidos reconocidos institucionalmente, no tienen derecho ni al cajón de la cristiana sepultura. Desde luego que existe la excusa de comparar los índices o indicadores con el sexenio anterior, pero eso no mejora la realidad nacional; mientras no se actúe en contra de la corrupción política. A ese grupo nadie lo toca, nadie lo molesta; para ellos, los muertos son cifras que van a la baja, pero si se incrementa, tampoco importa. Triste, pero tenemos más desapariciones que las dictaduras chilena y argentina.
Se habla de la existencia de un gabinete de seguridad, de instancias creadas ex profeso para atender el problema, dicen que se está haciendo un trabajo exhaustivo, en coordinación con todos los sectores del ramo. Sin embargo, la salida es la misma: se recurre a la comparación de la fría realidad del sexenio pasado con la inoperante respuesta institucional del presente. Lo dicho por la autoridad es recurrente y, por lo tanto, cae en descrédito. Entre diciembre de 2012 y abril del 2013, se registraron cinco mil 296 homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada; este mismo indicador, en los últimos cinco meses de la administración anterior llegó a seis mil 432; lo que acomoda un 18 por ciento menos; esto lo pregonan como un logro y una tendencia a la baja. La frecuencia del análisis estadístico nos hace pensar que el asesor más influyente del gobierno es Giuseppe Tomasi di Lampedusa con su texto: el Gatopardo, donde se cambia todo para que nada cambie.
A pesar de la presencia de los marinos, los soldados, la policía federal y las policías locales en Michoacán, el sector turismo registra pérdidas aculadas, los productores se ven impedidos de transportar sus mercancías, empresas y empresarios salen de la entidad por la acción permanente de la delincuencia organizada. Dos presidentes municipales —el de Buenavista Tomatlán y el de Tepalcatepec— no ejercen su cargo, por la presencia de las guardias comunitarias.
En Zapopan, Jalisco, un grupo armado entra a un restaurante y ejecuta a cuatro personas; en Guerrero se enfrentan grupos armados y dejan cuatro muertos sobre la carretera de Acapulco-Tierra Colorada; un día después, en la carretera Apaxtla-El Caracol se localizan cinco cuerpos más y dejan seis camionetas incendiadas. La cosa no para ahí, sujetos armados matan a dos policías del municipio de Teloloapan, Guerrero, luego balearon la presidencia municipal, que cuenta con once policías para brindar protección a treinta mil habitantes. En Morelos, entran hombres armados a un bar y ejecutan a dos personas. Mientras el gobernador dice que va mejorando la seguridad en Chihuahua, un comando armado ejecuta a cuatro personas, en un domicilio del municipio de Ciudad Juárez.
No es pesimismo ni hablar mal del gobierno; es la realidad nacional. La que compartimos todos los días.
