OTZOLOTEPEC, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo sentencia de condena de 67 años y 6 meses de prisión contra Anaí Loza Neri, tras acreditar su intervención en el delito de trata de personas, en la modalidad de explotación sexual, en agravio de una adolescente, a quien obligó a sostener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero.
La investigación iniciada por la Fiscalía Edoméx precisó que el 15 de enero del año 2020 la víctima de entonces 13 años, no ingresó a la escuela secundaria donde estudiaba y ante el temor de que fuera descubierta por sus padres no regresó a su domicilio. La menor de edad contactó a uno de sus amigos quien a su vez le dijo que podría ir a vivir con la hoy sentenciada, la cual le daría alojamiento en su domicilio, por ello la adolescente se trasladó a una casa habitación ubicada en la avenida Toluca, en el municipio de Otzolotepec.
Indagatorias de esta Institución determinaron que a partir del 19 de enero y hasta el 2 de marzo de ese año, la víctima fue obligada por Anaí Loza Neri para que mantuviera relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero. La menor de edad era amenazada con ser golpeada para que accediera a llevar a cabo esta actividad.
Estas acciones eran realizadas en un primer momento en el domicilio localizado en avenida Toluca, pero posteriormente ambas se mudaron a vivir a otro inmueble ubicado en Santa María Tetitla, del mismo municipio. En marzo del 2020 la víctima escapó del sitio.
Una vez que esta Institución tomó conocimiento de los hechos, fue iniciada la indagatoria por este ilícito y con el avance en las labores de investigación fue solicitada a la Autoridad Judicial librar orden de aprehensión contra la implicada, misma que fue aprehendida e ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.
Con los datos de prueba recabados y aportados por esta Representación Social, un Juez dictó esta condena para la acusada, además le fue fijada multa de 5 millones 211 mil 800 pesos, la cantidad de 185 mil 560 pesos como reparación del daño moral y 57 mil 200 pesos como reparación del daño material, en tanto que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.