Todo indica que los tiempos del encanto ya pasaron, que la buena estrella empieza a perder su brillo por asuntos públicos mal orientados. Los medios lo hicieron y son ellos mismos los que propagan su caída. La escenografía se salió de control y el pueblo ya no es el espectador si no el actor que reclama los excesos de una clase política sin límites, de una clase política protagonista de la corrupción, los excesos y la impunidad.
El peñismo surgió en 2005 y ganó sorprendiendo a todos, hasta a los de su partido. En las elecciones locales intermedias de 2009 ganó contundentemente. En la elección de gobernador de 2011, la percepción de su imagen dio el triunfo al PRI y su candidato Eruviel Ávila por más de tres millones de votos. En 2012, llegó a la candidatura a la presidencia de la República y venció con facilidad a dos figuras políticas que lo superaban en experiencia: Andrés Manuel López Obrador y a Josefina Vázquez Mota. Sin embargo, al igual que a los presidentes Fox y Calderón, gobernar lo ha desgastado y sus bonos de popularidad empiezan a bajar dramáticamente.
La narrativa del político joven, carismático y apapachador ha sido sustituida por la narrativa de la corrupción de gobernadores y miembros de la clase política de su partido; esa generación que alguna vez dijo era el nuevo rostro del PRI. La “Casa Blanca”, la “Casa de Malinalco”, el señalado conflicto de interés con Grupo Higa, los excesos de Moreira, Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge son la punta del iceberg. El escándalo de “la Casa Blanca” tuvo consecuencias fatales en contra de la credibilidad de su gobierno. Forzado por la situación, el presidente Peña Nieto ha pedido disculpas y aceptado que la información difundida causó gran indignación.
Tarde y a destiempo llegaron las disculpas de un tema mal manejado desde la oficina de la presidencia. La noticia impactó en el ánimo de la sociedad y causó reacciones en la esfera gubernamental. No era para menos, se estaba dando a conocer un acto de corrupción grave que implicaba a la esposa del presidente. La primera reacción fue un nuevo nombramiento en la Secretaría de la Función Pública, pero al ser facultad del presidente mismo, el relevo careció de credibilidad, porque no garantizaba una investigación imparcial del hecho. En general, este y otros actos de corrupción han provocado una baja consistente en los porcentajes de aceptación y aprobación del presidente Peña.
Es claro que esta tendencia de desgaste no se debe al éxito de sus opositores ni a la efectividad de sus estrategias de debate político, son los propios errores del presidente y su equipo que no pudieron diferenciar un candidato de un presidente, de repetir el modelo político del viejo PRI lleno de autoritarismo y de prácticas ilegales, de la falta de empleos bien remunerados, de la situación económica, de su indiferencia frente a los actos de corrupción de miembros de la clase política del PRI y de registrar hechos de violencia que han enlutado al país y que a simple vista son crímenes de lesa humanidad. Enrique Krauze al referirse al PRI, a Peña y a su promesa de cambio lo simplifica en una palabra: decepción.
En el 2012, el candidato Peña hablaba que con él llegaba una nueva generación de políticos jóvenes del PRI a gobernar. En el programa “Tercer Grado” de Televisa, puso como representantes de esa nueva generación política del PRI: al gobernador de Quintana Roo, Beto Borge, al gobernador de Veracruz Javier Duarte, César Duarte, gobernador de Chihuahua, al gobernador de Campeche, y sostuvo que todos son parte de una generación nueva, que ha sido parte de una renovación del partido. Para las elecciones del 5 de junio de 2016, tres de esos gobernadores fueron la debacle del PRI que perdió siete de doce gubernaturas en disputa, entre ellas Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo. Además de sufrir y pagar políticamente los excesos de estos gobernadores, el presidente Peña Nieto, al igual que Fox y Calderón, ha tenido que resignarse a cargar con la responsabilidad de acciones que todos los gobernadores dejan de hacer.
Los desastres naturales, la inseguridad, las noticias de la prensa libre, de las redes sociales y de medios internacionales deterioran cada vez más la figura presidencial, sin que su equipo de estrategia reaccione y evite un desgaste mayor. Es tan fuerte el descrédito de la imagen del presidente que seguramente tendrá que sumar hasta los malos resultados de los atletas mexicanos en los juegos olímpicos de Río de Janeiro. El titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) es el polémico Alfredo Castillo Cervantes, un colaborador ligado directamente al presidente.
A tres años de su administración, el desgaste es evidente. En el extremo hay quien señala que, después de los malos resultados electorales del proceso 2016, el presidente está acabado políticamente. La estrategia por una mejor seguridad ha fallado y el país registra hechos en extremo lamentables como la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, la ejecución de 22 detenidos en Tlatlaya, estado de México, los cinco jóvenes levantados y calcinados en Tierra Blanca, Veracruz y la violencia desbordada en estados como Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y el estado de México. El colmo es que los empresarios también están de mal humor.
Así como los astros se alinearon en su favor de 2005 a 2014, parece que ya han tomado un curso en contra. Según datos de una encuesta publicada por el diario “El Universal” en julio de 2016, el 63% de los mexicanos manifestó no querer saber nada de Enrique Peña Nieto; el 74% cree que el país va por muy mal camino; mientras el 84% aseguró que los problemas del país han rebasado por completo a Peña Nieto. Los números son malos y reflejan la quiebra política del presidente. Y esto se traduce en una percepción que el PRI puede seguir sumando derrotas de mayor calado, como podría ser la elección de gobernador de 2017 en el estado de México.
Si bien el PRI ganó las gubernaturas de Oaxaca y Sinaloa que eran entidades gobernadas por la oposición, el mayor voto de castigo se materializó en contra del gobierno federal y su partido. En el proceso electoral de 2016, el PAN y el PRD recurrieron al pragmatismo, sin más vínculo que su fervor anti-priista. Se aliaron para ganar gobiernos locales que jamás había perdido el PRI: Veracruz, Quintana Roo y Durango. La sorprendente popularidad del candidato Peña en las elecciones de 2005 y 2012 y la aprobación que tuvo en los primeros meses de su administración se está perdiendo. Es evidente que los bonos de confianza han bajado consistentemente, al grado que ya el PAN encabeza las preferencias electorales para 2018.
Los efectos de gobernadores impresentables del PRI, la imposibilidad de romper con prácticas autoritarias del viejo partido, la inseguridad, el conflicto magisterial, la falta de empleo, la caída del poder adquisitivo de las familias y la creciente molestia social han provocado un desastre que nadie anticipaba. El presidente tiene la disyuntiva de llevar a gobernadores de su partido ante la justicia para tratar de revertir los índices de impopularidad que pueden materializarse en una derrota de costos incalculables para el PRI en la elección para gobernador del estado de México de junio de 2017, tierra que Enrique Peña gobernó en el periodo 2005 a 2011. Si los augurios de derrota se materializan, el PRI puede irse despidiendo de la presidencia de la República y por un buen rato.
El reto no es sencillo para el Presidente y el PRI. Si decidiera encarcelar a gobernadores de su partido daría la razón al discurso de “la mafia en el poder” de Andrés Manuel López Obrador. Una medida como esta podría ser la coyuntura discursiva que espera López Obrador para hacer imparable su arribo a la presidencia de la República. Este proceder, también puede poner en alerta a otros gobernadores priistas que estarían dispuestos a dar su apoyo local a un candidato opositor a cambio de inmunidad a sus excesos. Si se inclinara por llevar ante la justicia a gobernadores de otros partidos como al panista Guillermo Padrés Elías o al perredista Juan Sabines Guerrero podría ser tomado como venganza desde la cúpula del poder, lo que detonaría mayor complejidad al convulso escenario político nacional. Si la tendencia fuera encarcelar a uno y uno de cada partido el costo puede ser el mismo a su imagen y gobierno.
A pesar de todo, el peor escenario es que no haga nada, que deje correr las aguas de corrupción donde nadan a placer gobernadores y funcionarios ligados a su gobierno y partido. Si no encuentra una salida adecuada, es inevitable que la tendencia negativa sea mayor. El costo político se puede medir en encuestas, pero el realmente grave es cuando se traducen en derrotas electorales y si esta fuera la del estado de México las consecuencias políticas realmente serían históricas.
