Eran poco antes de las ocho de la mañana y me enteré que Joaquín Guzmán Loera, alias “el Chapo”, se había fugado de la cárcel de máxima seguridad. Cuando me lo mencionaron, creí que era broma y mi primera expresión fue decir que eso era imposible, que eso no ocurre, porque sería una vergüenza para el país y para el gobierno mismo. Un acto de esa magnitud tendría graves consecuencias internacionales. Ante mi incredulidad me llevaron a una televisión, conectaron la computadora y, de repente, un señor de nombre Monte Alejandro Rubido García, comisionado nacional de seguridad pública, confirmaba, o más bien narraba, la forma como se había dado a la fuga el señor Guzmán, al que acusan de criminal, narcotraficante y ahora prófugo de la cuestionada justicia mexicana.
No lo podía o no lo quería creer, pero las evidencias eran contundentes: se fugó el hombre más buscado por México y el propio gobierno de los Estados Unidos, después de la muerte de Osama Bin Laden, según una nota del diario británico “The Guardian”. Así de simple, la capturaron, lo encerraron poco más de un año y se les escabulló por un túnel de más de un kilómetro de longitud, un metro cuarenta de alto y con una moto con rieles para facilitar la movilidad del evadido. Cómo fue posible, quiénes están de tras de su fantástico escape, cuánto costó la organización y ejecución del plan que resultó maestro, a cuántos sobornó el señalado como el máximo narcotraficante mexicano de todos los tiempos, qué dicen, ocultan o niegan los agobiados funcionarios públicos responsables de la seguridad pública nacional; será que se les escapó o lo dejaron ir, será que quisieron pero no pudieron tenerlo recluido a pesar de estar en una de las cárceles consideradas de las más seguras del sistema penitenciario mexicano.
Este hombre de poco más de uno sesenta de estatura pudo más que todo el aparato de seguridad que se dice ha mejorado bastante desde la salida del presidente Calderón. El gobierno de los Estados Unidos creerá la versión oficial de los hechos; la Marina y el Ejército Mexicano estarán de acuerdo en lo dicho por la autoridad civil; fue un escape o una estrategia para combatir a otros cárteles de la droga. Todo es pregunta y las respuestas parecen estar detenidas en el penal de la corrupción política.
De la fuga del “Chapo” se sabe tanto como de la fuga de Caro Quintero; de la fuga del “Chapo” se sabe tanto como del asesinato de los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero; de la fuga del “Chapo” se sabe tanto como de los fusilados en Tlatlaya; de la fuga del “Chapo” se sabe tanto como de las jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua; y así podemos citar otros tantos ejemplos vigentes en la mente del colectivo ciudadano. La exigencia del señor Alejandro Martí: “si no pueden, renuncien” ha sido un fracaso; nadie le ha hecho caso. Al contrario, han surgido frases llenas de virtuosa retórica como “los momentos de crisis son para enfrentarlos”. Ni hablar, si los colombianos tiene a su Pablo, los mexicanos tenemos a nuestro “Chapo”, los dos señalados de crueldad extrema, agilidad mental sorprendente, de tener poder económico y fuerza armada capaz de competir con la autoridad misma, de tener relaciones políticas, muchas veces subordinadas a su liderazgo y, de contar con bases de apoyo social que ya quisiera cualquier candidato.
La crisis política y la debilidad que muestran las instituciones responsables de la seguridad pública y nacional son más que evidentes ante el escape del siglo del penal del Altiplano, nuestro Alcatraz mexiquense. No fueron los partidos ni sus líderes, tampoco fue una comisión de notables legisladores los que descubrieron las supuestas fallas del llamado penal de máxima seguridad y mucho menos los que descubrieron el cáncer que la red de corrupción ha tendido en todo el sistema penitenciario nacional. La fuga de Guzmán Loera ha obligado, contra su voluntad, a los políticos de la disciplinada oposición a decir algo en contra del gobierno en turno. Tanto silencio era sospechoso, por decir lo menos. Este hombre, al que señalan como el más fiero criminal del narcotráfico, ha sido el promotor para que algunos líderes partidistas se quiten la venda y la mordaza autoimpuesta por elección o por acuerdo. Aquí es donde surge la más dura de las preguntas al sistema de partidos del país: ¿Quién le hace o le ha hecho más daño a México: el cártel de los políticos o el cártel de Sinaloa que encabeza abierta y francamente el señor Guzmán Loera?.
El segundo ha dicho, como también lo expresaba Escobar, que es un criminal, que es un narcotraficante y que sabe el precio que tiene que pagar por sus actividades delictivas. Él es el jefe de su industria criminal, la cara visible de una empresa que genera millones de dólares y que también ha costado miles de vidas en México y en los lugares donde opera y distribuye su mercancía. Del lado del cártel de los políticos se oyen voces, se dicen muchas cosas, se generan nuevos ricos, el regidor que antes no tenía para comer hoy entra a lugares exclusivos, el diputado que antes era un hombre anónimo ahora es un personaje al que se le tiene que decir “señor”, el presidente municipal que antes vivía en la medianía ahora viaje en “bemes doble u” con chofer, escolta y ayudantes de no mal ver, y ni que decir del gobernador que ahora se siente con ganas de llegar a la grande, ese personaje que se mira al espejo y se contesta para sus adentros “porqué chingados no”.
Ninguno de ellos se siente perseguido por la ley que, paradójicamente, ellos representan y violan. En los diarios de mayor circulación del país se pueden leer declaraciones y ver entrevistas que reprueban la actuación de los responsables del penal del Altiplano, mejor conocido como La Palma, y de vociferar que no habrá impunidad, que los culpables acabarán en la cárcel. Es una lástima ver las múltiples facetas de nuestros políticos ante el fracaso institucional diseña por ellos mismos y ahora criticado por inoperante. La falla es de los funcionarios menores, del director del penal, de los custodios, pero nunca de los políticos del sistema que son los verdaderos creadores del modelo con pies de barro.
Cuando un político se ha visto vinculado con el narcotráfico se debe a filtraciones de la prensa, a juicios iniciados desde la autoridad judicial de los Estados Unidos, en particular por declaraciones de testigos protegidos, que en más de las veces son narcotraficantes o miembros de la delincuencia organizada que han sido extraditados. Así ha pasado con ex gobernadores, ex presidentes municipales y con ex presidentes de la República. Igual que en Colombia nada más que allá se llegó el punto crítico que fueron enjuiciados, más que por un acto de política interior, por la presión internacional ejercida desde el gobierno norteamericano. ¿Estaremos en ese nivel en México? o todavía tienen que pasar más cosas lamentables; ¿No es suficiente con las miles de muertes a cargo del crimen organizado?; ¿No es suficiente que la mayoría del territorio nacional esté bajo control de los distintos grupos de narcotraficantes?; ¿No es suficiente con lo que ha pasado y sigue pasando en Guerrero que en tres días, solo en Acapulco, sumaron 18 ejecuciones?; ¿No es suficiente con lo que pasa en Michoacán, donde la autoridad es prácticamente inoperante?; ¿No es suficiente con las violaciones a los derechos humanos de los migrantes que son acosados por los narcotraficantes para obligarlos a realizar tareas criminales?; ¿No es suficiente con los miles de asesinatos de mujeres en el territorio nacional, sin que se esclarezca un mínimo de esos actos criminales?.
Por lo visto, las agendas de los actores políticos en funciones de gobierno, de los partidos y sus dirigencias y el pleno de las cámaras legislativas son ajenas a la gravedad de la inseguridad y de la inconformidad social por tanto abuso y tanta corrupción. El punto no es si se fuga un preso, si este es el más despiadado o el más poderoso, el punto de fondo es el nivel de vulnerabilidad del aparato del Estado y de todo el sistema de justicia. Nada se resuelve acusando a los más débiles de la cadena de mando; lo cierto es que los responsables están en otro lado. Están en las altas esferas del poder político. Ese es el punto que se tiene que combatir, que se tiene que sanear y del que depende la salud institucional del país.
La fuga del “Chapo” abrió la oportunidad de un debate nacional sobre la crisis en el funcionamiento del sistema político. Si se quiere evitar un estallamiento social por hartazgo, por cansancio de tanta impunidad y tanta manipulación de los asuntos públicos, incluidas las elecciones, es impostergable combatir la corrupción en todos sus niveles, principalmente la corrupción política que todos sienten, pero que nadie ve.
