CIUDAD DE MÉXICO, Méx.- El Senado de la República aprobó los cambios realizados por la Cámara de Diputados a la minuta que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política y que establece a la Ciudad de México como un estado más de la República Mexicana con autonomía en su régimen interior y en su organización político-administrativa.
El proyecto de decreto fue aprobado con 74 votos a favor, 20 en contra y una abstención, y fue remitido a los congresos de los estados para sus efectos constitucionales.
En el documento se especifica que la colegisladora hizo tres modificaciones al proyecto enviado por los senadores; una de ellas, para sustituir la referencia al “salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México” por el concepto de “valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”, acorde a la reforma en materia de desindexación del salario.
Asimismo, para incluir que la fecha en que el Instituto Nacional Electoral (INE) expida la convocatoria para la elección de los integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, sea “a más tardar dentro de los siguientes 15 días a partir de la publicación” de este decreto.
También, respaldó la propuesta para que los ciudadanos que deseen ser candidatos independientes en la integración de la Asamblea Constituyente, tengan como plazo hasta que concluya el mes de marzo de 2016 para no encontrarse en el registro de algún partido político.
Al presentar el dictamen, el senador Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, explicó que se trata de adecuaciones que obedecen a una estricta armonización con otro decreto de modificaciones constitucionales que están en proceso.
De igual modo, precisó, estos cambios responden a adecuaciones necesarias por el paso del tiempo, con el propósito de evitar que se establezca un plazo de imposible cumplimiento.
El senador Mario Delgado Carrillo, presidente de la Comisión del Distrito Federal, anunció su voto en contra del proyecto, debido que se diseña un Constituyente bajo la lógica del control político; es decir, existe detrás un deseo por seguir influyendo en los destinos de la ciudad y no dejarla que decida libremente.
Señaló que el diseño de la Asamblea Constituyente tiene un doble propósito: cerrar la puerta a la ciudadanía y distorsionar artificialmente la distribución actual de las fuerzas políticas de la ciudad, mediante la designación directa de constituyentes por parte del Ejecutivo federal y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, el senador Alejandro Encinas propuso al Jefe de Gobierno del Distrito Federal que el proceso de elaboración de la iniciativa de Constitución Política, sea abierto, plural y permita la participación de ciudadanos y organizaciones civiles. “Espero que el Presidente le dé la misma celeridad a la aprobación de esta reforma en los congresos locales, como se le dio a la reforma energética”, comentó.
Emplazó al Presidente de la República y al Jefe de Gobierno a que incorporen el principio de igualdad de género en los seis constituyentes que les corresponde designar a cada uno; y que asuman que no serán una representación de ellos, sino una plural y de la sociedad.
Al fijar la postura del Grupo Parlamentario del PT, el senador Manuel Bartlett Díaz señaló que la propuesta para formar la Asamblea Constituyente tiene su origen en la Constitución mixta; ésta es medieval y beneficia a la oligarquía partidista.
Dicha Asamblea, advirtió, no es democrática y provocará una sobrerrepresentación del PRI, de aproximadamente 25 diputados, y será la primera fuerza en el Constituyente; lo que significa “la negación de la realidad política electoral en la Ciudad de México, donde el PRI no tiene representación”, señaló.
Por el Grupo Parlamentario del PRD, la senadora Dolores Padierna Luna aseveró que su bancada continuará demandando que se cumplan los derechos de los ciudadanos de la Ciudad de México.
Enfatizó que gracias a la reforma, la capital de la República logrará su autonomía política y administrativa y se igualará en derechos con el resto de las entidades del país; se mantiene como la capital de todos y, además, su aprobación es un buen mensaje para el conjunto del país.
