CIUDAD DE MÉXICO, Méx.- La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó elevar a rango constitucional el derecho a la movilidad y seguridad vial; también avaló reformas para que el Estado promueva el desarrollo integral de la juventud. En ambos casos, se faculta al Congreso de la Unión a expedir las leyes generales en la materia.
Los dos dictámenes aprobados en lo general y en lo particular, se refieren a las minutas enviadas por el Senado de la República. Se remitieron a la Mesa Directiva para que prosigan el proceso legislativo en el Pleno.
Previamente, se realizó un ajuste con relación al artículo 4º constitucional, en atención a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo del presente año en materia de bienestar y programas sociales.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), destacó la coincidencia con las consideraciones expuestas por la colegisladora, a fin de incorporar al texto constitucional el derecho a la movilidad de las y los mexicanos en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, a la vez que se incluye la protección al ambiente.
La presidenta de la Comisión señaló que el 59 por ciento de la población refiere que el precio del transporte público es caro, el 46 por ciento señala que está generalmente sucio y que el 62 por ciento de los usuarios indica que los choferes manejan mal.
Ante ello, dijo, resulta indispensable que el Poder Legislativo instrumente las medidas necesarias para garantizar el derecho a la movilidad de todas las personas, sin importar su clase, edad y grupo social.
En las reformas a los artículos 73, 115, 122 y cuarto de la Carta Magna, se indica que es necesario facultar al Congreso de la Unión a expedir la ley general que establezca la concurrencia del gobierno federal, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en materia de movilidad y seguridad vial.
Por otro lado, la Comisión avaló reformas a los artículos 4º y 73 constitucionales, para que el Estado promueva el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural.
La ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
Asimismo, el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General en materia de Personas Jóvenes, con el propósito de alentar la formación y desarrollo integral de la juventud.
La diputada Aleida Alavez Ruiz especificó la relevancia de aprobar la minuta remitida por el Senado de la República “para generar justicia cotidiana para las juventudes, especialmente en medio de la pandemia de Covid-19”.
Resulta imperativo tener una ley general que fije las bases y principios para articular acciones y políticas en beneficio de las juventudes, porque son una importante fuerza política, económica, social y cultural que propiciará la transformación del país, por lo que el Estado debe protegerlas dado que son vulnerables.
Participación de diputadas y diputados
Respecto al dictamen sobre movilidad y seguridad vial, a favor, la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, de MC, afirmó que esta reforma abre la puerta a proyectos estancados por la falta de facultades constitucionales. Respalda una nueva etapa del país para planear el desarrollo urbano, flujos comerciales, cadenas productivas, salud pública y desplazamientos seguros.
También de MC, la diputada Martha Tagle Martínez destacó la importancia de dicha reforma al reconocer la movilidad como un derecho en condiciones de calidad, seguridad, igualdad e inclusión, que implican el diseño de políticas públicas que refuercen por una legislación secundaria y recursos.
De Morena, el diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce sostuvo que el objetivo es transformar la planeación de las ciudades sin un criterio de mercado, lo que propicia condiciones más igualitarias de movilidad con mayor seguridad para los peatones. “Al convertirse en un derecho de los ciudadanos se vuelve una obligación del Estado”.
Por el PAN, el diputado José Elías Lixa Abimerhi afirmó que esta reforma “pone a la persona en el centro del desarrollo de las ciudades y la dignifica, y no a la movilidad de los vehículos”. Resaltó la necesidad de destinar presupuesto suficiente que respalde la política pública en esta materia.
Del PRI, la diputada María Alemán Muñoz Castillo destacó el esfuerzo de la sociedad civil para impulsar esta propuesta, porque es un avance en el reconocimiento de nuevos derechos como la movilidad. Garantizarlo a toda la población es uno de los retos que tienen los tres órdenes de gobierno para combatir la desigualdad social y alentar la inclusión con una visión integral, agregó.
La diputada del PRD, Verónica Beatriz Juárez Piña, apuntó que incorporar como derecho constitucional la movilidad en condiciones de seguridad vial tiene un papel vital, lo que permitirá el bienestar de la sociedad y coadyuvará a abatir las muertes en accidentes automovilísticos.
La diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del PT, reconoció el compromiso de las y los legisladores para aprobar leyes que beneficien a la ciudadanía, además de dar la certeza de que el derecho a la movilidad con seguridad vial sea una realidad.
Un gran paso en la defensa de derechos de la juventud
La presidenta de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (Morena), sostuvo que el dictamen es un gran paso en la defensa de los derechos de la juventud y demuestra el compromiso y prioridad que tiene el Poder Legislativo.
El diputado de Encuentro Social, Edgar Guzmán Valdez, resaltó que se abre paso a legislar un tema de vital importancia, al ser las personas jóvenes un sector esencial en la economía del país. La ley general de las juventudes establecerá una política transexenal para visibilizarlas y atender sus necesidades.
De Morena, el diputado Alejandro Viedma Velázquez dijo que se da un paso histórico para reconocer plenamente a las juventudes en México. Más allá de lo jurídico, significa asumir que esta población es un relevo generacional para formular soluciones y escuchar a quienes piden oportunidades.
