TOLUCA, Méx.- Establecer las bases para la prevención, atención y combate del delito de secuestro, para preservar la vida y restituir la libertad de las víctimas, proteger su integridad física y psicológica y la de sus familiares, así como detener y sancionar a los culpables para que este delito no quede impune, son propósitos de la Ley para Prevenir, Atender y Combatir el Delito de Secuestro en el Estado de México.
En reunión de trabajo que presidió el diputado Raymundo Martínez Carbajal (PRI), las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia también avalaron modificar la integración de la Comisión Rectora de la Administración de Bienes Asegurados, Embargados, Abandonados, Decomisados o de Extinción de Dominio, así como actualizar los requisitos de preliberación condicionada al uso de localización y rastreo (con brazaletes electrónicos) para delincuentes primarios.
Respecto a la nueva ley, establece la creación de un Consejo presidido por el Ejecutivo como órgano de consulta, colaboración, concurrencia y apoyo interinstitucional para la prevención, atención y combate de este delito.
Precisa que las autoridades responsables del cumplimiento de la ley, es decir, dependencias, organismos autónomos y ayuntamientos, deberán velar en todo momento por el respeto de los derechos humanos de las víctimas y ofendidos, y porque se les otorguen las medidas de protección y apoyo previstas en la Ley General y demás normas aplicables.
En este punto, los diputados Jorge Omar Velázquez Ruíz (PRI), Juana Bonilla Jaime (PRD), Brenda Alvarado Sánchez (PRI) y Raymundo Guzmán Corroviñas (PAN) coincidieron en los perjuicios de este delito para los mexiquenses, por lo que expresaron su beneplácito por la iniciativa del mandatario estatal.
El legislador Omar Velázquez señaló que los representantes populares “tenemos la obligación de crear los mecanismos y marco jurídico adecuados para detener y sancionar a quienes lucran con el dolor de las familias y para inhibir la comisión de este delito”, y su compañera de bancada, Brenda Alvarado Sánchez, resaltó que las acciones del Ejecutivo en este tema han sido contundentes, para lo cual, consideró, era imprescindible un marco jurídico.
Por el PRD, la legisladora Juana Bonilla Jaime dijo que su grupo parlamentario ve “con bueno ojos” la iniciativa, al tiempo que resaltó la coordinación interinstitucional que establece, aunque hace falta un banco de datos estatal y municipal “que dé cuenta de un diagnóstico sobre este delito”. En su oportunidad, Guzmán Corroviñas (PAN) convocó a sus compañeros legisladores a valorar la política de sanciones contra este delito.
ACTUALIZAR REQUISITOS DE PRELIBERACIÓN CON BRAZALETES ELECTRÓNICOS
A fin de que más primodelincuentes accedan al beneficio de libertad condicional bajo el sistema de monitoreo por medio de brazaletes electrónicos, facilitando así su reinserción a la sociedad y a disminuir la sobrepoblación de los penales, ambas comisiones avalaron las reformas a los códigos Penal y de Procedimientos Penales, propuestas por el titular del Ejecutivo mexiquense.
De acuerdo con el dictamen, dicho beneficio será posible una vez que hayan pagado la multa impuesta y reparado el daño, y quede garantizada la seguridad de la víctima y de los testigos que depusieron en su contra. Advierte, además, que “a quien se le revoque este beneficio, no volverá a gozar del mismo por cualquier otro delito”.
Asimismo, puntualiza que el Patronato de Ayuda para la Prevención y Readaptación Social o alguna persona con reconocida solvencia moral y arraigo, se obligue a supervisar y cuidar que el beneficiado cumpla con las condiciones impuestas al momento de su preliberación, la cual deberá residir en la misma localidad a la que se integrará el beneficiado y que este compruebe fehacientemente contar en el exterior con un ofrecimiento de trabajo, un oficio, arte o profesión que le permita tener ingresos, o exhiba las constancias que acrediten que continuará estudiando.
A propuesta del diputado Raymundo Guzmán, se adicionó el artículo 117 del Código Penal para establecer que en caso de que un servidor público propicie o auxilie el abandono del sentenciado del perímetro permitido, o que le ayude en su intento de abandonarlo, la pena se incrementará hasta en un tercio con independencia de las sanciones administrativas que correspondan.
El diputado votó en contra del dictamen en lo general, por considerar que legislar sobre sanciones para este delito es una facultad del Congreso de la Unión, y que ya se prevén en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En tanto, la diputada María Mercedes Colín Guadarrama (PRI) indicó que las reformas propuestas por el gobernador contribuyen a una reinserción social efectiva, pues si bien hay nuevos requisitos, son más flexibles, lo que permitirá su cumplimiento y una conducta más pacífica de los beneficiados.
Por su parte, la legisladora Juana Bonilla apuntó que las reformas fueron ampliamente discutidas y enriquecidas con las aportaciones de los grupos parlamentarios, lo cual permitirá depurar al sistema penitenciario, en tanto, el coordinador parlamentario de Morena, José Francisco Vázquez Rodríguez, se pronunció a favor, porque beneficia a “la clase más desprotegida en los reclusorios”, y “si ayudamos a un mexiquense, estamos legislando”.
APRUEBAN MODIFICAR INTEGRACIÓN DE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
Las comisiones también aprobaron el dictamen a la iniciativa que reforma la Ley para la Administración de Bienes Vinculados al Procedimiento Penal y a la Extinción de Dominio, con el objetivo de que la Comisión Rectora de la Administración de Bienes Asegurados, Embargados, Abandonados, Decomisados o de Extinción de Dominio sea presidida por el secretario General de Gobierno.
También crea el Instituto de Administración de Bienes vinculados al Procedimiento Penal y a la Extinción de Dominio del Estado de México, como un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno con autonomía técnica y de gestión.
En este punto, el congresista José Antonio López Lozano (PRD) consideró que no se justifica la transferencia de esta instancia, de la Secretaría de Finanzas a la General de Gobierno, mientras que Roberto Sánchez Campos (PRI) destacó que dichas reformas fortalecen a las instituciones.
