TLALNEPANTLA, MÉX.- Con total abuso de autoridad y violando ordenamientos legales emitidos por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, funcionarios del gobierno municipal de Arturo Ugalde Meneses despojaron de su fuente de trabajo a vendedores de alimentos en esta ciudad.
Así lo denunció Ignacio González Gutiérrez, quien precisó que el pasado 18 de febrero del año en curso, decenas de policías municipales escoltaron a inspectores de vía pública que retiraron varios puestos semifijos de colonias como Viveros del Valle y Valle Dorado, violando los derechos de trabajadores y pequeños empresarios a ejercer un trabajo digno.
Y detalló que en tal acción autoritaria, participaron los inspectores José Luís Ugalde Briseño, Raúl González Ríos, José Luís Ugalde González, entre otros, quienes amparados en la protección de su jefe, Luís Alberto Gama Ugalde, Subdirector de Abasto y Comercio de esta localidad, cometieron abusos de autoridad y la violación a un ordenamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Los afectados denunciaron que tal arbitrariedad, además de despojar de su fuente de trabajo a varias decenas de personas, viola el acuerdo de no acción emitido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, bajo el expediente 80/79, donde se precisa que el estado actual de las cosas, es decir la operación regular de los puestos, debe continuar hasta en tanto no se resuelva lo contrario.
Ignacio González detalló que dicho acuerdo, signado por el licenciado Armando Hurtado García, Secretario de Acuerdos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, precisa que será hasta el 14 de marzo del presente 2011 en que se tome la resolución de quitar o dejar la permanencia definitiva de los puestos.
Por tales hechos, los afectados presentaran en los próximos días una denuncia penal por abuso de autoridad, afectaciones, así como el desacato administrativo cometido contra el ordenamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra las autoridades involucradas, el cual mandata resguardar en el estado actual las cosas hasta el 18 de marzo de 2011, fecha en que se dicte una sentencia favorable o contraria a la operación regular de los puestos ya eliminados.
