TLALNEPANTLA, Mèx.- La corrupción y abuso de autoridad ha aumentado al doble en el gobierno de Arturo Ugalde Meneses, con respecto a la administración anterior, al grado que el número de quejas de la ciudadanía ha pasado de 736 en 2008 a más de mil 500 en 2010, principalmente contra agentes de tránsito y seguridad pública acusados de extorsión.
Así lo denunció Gustavo Ávila Benitez Presidente del Frente Común Contra la Corrupción en Tlalnepantla de Baz, quien destacó que tal aumento en las quejas ciudadanas, se debe a la operación del servicio de grúas, concesionado por el gobierno local a la empresa Transperc, S.A. de C.V. cuya erogación del ayuntamiento llega hasta siete millones de pesos por tres meses.
Ávila Benitez precisó que el número de quejas que existen en la Contraloría Interna contra funcionarios del gobierno local se ha elevado en el gobierno de Ugalde Meneses, al grado que más de mil 094 quejas de enero a octubre de2010 se han presentado contra uniformados de tránsito y seguridad púbica municipal acusados de extorsionar a automovilistas.Y agregó que tales casos de exigencia de “dadivas” y “mordidas” se dan en el contexto de los “levantones” arbitrarios que cometen las grúas concesionadas a la empresa Transperc, “las cuales se llevan vehículos estacionados en vialidades de Tlalnepantla, donde se carece de señalización que indique la prohibición del aparcado, confusión que aprovechan los “grulleros” para llevarse la unidad, incluso contra la voluntad del conductor y con éste aún dentro del vehículo, llegando a la desfachatez de llevarse a mujeres embarazadas en su mismo vehículo”.
El Presidente del Frente Común Contra la Corrupción en Tlalnepantla de Baz indicó que tales anomalías en el servicio de grúas son solapadas por el alcalde Ugalde Meneses, quien misteriosamente adjudicó el contrato de renta de grúas a la empresa Transperc a la cual se le paga hasta siete millones de pesos cada tres meses, a través de una adjudicación directa, sin que haya existido concurso de por medio, a pesar de no ser un servicio vital para la administración pública, pero sobre todo cometiendo diversas anomalías e incluso delitos, al momento que las grúas particulares están haciendo uso de los logotipos y son rotuladas como un vehículo oficial de la administración pública.
Ávila Benitez destacó que tales anomalías se suman a que las grúas, al no ser vehículos oficiales, operadas por conductores particulares, al levantar los vehículos sin que haya una infracción de por medio por parte de un agente de tránsito municipal, lo único que buscan es obtener dinero de parte del conductor, en caso contrario se llevan el vehículo sin mediar palabra, cometiendo actos constitutivos de delito, por lo que denunciarán tales anomalías ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, para que se regrese el dinero de las “multas” a los afectados.
