VALLE DE MÉXICO.- Luchadores sociales de diversos municipios del estado de México coincidieron en señalar que a 101 años de iniciada la Revolución Mexicana, el régimen de privilegios y desigualdad social siguen presentes en el país, por lo que la sociedad debe participar en la transformación de ese estado de subdesarrollo y estancamiento democrático.
Christian Saucedo García, octavo regidor del Ayuntamiento de Nicolás Romero destacó que la marginación de servicios básicos es un lastre que padecen miles de comunidades en el estado de México, desigualdad que es aprovechada por el partido en el poder para cooptar voluntades y votos a través del condicionamiento de obra pública y apoyos sociales, con el objetivo de perpetuarse en el poder.
Para Gustavo Ávila Benítez, presidente del Frente Común Contra la Corrupción en Tlalnepantla de Baz, la discriminación, el autoritarismo y la impunidad siguen impidiendo el progreso nacional y la consolidación de una verdadera sociedad democrática, por lo que urgió a los ciudadanos a participar de forma activa en la denuncia de arbitrariedades y corruptelas de los gobernantes.
Por su parte, René Sánchez Zuppa, dirigente juvenil del PRD en Tepotzotlán, los partidos políticos no han logrado acabar con el régimen de impunidad y corrupción que afecta el desarrollo nacional, por lo que debe ser la sociedad organizada la que a través de la participación activa tome las riendas de los institutos políticos y las instituciones del poder público.
Por último, el sociólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana Luís Enrique Reyes Elivar destacó que la Revolución Mexicana quitó del poder a una dictadura, pero los partidos políticos son herederos de esa concentración del poder, haciendo a un lado las necesidades de la sociedad, por lo que los ciudadanos deben participar y urgir a los políticos a la apertura de los espacios en la toma de decisiones del gobierno, la legalidad de las candidaturas ciudadanas, así como la habilitación del plebiscito, revocación del mandato y eliminación del fuero constitucional para gobernante, legisladores y magistrados del país.
