CIUDAD DE MÉXICO, Méx.- La Cámara de Diputados aprobó con 366 votos a favor, uno en contra y 54 abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, para impulsar el crecimiento económico sostenible, sustentable y equilibrado de las regiones del país con mayores rezagos en desarrollo social, mediante inversión, productividad, competitividad, empleo y mejor distribución del ingreso.
Al fundamentar el dictamen –enviado al Senado de la República para efectos constitucionales— el presidente de la Comisión de Economía, diputado Jorge Enrique Dávila Flores (PRI), refirió que la iniciativa enviada por el Presidente de la República el 29 de septiembre de este año, crea un marco jurídico que contribuye a abatir la desigualdad y cerrar las brechas de desarrollo de las regiones más pobres, como el sur-sureste del país, uno de los desafíos más importantes de México.
“Las Zonas Económicas Especiales no son una solución definitiva a todos los problemas de desigualdad entre regiones de nuestro país, pero sí puedo asegurar que son un planteamiento serio e innovador que busca incorporar experiencias internacionales exitosas para detonar el desarrollo regional y generar condiciones de igualdad y progreso para millones de mexicanos”.
Se configura jurídicamente a las Zonas como áreas en las cuales los inversionistas que reciban autorización para instalarse en ellas, puedan realizar actividades de manufactura, procesamiento, transformación y almacenamiento; prestación de servicios de soporte a esas actividades y de otras que se consideren necesarias.
Se prevé que estas regiones económicas sean prioritarias para el desarrollo nacional, por lo que el Estado deberá promover las condiciones e incentivos que, con la participación del sector privado, contribuyan al desarrollo económico y social de los lugares donde se ubiquen, a través de una política industrial sustentable con vertientes sectoriales y regionales.
Se propone establecerlas como una política dirigida a focalizar en espacios geográficos definidos, los esfuerzos de los sectores público y privado, en acciones que impulsen el desarrollo de actividades económicas de alta productividad en los estados más rezagados del país.
Las Zonas Económicas Especiales deberán tener una ubicación geográfica estratégica para aprovechar su potencial productivo y logístico; se sujetarán a un régimen especial de estímulos e incentivos económicos y administrativos a favor de empresas o inversionistas que propicien actividades productivas con ventajas comparativas y vocación productiva de cada área.
Se plantea la existencia de un administrador integral, público o privado, que deberá construir, desarrollar, administrar y mantener los sistemas y servicios de urbanización, electricidad, agua potable, drenaje, tratamiento de aguas residuales, saneamiento, telecomunicaciones y seguridad de la Zona.
Dávila Flores indicó que la Comisión a su cargo, modificó la propuesta original para precisar diversos aspectos y mejorar el régimen jurídico de operación de las Zonas y sus áreas de influencia.
También se cambió la naturaleza del Consejo Consultivo para constituirlo como órgano técnico de seguimiento permanente de la operación de la Zona Económica y se incorporó la participación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CONADEPI).
Sobre el permiso a sociedades mercantiles constituidas para construir, desarrollar, administrar y mantener una Zona Económica Especial, se propone que sea de 40 años, prorrogables una vez hasta por otros 40.
A fin de que el Congreso de la Unión tenga una participación activa en la evaluación, constitución y desarrollo de dichas zonas, se establece un mecanismo para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se le brinde información puntual de manera periódica. Además, la Comisión Intersecretarial deberá invitar a sus sesiones a un representante de cada Cámara.
