CIUDAD DE MÉXICO, Méx.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen que expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, cuya finalidad será establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria que rijan a los estados y ayuntamientos, así como a sus respectivos entes públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.
Con 325 votos a favor, uno en contra y 34 abstenciones, se avaló en lo general el dictamen a la iniciativa del Ejecutivo federal, que también reforma diversas disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental, y plantea que las entidades, municipios y entes públicos administrarán sus recursos con racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.
Contempla que los estados incluyan en sus Presupuestos de Egresos reservas por un monto de, al menos, 10 por ciento de la aportación realizada por el estado a la reconstrucción de su infraestructura dañada durante los últimos cinco años, para atender contingencias por desastres naturales o causas fortuitas, así como para llevar acciones para prevenir y mitigar su impacto en las finanzas públicas.
Los entes públicos no podrán contraer, directa o indirectamente, financiamientos u obligaciones con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, ni cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional, añade el documento enviado al Senado de la Repúblicas para sus efectos constitucionales.
Únicamente, podrán contraer obligaciones o financiamiento cuando se destinen a Inversiones públicas productivas y a refinanciamiento o reestructura, incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de dichas obligaciones y financiamientos, así como las reservas que deban constituirse en relación con las mismas.
Al fundamentar el dictamen, el secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado Herminio Corral Estrada (PAN), expresó que este dictamen establece un marco que genera reglas en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, para garantizar el manejo sostenible de las finanzas públicas, de las entidades federativas y los municipios.
Crea reglas para el correcto uso de los recursos públicos en el ámbito local, de manera análoga a lo mandatado para el gobierno federal por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y sienta las bases generales para que los entes puedan incurrir en endeudamiento responsable, señalando los límites de afectación, de participaciones y las modalidades de contratación de empréstitos y obligaciones.
Incluye un registro público único de deuda, que deberá contener todos los empréstitos u obligaciones de los entes públicos, detallando como mínimo la información relativa al deudor, al acreedor, el monto, la tasa de interés, el plazo, el tipo de garantía o fuente de pago, así como los que se determinen necesarios para fortalecer la transparencia.
Corral Estrada precisó que el gobierno federal podrá otorgar su garantía a los estados y municipios que deseen celebrar un convenio, en el cual se establecerán las estrategias de ajuste para fortalecer sus finanzas públicas. El aval federal reducirá el costo de financiamiento para las entidades y los ayuntamientos.
Prevé una comisión bicameral para dar seguimiento puntual al endeudamiento de los estados y municipios que cuente con la garantía federal. Dicho órgano analizará y revisará los convenios, teniendo la facultad de emitir las observaciones pertinentes.
Además, establece un sistema de alertas para medir el endeudamiento, que constituirá un instrumento clave para dar seguimiento al uso de los recursos provenientes de financiamiento e instaurará un techo de financiamiento autorizado a todo ente público.
Indicó que se respeta la transparencia y rendición de cuentas de los recursos de los estados y municipios; por ello, se precisa que todo ente público tendrá la obligación de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y de sus obligaciones de pago en un registro público único de deuda de manera oportuna, pero también de manera transparente.
El registro será público y estará a disposición de cualquier ciudadano a través del portal de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se establece la obligatoriedad para que las legislaturas locales cuenten con entidades estatales de fiscalización y fija sanciones a los servidores públicos del manejo indebido de los recursos y de la deuda pública.
Herminio Corral mencionó que con las nuevas obligaciones que se incluyen en este nuevo ordenamiento, los estados y municipios manejarán de forma eficiente sus recursos para destinarlos a proyectos productivos en beneficio de los ciudadanos.
También se señalan los requisitos necesarios para que las entidades federativas contraten obligaciones, destacando la obligación de requerir el voto de dos terceras partes de los congresos locales, previo análisis del destino y capacidad de pago.
Relató que en relación con las obligaciones de corto plazo, éstas se podrían usar para cubrir necesidades de liquidez, pero se señala que ellos no podrán representar más del 6 por ciento de los ingresos totales. Se regulan las obligaciones bajo un esquema bursátil, siendo necesario compararlos con un esquema de financiamiento bancario.
El endeudamiento, destacó, es una forma de financiamiento que hace posible realizar proyectos, que con los ingresos propios u ordinarios no pueden lograrse, “aunque es obvio que si no existe una adecuada planeación o se presenta una mala administración puede producir consecuencias lesivas en las finanzas de los estados y municipios”.
En síntesis, se busca generar condiciones más adecuadas para que las obligaciones y empréstitos contratados por los estados y municipios estén encaminados al interés colectivo, generando directa e indirectamente beneficios en favor de la sociedad que impulsen el crecimiento de la economía de los respectivos entes públicos y que, en su caso, permitan la generación de ingresos con los que se pueda amortizar los créditos contraídos dentro de los plazos pactados y que redunde en el uso responsable del endeudamiento público a costos más bajos.
En los posicionamientos, el diputado Gonzalo Guízar Valladares (Encuentro Social) dijo que hoy se fortalece la transparencia y la rendición de cuentas. “No más despilfarro en las finanzas públicas. Que declaren la deuda bancaria y sus empréstitos. No puede haber doble contabilidad gubernamental en un tema tan sensible para la sociedad”.
Precisó que “al dictamen le falta contundencia en las sanciones para los responsables, ya sean presidentes municipales o gobernadores”. Indicó que si esta deuda pública sirve para mejorar, se debe autorizar; sin embargo, expuso que en materia de rendición de cuentas es indispensable el control y que el ciudadano tenga la veracidad de la información financiera del gobierno que eligió a través del voto.
De Nueva Alianza, el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza puntualizó que con la medida que establece que al existir ingresos excedentes se destine por lo menos un 50 por ciento al pago de deuda pública, el 50 por ciento restante podrá consignar al gasto en inversión pública productiva o a la creación de un fondo, cuyo objetivo sea compensar la caída de ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes, lo que dotará a las haciendas municipales de estabilidad financiera.
Recordó que las finanzas públicas son el pilar fundamental para desarrollar la economía nacional, tanto a nivel federal como en los estados y los municipios. “Regular un endeudamiento responsable y sustentable que permita detonar el desarrollo de inversiones, es una prioridad. Consideramos vital que las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos de los municipios sean congruentes con los Criterios Generales de Política Económica”.
El diputado Carlos Lomelí Bolaños (Movimiento Ciudadano) mencionó que esta nueva ley obligará a los niveles de gobierno, conducirse bajo los criterios y reglas que aseguren una gestión responsable y equilibrada de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y la estabilidad del sistema bancario.
Cuando existen reglas claras, añadió, la fiscalización sobre los entes públicos, así como la transparencia y la rendición de cuentas se vuelven más accesibles y generan un escenario de confianza entre los ciudadanos hacia las instituciones. “Ahora, solo resta que las autoridades estatales y municipales sean conscientes de que la época en donde se podía manejar los recursos de los ciudadanos a su libre albedrío, derrochándolo para sus propios intereses y no los de la colectividad, han quedado atrás”.
Vidal Llerenas Morales, diputado de Morena, resaltó que de 2001 a la fecha el endeudamiento de las entidades federativas solamente ha crecido alrededor de 350 mil millones de pesos, pero el del gobierno federal en más de cuatro billones de pesos. Es decir, el problema de la deuda pública federal es 10 veces más grave que el de estados y los municipios.
“Lo que ahora estamos haciendo es poner en los estados y municipios restricciones que no tiene el gobierno federal. Esta es una legislación que sí va a ayudar a detener los abusos de los estados y los municipios, pero que no pone el dedo en la llaga en donde sí es el principal problema de finanzas públicas. No echemos la culpa a las entidades federativas de un problema macroeconómico”, añadió.
Por el PVEM, la diputada Adriana Sarur Torre dijo que este dictamen arroja importantes beneficios para la transparencia, ya que se consigna el deber de estados y municipios de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de manera oportuna y transparente, en un registro público donde todos los movimientos y financiamientos se concentrarán, para así diagnosticar de mejor manera las condiciones financieras de los estados.
Además, plantea la creación de una comisión bicameral legislativa para analizar la estrategia de ajuste que están llevando a cabo las finanzas públicas en los estados y municipios, para examinar cómo se están conduciendo estos gobiernos y cómo una gestión responsable y equilibrada de sus finanzas públicas puede atraer mayores resultados, indicó.
Waldo Fernández González, diputado del PRD, señaló que con este marco jurídico se permitirá homologar el manejo de las finanzas públicas en su conjunto y el uso responsable de endeudamiento. Para ello, se creó un sistema de alertas, de servicio de la deuda y de las condiciones de liquidez, el cual permitirá una detección oportuna del riesgo de los entes públicos.
Para la contratación de financiamientos y obligaciones bajo principios de transparencia y eficiencia, agregó, se realizará al menor costo financiero y los recursos se destinarán a inversión pública.
La diputada Minerva Hernández Ramos (PAN) aseguró que la ley propuesta establece principios de transparencia financiera, de balance presupuestario, control del crédito público, publicidad de los niveles de endeudamiento, rendición de cuentas de los entes obligados ante las legislaturas locales y, en casos específicos en que estos tengan elevados niveles de deuda, de rendición de cuentas ante el Congreso de la Unión.
Con esta ley, añadió, se abre la puerta a la transparencia para que a través de un Registro Público Único se inscriban la totalidad de financiamientos y obligaciones contratados por las entidades federativas y los municipios, y no solamente aquellas que tengan como garantía o fuente de pago las participaciones o aportaciones federales.
A su vez, el diputado priista Yerico Abramo Masso explicó que el objetivo de esta nueva ley es establecer una regulación en materia de responsabilidad hacendaria que permita a las entidades federativas y municipios conducirse bajo criterios y reglas que aseguren una gestión responsable y equilibrada de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y la estabilidad del sistema financiero.
Dijo que permitirá homologar el manejo de las finanzas públicas en su conjunto y el uso responsable del endeudamiento como instrumento para financiar el desarrollo de nuestro país. Con la aprobación de este dictamen, afirmó, se aportan mayores elementos para una administración pública estatal y municipal más transparente y con mayor eficiencia en el manejo de los recursos públicos.
En la discusión, el diputado Juan Romero Tenorio (Morena) estimó que la propuesta es loable, pero tiene inconsistencias, y el estado que se quiera oponer a esta ley, “encontrará una puerta a través de una controversia constitucional. La ley va más allá de lo que la propia Constitución determina como atribución de este Congreso”.
