TLALNEPANTLA, Méx. Un gran “Big Brother” se teje en municipios del valle de México, donde son instaladas cámaras de videovigilancia en las principales vialidades para detectar e inhibir la comisión de delitos, estrategia cuestionada por expertos en seguridad, que consideran que dicha tecnología es costosa y poco efectiva.
Tlalnepantla, Naucalpan, Huixquilucan, Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec y Nezahualcóyotl, entre otros municipios, cuentan con sofisticados sistemas de monitoreo en calles y sitios estratégicos, los cuales en ocasiones han fallado y no permitieron aclarar hechos delictivos cometidos casi frente a alguna de las cámaras de video.
La instalación de los llamados C-4 (Centro de Comunicación, Control, Cómputo y Comando) se puso de moda en el estado de México, sobre todo porque tales sistemas se implementan con recursos del Fondo Metropolitano y del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun).
El Subsemun es una aportación financiera del gobierno federal destinada exclusivamente a la profesionalización, equipamiento e infraestructura de las instituciones de seguridad pública de los municipios.
Este año 220 municipios del país fueron beneficiados con el Subsemun, de los cuales 25 son del estado de México, aunque por problemas administrativos se retrasó la entrega de la segunda parte de los recursos a algunos ayuntamientos, entre ellos Naucalpan.
RED DE VIDEOVIGILANCIA
David Garay Maldonado, ex comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) durante el último tramo de la gestión del gobernador Enrique Peña Nieto, impulsó la instalación en los municipios de los llamados C-4, que estarían coordinados por la dependencia por medio de un Centro de Mando y Comunicación.
En marzo de este año estaban instaladas 908 videocámaras en 16 municipios del valle de México, donde se contempla la instalación de un total de dos mil cámaras, sobre todo en zonas limítrofes con el Distrito Federal.
El proyecto de contar con una red de videovigilancia en el valle de México data de hace por lo menos cuatro años, cuando sólo algunos de los municipios más grandes, como Cuautitlán Izcalli o Naucalpan, tenían esta tecnología, poco a poco adoptada por más municipios conurbados a la capital del país.
Atizapán es el municipio que de manera más reciente puso en marcha su C-4, con 240 videocámaras.
En mazo pasado lo hizo Tlalnepantla, con 250 cámaras de video, cuyo alcalde Arturo Ugalde Meneses se comprometió entonces a que el municipio sería el más seguro de la entidad en un plazo de tres meses, lo que no cumplió y en los últimos días esta localidad ha sido escenario de más de una docena de ejecuciones, con todo y su videovigilancia.
El anterior gobierno municipal de Atizapán, que encabezó el ex alcalde panista Gonzalo Alarcón Bárcena, puso en funcionamiento 38 videocámaras con inversión de 47 millones de pesos, equipo que era arrendado; ahora, el actual presidente municipal, David Castañeda Delgado, volvió a instalar equipo similar, con 240 aparatos y costo de 90 millones de pesos, operado por al empresa privada Seguritech, que también se hace cargo de centros de monitoreo en Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca y Tecámac.
Naucalpan tiene 124 videocámaras, Huixquilucan 50 y Ecatepec 42.
TECNOLOGÍA CARA Y POCO EFECTIVA
María Isabel Gutiérrez, directora del Instituto Cisalva de la Universidad del Valle de Cali Colombia, aseguró que la videoviglancia es costosa y no garantiza efectividad para disminuir los índices delictivos, además de que la tecnología se convierte en obsoleta rápidamente y requiere de nuevas inversiones constantemente.
“Es una medida costosa, ya se ha evaluado en varias partes del mundo, inclusive en Estados Unidos. Si ustedes miran en este momento en la ciudad de Miami están recogiendo inclusive las cámaras de los semáforos, porque son muy altas costo-efectivos, o sea es muy costoso mantenerlas, la tecnología cambia constantemente y para mantener una tecnología de punta se necesitan muchos recursos”, explicó.
Agregó: “Pueden ser necesarias en un momento dado, pero creo que en las carreteras es mucho más difícil. Se pueden mirar otras posibilidades de políticas, no tan de tipo choque, sino mirar realmente por qué la sociedad se va hacia esas prácticas, digamos poco aceptables de mercadear con cualquiera cosa ilegal, de tener la cultura de la ilegalidad, y lo que hay que incentivar es efectivamente posiciones positivas que logren en una comunidad resaltar éstas y así habría menos personas pensando en meterse en lo ilegal”.
María Isabel Gutiérrez enfatizó que la videovigilancia tiene pros y contras, aunque en diversos sitios del mundo esta tecnología se dejó de usar y “para poder tener digamos a todo el mundo monitoreado se necesitaría mucha plata”.
Aseveró que es importante la seguridad ciudadana, pero no entendida como parte de choque, sino de manera integral para alejar a las personas de las conductas ilícitas.
“¿Qué hay que hacer? Colombia lo hizo: Mirar un poco, obviamente con control, con medidas de seguridad ciudadana, con medidas positivas, con una alianza con los medios para incentivar lo positivo, porque a veces el hablar y el hablar de lo negativo lo que genera es una desesperanza, pero siempre afortunadamente hay un lado positivo al final de la situación”, apuntó.
FALLAS EN EL EQUIPO
El 7 de diciembre del 2004 fue hallado en Huixquilucan el cadáver de Enrique Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. El cuerpo estaba en el interior de un vehículo abandonado en Ampliación Tecmachalco.
A pesar de la cercanía de una de las cámaras de videovigilancia de este municipio, el aparato captó solamente imágenes de vehículos en movimiento, pero no proporcionó mayores indicios para la investigación sobre la muerte de Enrique Salinas de Gortari.
El 9 de febrero del 2011 se registró una persecución policiaca de Atizapán a Tlalnepantla, que concluyó en el fraccionamiento Jacarandas de este último municipio, donde delincuentes que antes asesinaron a personas se atrincheraron en dos domicilios de esta última localidad.
El hecho se suscitó en los límites de Atizapán y Tlalnepantla, y a pesar de que frente al número 16 de Camino Real de Calacoaya, en Atizapan, se ubicaba una de las videocámaras, ésta no servía.
Bajo la cámara pasaron corriendo los hombres armados y los policías, pero el aparato no captó nada, pues no funcionaba. Al día siguiente el dispositivo fue revisado por trabajadores municipales, quienes se percataron que no estaba en funcionamiento.
El pasado 15 de agosto el cuerpo de un hombre decapitado fue colgado de un puente en Huixquilucan, asesinato que se atribuyó la organización delictiva La Mano con Ojos, en hechos que tampoco quedaron registrados por la cámara de videovigilancia localizada en el lugar.
El entonces comisionado de la ASE, David Garay Maldonado, aseguró que investigaría en torno al no funcionamiento de la cámara, aunque posteriormente informó que hubo una falla eléctrica, no atribuible a los operadores del sistema de monitoreo.
Durante este año poco a poco irá creciendo la red de videovigilancia, como un gran “Big Brother” a la caza de personas que cometan delitos en el valle de México.
