El que calla otorga. Así es el silencio cómplice de López Obrador en torno a la intentona de ampliar el período de gobierno del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla.
Atentando cínico y descarado contra la constitución y contra el mandato ciudadano, manifestado en las urnas el pasado 1ro de junio, por parte de la transformación de 4ta., representada por los legisladores de morena y legisladores mercenarios de otras extracciones, en el Congreso local, y atizada “por debajo del agua” por el polémico personaje que ha dado sus visos de hampón; ya que, Jaime Bonilla, valiéndole el fondo y la forma, busca pasarse por el arco del triunfo toda legalidad.
Mientras, López Obrador, quien no se cansa de repetir que en su 4ta. transformación “nadie estará al margen de la ley, ni por encima de ella”, en este caso hace mutis y no fija posición respecto al espectáculo tan vergonzoso y tan condenado por la sociedad civil.
Y es que, nadie con sentido común puede negar que el acto cometido por los diputados locales, que votaron a favor de regalarle a Jaime Bonilla una ampliación de mandato de dos a cinco años, deriva de un evidente acto de corrupción, bien orquestado por el aun gobernador electo, a cambio de beneficios económicos y ofrecimiento de cargos públicos, en el próximo gobierno morenista.
Las evasivas de López Obrador, para no tocar el tema o no manifestar alguna acción de anticonstitucionalidad en contra de los actos cometidos por el Congreso Local, también dan otras señales:
Primero, que Jaime Bonilla no es cualquier político dentro de Morena, como casi todas las candidaturas en aquel partido, el primer elector en Morena es el dedo dictatorial de López Obrador, el cual privilegia a amigos, incondicionales y mecenas, a las principales candidaturas de los estados y Jaime Bonilla es uno de sus mejores amigos y cómplices, en temas de financiamiento de campañas;
Segundo, no cabe duda de que Jaime Bonilla ha comprado la estima y los favores de López Obrador, lo que implica su ascenso meteórico en la política mexicana, después de militar en el Partido Republicano en Estados Unidos, logrando ser diputado federal, senador y, ahora, gobernador electo de baja California; y
Tercero, el experimento de Baja California es un cáliz para tantear el terreno y las tentaciones de perpetuarse en el poder, por parte de López Obrador.
No sólo basta con firmar ante notario público una carta compromiso de no reelección -ya que lo mismo hizo Hugo Chávez, en Venezuela, para acallar las acusaciones y vaticinios de que buscaría perpetuarse en el poder-, se requiere constatar que el presidente toma posición firme y actúa realmente en favor de aquello que predica todos los días: defender la democracia, aplicar la ley y que nadie este al margen o por encima de ella.
Mientras tanto, sociedad civil, sectores empresariales y la dirigencia de Acción Nacional han emprendido una férrea lucha por defender la constitucionalidad y el mandato aprobado por los bajacalifornianos, en la pasada elección. A diferencia de López Obrador y el cinismo de Yeidckol Polevnsky, varios sectores de la sociedad han manifestado su rechazo y denunciado el acto ilegal e inmoral, a todas luces.
El actual gobernador Francisco Vega afirmó que por ningún motivo publicará la polémica reforma, por lo que es muy probable que la iniciativa regrese al Congreso de Baja California. Ya que, a partir de su aprobación formal es enviada al Ejecutivo local para su promulgación, en un plazo de quince días en el Diario Oficial de Baja California.
En caso de no ser publicada, el Congreso tendrá que valorar el acuerdo y, si así lo decide, tiene la facultad de publicar los cambios en el Diario Oficial, con lo que entraría en vigor. No sin antes, abrir la puerta a las impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva si los cambios aprobados por el Congreso local son inconstitucionales.
Por su lado, López Obrador permanece expectante y pidiendo que no lo involucren en la discusión “porque buscan echarle la culpa de todo”, y lavándose las manos, al señalar que el tiempo en que las decisiones de ese tipo las tomaba el presidente se acabó.
O tal vez, López Obrador decidió calar la respuesta de la sociedad mexicana, con el experimento de Bonilla en Baja California, ante un posible planteamiento futuro de ampliar su mandato, con el falso argumento chavista de que “seis años no son suficientes para lograr las transformaciones que el país necesita”.
