México vive momentos difíciles, y se percibe que esto se debe a que el gobierno tiene varios frentes abiertos, cuyos efectos empiezan a escapar a sus alcances. Se observa cierta precipitación y ansiedad en la toma de decisiones, con el consecuente surgimiento de escenarios poco o nada calculados. Si bien el accionar de los primeros días se fundó en la tendencia política del fast track, generando la sorpresa de propios y extraños, también encendieron una señal de alerta, fundada o no, sobre las intenciones de fondo de los recién instalados.
Todo parecía caminar en el sentido convenido, pero surgió un detalle que, al parecer, no fue considerado adecuadamente: el pluralismo en el ejercicio del poder público y la diversidad en los medios de comunicación; no sólo los tradicionales como la radio o la televisión sino el que representan la prensa independiente, las redes sociales y el internet. Es probable que el contexto institucional, donde se procesaron las decisiones, sea el correcto, pero actuaron al margen de la pluralidad que permea el escenario nacional. Por buena que sea una reforma puede sonar a imposición si no se consensa adecuadamente por los canales de la diversidad política nacional. Esto significa que no basta decidir técnica y jurídicamente sobre un asunto de gobierno, es necesario entender que toda acción de gobierno tiene que procesarse antes, durante y posteriormente con los actores implicados y en el ámbito de su influencia o parcela de poder.
Se puede formular una decisión vía el acuerdo político, pero no se puede gobernar por un pacto que se pretenda permanente. Eso en la lucha por el poder público y la competencia política no existe. De hecho, los firmantes del pacto suelen quedarse solos porque no representan la totalidad de opiniones dentro de sus propias organizaciones ni son los jefes únicos dentro de las mismas. En el corto plazo, un pacto diseñado de esta manera deja al gobierno que lo motivó sin interlocutores de peso, precisamente con las organizaciones políticas con las que tiene que pactar. Al final lo que se obtiene como resultado lógico es el debilitamiento de los actores de oposición que lo firmaron.
Flaco favor le hacen al gobierno federal algunos medios, plumas o analistas políticos en pretender deslegitimar las movilizaciones, reacciones y opiniones en contra. Estas son naturales en el contexto nacional; por ingenuidad o por convicción democrática tanto el presidente Fox como el presidente Calderón lo permitieron durante sus administraciones; ahora no se puede retroceder. El costo de intentar hacerlo puede resultar alto y la principal consecuencia es que crezcan las movilizaciones de rechazo por solidaridad con los inconformes, más allá de las posibles coincidencias ideológicas o políticas. Por difícil que parezca, quienes orientaron el actuar del gobierno, también sacaron a su oposición a las calles. El que se desmovilicen está en flexibilizar las posiciones originales y aceptar que hubo equivocaciones en la operación inicial. Vale la pena intentarlo o el rechazo a las acciones del Ejecutivo Federal seguirá latente.
En materia de seguridad impera la misma línea de comunicación del gobierno anterior, solo que los actores que la promueven son los que la criticaron acremente hace apenas unos meses. Su oposición fue bandera de lucha político-electoral y puede que este factor de desgaste permanente le haya significado varios miles o millones de votos. Es decir, su estrategia de criticar la lucha contra el narcotráfico fue altamente rentable, pero ahora que ejercen el Poder Federal están incurriendo en lo mismo que su antecesor. Eso es de preocuparse porque el presidente Calderón careció de políticos con la experiencia necesaria para conducir los graves asuntos de gobierno; pero ahora todo hace suponer que existen y las cosas marchan por el mismo rumbo y no se observa que pueda cambiar.
Tanto en el contexto nacional como internacional persiste la duda sobre la estrategia del gobierno para combatir a la delincuencia organizada y se reviven las opiniones de que el país se puede pacificar y disminuir el número de ejecuciones conforme avance el dominio de una organización criminal sobre las otras y que esto sea el resultado de una acción concertada al viejo estilo del sistema político. Si bien esta tendencia puede ser discutida y combativa con argumentos provenientes de fuentes oficiales, la duda prevalece porque el simple hecho de sacar de los medios de comunicación el asunto del narcotráfico, sus efectos y expansión en el territorio nacional no ha modificado sus alcances y métodos violentos como mecanismo de ganar territorios, generar terror en la sociedad.
La recurrencia de informar con estadísticas tiene más efectos en contrario, a pesar de que puedan significar cierta tendencia de mejora. Antes había un vocero, que más que eso era “el sufre faltas” porque salía a decir que las cosas iban mejorando, porque en determinado mes y año murieron tantas personas, pero que en el mismo periodo del otro mes y otro año las ejecuciones habían bajado. Exactamente eso es lo que se repite y el resultado es un desgaste innecesario de la nueva administración federal. La diferencia es que ahora hay varios voceros y todos opinan. Y luego rematan diciendo que los resultados se verán en un año; ¿Qué no fueron suficientes seis años de sufrimientos y dolor en México? ¿No fue suficiente el largo proceso de toma de posesión?
En la formación de la gendarmería nacional nuevamente se va a echar mano de militares y, para sorpresa de todos, bajo el mando de un civil. Nuevamente, se pretende sacar a las calles a un soldado a cumplir funciones de policía, cuando esa decisión fue la más criticada del gobierno anterior. Es decir, los militares vuelven a los cuarteles, pero salen por la puerta de atrás vestidos de policía. Más aún, las policías de los estados no avanzan en materia de certificación y lo que es más grave es el surgimiento de los grupos de autodefensa en varias entidades del país.
Cierto que se observa la mano de un gobierno con ganas de actuar, de posicionarse, pero la marcha forzada no puede cambiar realidades adversas que se han consolidado pacientemente en la corrupción institucional y la complicidad de la política. Algunos gobiernos locales, tanto municipales como estatales, dejaron correr su suerte al sexenio anterior y fingieron no actuar para ganar las simpatías políticas del nuevo presidente de México. Pero ahora resurge su inoperancia y su escasa convicción de trabajar al lado de presidente en materia de seguridad. Siguen la formalidad del caso, se aprenden los discursos con sorprendente habilidad histriónica; son una diarrea de palabras con cero resultados.
Para muchos de ellos fue doloroso pasar de reinos a principados, ante el temor de estar bajo el dominio de los grupos de traficantes. Eligieron regresar su control absoluto, subordinar su cacicazgo, ante la figura presidencial a cambio de trasladar la responsabilidad de la seguridad pública a esa instancia federal. Hasta ahora, por más que hagan los responsables institucionales de la Secretaría de Gobernación, ellos están guarecidos en su zona de confort: que el secretario diga lo que quiera, como quiera y cuando quiera; que los marinos y los soldados sean los que encabecen los operativos, pongan los muertos y el desgaste, al cabo que luego con un homenaje y una ceremonia tienen.
Hay que preocuparse por combatir a los cárteles de la droga, pero también encontrar mecanismo que ayuden a mejorar la actuación de los gobernadores y no precisamente los técnicos sino los políticos. En verdad se sabrá qué hacer con los gobiernos de Sinaloa. Chihuahua, Michoacán, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Zacatecas, Durango, Morelos y Jalisco. ¿La complejidad del combate a los cárteles está en el poder que estos tienen o en la inoperancia de los gobiernos de los estados?; ¿Realmente el Gobierno Federal será el responsable único de combatir el flagelo de la delincuencia organizada?
Por otra parte, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina son las instancias donde cae el peso de la responsabilidad de combatir a los grupos de traficantes. La razón es simple: en las policías locales predomina el control de los distintos cárteles de la droga, la mayoría están infiltrados y subordinados al servicio de la criminalidad. La difícil tarea de los militares y marinos tiene su mayor complejidad en combatir el fuego que surge de la policía civil que la derivada de los brazos armados de los grupos al margen de la ley.
Es evidente que la estrategia del fast track impulsada por los asesores del gobierno tiene puntos en contra y su aislado protagonismo los está llevando a la soledad de la responsabilidad pública, al protagonismo del desgaste único y eso es grave para el país, es un riesgo de dimensiones mayores, porque es la arena de cultivo de un estallido social.
Es momento de cambiar, es el tiempo de hacerlo.
