TOLUCA, Méx.- El Representante Social de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), acreditó la participación de cinco personas, una de ellas mujer, en el delito de secuestro el cual tuvo lugar en la capital del Estado en el 2014, ilícito por el que la Autoridad Judicial, les dictó una sentencia condenatoria de 40 años de prisión.
Los elementos de prueba recabados y aportados por el Agente del Ministerio Público fueron determinantes para que un Juez del Distrito Judicial de Toluca dictara esta sentencia para Norma Rodea Barrales, Genaro Esquivel Remedios, César Omar Sánchez Pérez, Esteban López Santiago, y Enrique Encande Coyote.
Estas personas fueron encontradas culpables del secuestro de un joven estudiante de preparatoria, el cual se registró en el municipio de Toluca en el año 2014.
De acuerdo con las indagatorias realizadas por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México, se pudo establecer que el día 21 de mayo de ese año, la víctima se encontraba en la calle Independencia, de la colonia San Lorenzo Tepaltitlán, de la capital mexiquense, ya que se encontraba esperando un vehículo de transporte público para dirigirse a un plantel educativo.
En ese lugar, la víctima fue sorprendida por estos individuos, quienes lo sometieron y lo trasladaron a un inmueble del Valle de Toluca, en donde lo mantuvieron privado de la libertad.
Los secuestradores, se comunicaron con los familiares de la víctima, a quienes les exigieron la entrega de dinero a cambio de liberarlo.
Días después, el estudiante fue dejado en libertad, por lo que denunció los hechos y fue iniciada la carpeta de investigación correspondiente; Agentes de Investigación se encargaron de realizar diversas indagatorias para identificar y detener a los presuntos secuestradores.
Con los datos recabados, el Representante Social solicitó a un Juez librar una orden de aprehensión en contra de estas cinco personas, la cual otorgada y cumplimentada por policías de esta Institución.
Estos sujetos fueron ingresados al penal de Almoloya de Juárez, en donde quedaron de disposición de un Juez, autoridad que previo proceso legal, le dictó la sentencia correspondiente.
Además de la pena privativa de libertad, estos sujetos deberán pagar una multa de 4 mil días de salario mínimo, y 252 mil pesos como reparación daño, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.