TOLUCA, Méx.- Dos personas detenidas en agosto del año 2015, por Agentes de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) fueron condenados a más de 30 años de prisión, luego de que el Representante Social acreditó su participación en el delito de trata de personas en las modalidades de explotación a través de la prostitución ajena y usar a una persona para la práctica de prostitución o actividades sexuales remuneradas, a sabiendas de su situación de trata.
Los elementos de prueba recabados y aportados por el Ministerio Púbico fueron determinantes para que un Juez del Distrito Judicial de Cuautitlán dictara las siguientes condenas:
- Una sentencia de 33 años y nueve meses de prisión para Gloria García Flores, quien además deberá pagar una multa de un millón 500 mil pesos.
- Una pena de 31 años y seis meses de prisión para Ángel Castillo Hernández, quien pagará una multa de un millón 300 mil pesos.
De acuerdo con las indagatorias realizadas por personal de esta Institución, se pudo acreditar que la ahora sentenciada obligaba a su hijastra, una menor de edad, a sostener relaciones sexuales con Castillo Hernández, hechos por los cuales fueron sentenciados.
Ambas personas fueron detenidas en el mes de agosto del año 2015, en atención a una denuncia realizada por el padre de la menor, mismo que señaló que su hija estaba siendo víctima del delito de trata de personas, por ello elementos de la entonces Procuraduría de Justicia mexiquense y la Policía Federal realizaron diversas investigaciones que derivaron en su aseguramiento, en el Barrio Santo Tomas, en el municipio de Teoloyucan.
Al momento del aseguramiento, García Flores llevaba a la adolescente a un inmueble donde se encontraba Castillo Hernández, para que sostuviera relaciones sexuales con él. Derivado de las indagatorias realizadas se pudo establecer que por varios meses Gloria García Flores obligó a su hijastra menor de edad, a tener relaciones sexuales con Castillo Hernández, a cambio de dinero.
Tras ser aseguradas estas dos personas fueron presentadas ante el Agente del Ministerio Público, quien se encargó de reunir los elementos de prueba en su contra y los remitió ante un Juez, autoridad que previo proceso legal les dictó las condenas respectivas, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaros suspendidos.
