TOLUCA, Méx.- Dos personas detenidas en el mes de febrero del año 2012, por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y de la policía estatal, fueron sentenciadas a 37 años y seis meses de prisión, tras ser encontradas culpables del homicidio de tres individuos, en el poblado de San Mateo Huitzilzingo, en el municipio de Chalco.
Los elementos de prueba recabados y aportados por esta Representación Social, fueron determinantes para que la Autoridad Judicial con sede en Chalco dictara una condena en contra de Nancy Baz Hernández y Roberto Baz Espinoza, personas que participaron en el homicidio de las tres víctimas, dos de ellas menores de edad.
Los hechos por los que fueron condenados se registraron el día 10 de febrero del año 2012, cuando un grupo de personas, entre ellos los ahora sentenciados, comenzaron a circular el rumor de que en el mencionado poblado se encontraban tres sujetos a bordo de una camioneta, mismos que presuntamente pretendían privar de la libertad a una persona.
Según las indagatorias realizadas por personal de esta Institución, se pudo determinar que los ahora sentenciados incitaron a los pobladores de esa comunidad para golpear a los tres individuos, bajo el argumento de que eran secuestradores, sin embargo al lugar arribaron elementos de la policía, quienes trasladaron a las personas agredidas a la Delegación Municipal, en donde fueron resguardadas.
Pese a ello, los pobladores arribaron al lugar y sacaron a los tres jóvenes de dichas instalaciones, y posteriormente los golpearon y quemaron, ocasionándoles la muerte.
Por este delito, la PGJEM inició la carpeta de investigación correspondiente y mediante una acción conjunta con elementos de la policía estatal, llevó a cabo la detención de 23 personas, entre ellas Baz Hernández y Baz Espinoza, como probables responsables de este ilícito.
Los responsables fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público, quien integró la carpeta de investigación correspondiente, y se encargó de reunir los elementos de prueba necesarios para ponerlos a disposición de un Juez.
Luego de revisar las pruebas en su contra, y previo proceso legal, la Autoridad Judicial les dictó la sentencia respectiva y les fijó multas de 750 días de salario mínimo y 98 mil 481 pesos como reparación del daño, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.
