ALMOLOYA DE JUÁREZ, Méx.- El Representante Social de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó la participación de seis personas en el delito de secuestro, ilícito por el que la Autoridad Judicial con sede en Almoloya de Juárez, los condenó a 90 años de prisión.
Los elementos de prueba recabados y aportados por el Agente del Ministerio Público, fueron determinantes para que un Juez del Distrito Judicial de Toluca dictara esta sentencia condenatoria para Adilene Rosales Patricio, Laura Lizeth Peñaloza Monge, Anayeli Benítez Báez, Orfael Bautista Segura, Adalí Ávila Bernal, y Víctor Manuel Ávila Hernández.
Los hechos por los cuales fueron condenados ocurrieron el día 20 de noviembre del año 2016, cuando arribaron al domicilio de la víctima, localizado en la colonia Buenavista, en el municipio de Zinacantepec, en donde amenazaron a la víctima y la sacaron por la fuerza, para trasladarla a una casa ubicada en la colonia Deportiva, del mismo municipio, en donde la mantuvieron cautiva.
Luego estas personas se comunicaron con los familiares de la víctima, a quienes les exigieron un pago a cambio de liberarla.
Cabe mencionar que los familiares de la persona secuestrada denunciaron los hechos ante esta Institución, por lo que fue iniciada la carpeta de Investigación respectiva, y Agentes de Investigación se encargaron de realizar diversas diligencias que permitieran la liberación de la víctima, así como la detención de los probables secuestradores.
Derivado de lo anterior fue desplegado un operativo en el municipio de Zinacantepec que derivó en la detención de estas personas, así como la liberación de un hombre, quien se encontraba en encadenado una de las habitaciones del inmueble.
Los detenidos fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público quien luego los remitió ante un Juez, en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, para que fuera determinada su situación jurídica.
La Autoridad Judicial luego de revisar las pruebas en su contra les dictó la sentencia respectiva, y les fijó multas de 73 mil pesos, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.
