CHIMALHUACÁN, Méx.- El Representante Social de la Fiscalía Especializada de Trata de Personas de esta Fiscalía General de Justicia Estatal (FGJEM) consiguió una condena de cuatro años de prisión para Almayaredy Alegre Celestino, tras acreditar su participación en el delito de trata de personas, en la modalidad de explotación laboral.
En el año 2016, esta mujer obligó a la víctima, de entonces 15 años de edad, a realizar labores domésticas y cuidar a los hijos de ésta, sin recibir remuneración alguna.
La indagatoria iniciada por este delito, permitió establecer que en el mes de septiembre del año 2016, la víctima quien es originaria del Estado de Guerrero, llegó a la Ciudad de México para laborar. La menor de edad fue contactada por Alegre Celestino para que trabajara en su casa.
Su trabajo consistiría en realizar labores domésticas y cuidar a los hijos menores de edad, de la ahora sentenciada, a cambio de alojamiento, alimentación, estudio y un pago, por lo que fue trasladada a un inmueble del Barrio Saraperos, en Chimalhuacán.
Cabe mencionar que la menor ofendida estuvo un mes laborando en dicha vivienda, no obstante, no recibió algún pago y fue amenazada para que no contara lo que ocurría, por lo que huyó del sitio el 19 de octubre de ese año.
La víctima se trasladó a una terminal de autobuses en la Ciudad de México, donde fue auxiliada por personal del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de esa entidad. Una vez que la FGJEM tuvo conocimiento de los hechos fue integrada la carpeta de investigación respectiva y el Ministerio Público solicitó a un Juez librar una orden de aprehensión en contra de la probable partícipe; mandamiento judicial que fue otorgado.
Almayaredy Alegre Celestino fue detenida en el mes de abril del año 2019, por lo que fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedó a disposición de un Juez, autoridad que previo proceso legal, le dictó esta condena.
Además de la pena privativa de libertad, esta mujer deberá pagar multas de 73 mil 40 pesos y 37 mil 700 pesos como reparación del daño, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.
