ATIZAPÁN, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo sentencias de condena para Víctor Mauricio Becerra Casas y Alejandro Ramón Ortiz, tras quedar acreditada su responsabilidad en el delito de trata de personas en agravio de una joven quien, al momento de los hechos, en el año 2019, tenía 17 años.
Las pruebas recabadas, aportadas y expuestas por esta Representación Social fueron determinantes para que la Autoridad Judicial dictara condena de 33 años y 9 meses de prisión para Víctor Mauricio Becerra Casas, acusado del delito de trata de personas, en la modalidad de explotación sexual, además deberá pagar multa de 2 millones 237 mil pesos.
En tanto que el Órgano Jurisdiccional emitió condena de 31 años y 6 meses de prisión para Alejandro Ramón Ortiz y deberá pagar multa de 1 millón 876 mil 290 pesos, por el delito de trata de personas, en la modalidad de la acción dolosa de una persona quien a sabiendas de su condición de trata, use servicios de una persona para cualquiera de los fines previstos en los delitos contemplados en la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.
La investigación iniciada por la Fiscalía Edoméx precisó que a principios del mes de febrero de 2019 Víctor Mauricio comenzó a llevar a su hija de 17 años a un domicilio ubicado en calle Vasco de Quiroga, colonia Emiliano Zapata en el municipio de Atizapán de Zaragoza, donde la obligaba a sostener relaciones sexuales con Alejandro Ramón Ortiz, a cambio de dinero.
Indagatorias de esta Institución precisaron que en caso de que la víctima se negaba a mantener relaciones sexuales con el sujeto referido, era amenazada por su padre de que la golpearía. Estos hechos ocurrieron hasta el mes de marzo de 2022.
Una vez que este delito fue denunciado ante esta Fiscalía estatal, fueron llevados a cabo actos de investigación de gabinete y campo con los cuales fueron obtenidos datos mismos que fueron aportados ante la Autoridad Judicial, quien otorgó órdenes de aprehensión contra los implicados.
Estos sujetos fueron aprehendidos en acciones distintas por Agentes de la Policía de Investigación (PDI), quienes los ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, a disposición de un Juez, autoridad que, tras proceso legal, les dictó las sentencias de condena.
