El Congreso local aprobó reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México en materia de 3 de 3 contra la violencia de género, como requisitos de elegibilidad en cargos de elección popular, dictaminadas por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, y de Asuntos Políticos-Electorales.
Al presentar el dictamen, el diputado Diego Orlando Garrido López (PAN), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, afirmó que esta reforma es una conquista ciudadana y del Congreso local, que atiende al mandato de la reforma Constitucional federal del 29 de mayo del presente año y armoniza los ordenamientos locales con aquellos que esclarecieron que ninguna persona agresora o ausente con sus responsabilidades alimentarias es idónea para ejercer cargos públicos.
Explicó que la reforma consiste en adicionar el numeral 11 al apartado C del artículo 10 de la Constitución local, respecto a los requisitos de elegibilidad en cargos de elección popular, y especifica que ninguna persona podrá ejercer empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni registrarse como candidata a cargos de elección popular cuando tenga sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida o integridad corporal, contra la libertad, seguridad sexual y normal desarrollo psicosexual; por delitos de violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, y violación a la intimidad sexual; por violencia política contra mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades; o si está en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Asimismo, se adiciona un párrafo a la fracción primera del numeral 7 del apartado B del artículo 27 de la Constitución local, para establecer los mecanismos necesarios que permitirán a los partidos políticos garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política en razón de género en sus procedimientos.
Al razonar su voto, la legisladora Gabriela Quiroga Anguiano (PRD) recalcó que esta reforma es un compromiso colectivo para cambiar el rumbo de la ciudad y construir un entorno en el que las mujeres ejerzan sus derechos sin miedo ni violencia, y recalcó que es resultado de una larga lucha feminista para evitar que un agresor llegue al poder.
Por su parte, la congresista Martha Soledad Avila Ventura (MORENA) comentó que este dictamen busca evitar que los agresores de mujeres ocupen cargos públicos en cualquiera de las instituciones de la capital, y representa un avance legislativo en contra de la impunidad de quienes cometen delitos por razones de género; y es una conquista del movimiento feminista para erradicar todas las formas de violencia.
Al participar, la diputada Elizabeth Mateos Hernández (Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas) expresó su total apoyo a esta reforma y pidió acciones contra la violencia política de género, que afecta en forma desproporcionada a las mujeres. “La violencia de género no sólo atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres, sino que también limita nuestra participación y representación en la toma de decisiones”.
En su turno, la legisladora Mónica Fernández César (PRI) destacó que la Ciudad de México vuelve a ser vanguardia en la erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres. Señaló que los partidos políticos deben trabajar para eliminar estos delitos, el miedo a denunciar y las represalias.
Con la iniciativa 3 de 3 se homologa la Constitución local con la Carta Magna federal, refirió el diputado Jorge Gaviño Ambriz (Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal), para establecer que todos los servidores públicos, no solamente los titulares de las dependencias, deben cumplir esta norma.
El diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos (MORENA) expresó que es deber constitucional de las y los legisladores hacer transversal la perspectiva de género en todas las áreas de la función pública y todos los niveles de gobierno; para poner “fin a las décadas de pactos de silencio patriarcales que nos dividen como sociedad.”
El diputado Royfid Torres González (Asociación Parlamentaria Ciudadana) se congratuló de la aprobación del dictamen, pero aseguró que se tiene que trabajar en la sensibilización de las autoridades encargadas de la procuración de justicia para “hacer efectivo el acceso a la justicia a todas las víctimas de esta ciudad”.
Al asegurar que este logro es parte de la lucha histórica de las mujeres, la legisladora Alicia Medina Hernández (MORENA) resaltó la relevancia de esta reforma, que permite impulsar la participación política de las mujeres, implementar recursos para capacitación en materia de género y eliminar propaganda con estereotipos de género.
La diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz (MORENA) recalcó que los avances en reconocimiento de los derechos de las mujeres se han logrado a través de una lucha intensa de muchos años, y agregó que no es un regalo sino el resultado de que las mujeres se han desarrollado en condiciones de desigualdad que siguen combatiendo.
La congresista Maxta Iraís González Carrillo (PRI) se posicionó a favor de la búsqueda de progresividad respecto a los derechos y libertades de las mujeres, y precisó que el dictamen pretende establecer que entre los aspirantes a cargos de elección popular no se considere a ningún agresor de mujeres.
Finalmente, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa (Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas) reconoció los aportes de las agrupaciones feministas y afirmó que se responde a una deuda histórica con miles de mujeres que ya no están y con las colectivas que han luchado “para que el servicio público se ejerza desde la perspectiva de género”.
