Parte 1
En Julio del año 2000, la alternancia política del país se hizo posible y, con ello, millones de mexicanos se ilusionaron con los cambios necesarios para México. Se sabía de los problemas nacionales porque, por décadas los había padecido la población. Se pensó que la victoria electoral del Partido Acción Nacional (PAN) y de su candidato Vicente Fox Quezada era la ocasión para iniciar con las reformas urgentes que dieran un horizonte diferente a los mexicanos.
Fueron los votos de los ciudadanos los que hicieron posible este triunfo, por eso no puede atribuirse a un partido político sino al hartazgo de las profundas desigualdades que venía acumulando la Nación, sin que la clase política gobernante tuviera la intención de modificar su viejo estilo de gobernar.
Se pensó que se abría el camino para transitar hacia los cambios estructurales necesarios para resolver los grandes problemas nacionales. Lamentablemente las reformas nunca llegaron y el país siguió en su dinámica tradicional e histórica de simular que se avanza, sin impulsar la reforma del Estado Mexicano.
La desilusión ha sido grande. El capital político ganado por la oposición al viejo régimen se diluyó y no surgió el liderazgo de un hombre con visión de Estado que lograra dar forma y comunión al necesario apoyo político de los partidos, empresarios, organismos no gubernamentales, investigadores, académicos y a las distintas expresiones religiosas. No hubo propuesta para el país, por lo tanto, no existió el cabildeo que derivara en apoyo de un nuevo proyecto de Nación.
No se logró lo que la sociedad esperaba de un gobierno de alternancia. Apoyo lo tuvo, pero no se entendió su significado ni se le dio la trascendencia que merecía. No se trataba de acabar con el adversario sino de pactar con él, de buscar a la izquierda para sumarla a un gobierno de coalición. Faltó experiencia, superar la mezquindad, el revanchismo y se careció de la voluntad política para impulsar el nacimiento de un nuevo país democrático, competitivo y menos desigual.
El resultado está a la vista. No hubo reforma fiscal, educativa, económica, energética y no hubo reforma política. El resultado ahí está: desencanto de la población hacia la democracia, a la alternancia en el poder público y una clase política interesada únicamente en ganar elecciones. Como lo define Denise Dresser: “Seguimos siendo una democracia que funciona muy bien para su clase política, pero muy mal para sus ciudadanos”. De tal manera que seguimos sin acciones concretas para resolver los problemas que tiene a México sumido en la pobreza, el desempleo, la marginación y ahora en un terrible escenario de inseguridad que tiene al Estado Mexicano bajo la presión de una amenaza real y permanente.
A los históricos rezagos nacionales se sumó otro poderoso, violento que compite a la autoridad por el control de territorio y que actúa como una autoridad ilegal en paralelo. De ahí el origen del tema que sugerimos como punto de partida.” Crimen organizado en México: El Estado no existe”, es un título agresivo, provocador, y, según el lector, serán diversas opiniones las que se tengan al momento de reflexionar sobre la crisis de seguridad que tiene al país en un escenario que nadie imaginaba el día que un partido distinto al Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganó la presidencia de la República.
Los abogados tendrán una opinión según sea el cargo que ocupen, si son funcionarios dirán que es un exceso porque México tiene y cuenta con un sistema de justicia sólido; si son políticos, expresaran que no es exacto, porque el país tiene instituciones políticas fuertes, propias de un país soberano; sin son periodistas tal vez coincidan con algunas variantes o, puede darse el caso, de que algunos otros digan que es culpa del gobierno en turno porque antes no eran así las cosas.
Los gobernadores, los presidentes municipales, los titulares de órganos autónomos y de los Poderes de la Unión también manifestarán sus puntos de vista; tal vez, para enfatizar su desacuerdo con el título. Sin embargo, -y a pesar de conocer posiciones radicalmente distintas- lo importante es motivar un debate nacional que siente las bases de un acuerdo mayor, para que el país salga de su escenario de violencia, derramamiento de sangre y de corrupción que lo tiene encerrado en el descrédito nacional e internacional. Lo que es más lamentable, lo tiene inmerso en una tendencia de pérdida de confianza constante y un desgaste institucional permanente; es poca la credibilidad hacia el gobierno y mucha la percepción negativa de la población.
Para los ciudadanos de a pie, comunes, pero no corrientes, decir que en México el Estado (gobierno) no existe porque ha sido superado por la delincuencia organizada es algo cotidiano. Lo observa y escucha en los medios de comunicación y ya no se sorprende de la capacidad que tienen los delincuentes para someter o superar a la autoridad. Lo que se percibe es que el gobierno está desorientado, que es poco eficiente, que la estrategia no está rindiendo los resultados esperados y que la delincuencia sigue haciendo de las suyas a pesar de la persecución en su contra.
Las miles de muertes, a consecuencia de la lucha contra el narcotráfico, son lamentables y desacreditan al sistema de justicia y al aparato institucional responsable de brindar seguridad a la población, pero no constituyen la expresión más dura de la delincuencia organizada. Los más de 37 mil homicidios son el efecto no la causa de la violencia que padecen, en particular, estados como Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz, Morelos, Sonora, Coahuila y Baja California.
Por inverosímil que resulte, México todavía no toca fondo en su lucha contra la delincuencia organizada. Primero porque no es la causa de todo el sistema de gobierno de la Federación; esto es, de la totalidad de los estados, los municipios y los poderes de la Unión. Segundo, porque la lucha se ha circunscrito al aspecto punitivo; es decir, a perseguir y combatir a los cárteles de la droga, pero no a sus bases de apoyo que, en más de las veces, se ubican dentro de las propias instituciones de gobierno; tampoco al lavado de dinero de recursos calculados en más de 35 mil millones de dólares anuales. Ni que decir del tránsito de las actividades ilícitas a actividades lícitas. Y, Tercero porque carece de corporaciones de policía capacitados para combatir a la delincuencia organizada.
En forma reiterada, se difunde que la lucha del Gobierno Federal en contra de los grupos de narcotraficantes es una acción unilateral, de responsabilidad exclusiva del Jefe del Ejecutivo y que no corresponde a una acción concertada con las entidades federativas ni sus municipios. Se ha llegado a decir que es una estrategia utilizada por Felipe Calderón para quitarse el descrédito de no haber ganado las elecciones con claridad y que, por tanto, es una acción legitimadora de un gobierno con escaso apoyo electoral.
En el fondo, esta tendencia -o preferencia excluyente-, es una salida retardataria para evadir una responsabilidad que no tiene un ámbito de competencia exclusivo, que requiere invariablemente de la colaboración abierta de los poderes públicos locales. El crimen organizado no distingue de ámbitos de competencia legal ni opera con criterios de fueros, se alimenta de las fallas de coordinación y de la variable evasiva que permea entre los distintos órdenes de gobierno.
Algunos añoran el pasado reciente, el México del control como mecanismo de combate a la delincuencia. A la tolerancia de la actividad de narcotráfico y otros delitos como la fayuca, la piratería, la invasión de productos chinos introducidos al país por la corrupción en las aduanas, al robo de combustible de PEMEX, al regenteo de la prostitución, al control de los centros de diversión nocturna, en suma, al sistema del dejar hacer dejar pasar. Pronto se olvidó que esas prácticas constituyeron la causa de la caída del sistema político, para dar paso al México de la alternancia en cuyo propósito estaba el combatir la corrupción que se había constituido en la mayor y mejor cualidad del gobierno en su conjunto.
*Ex Presidente Consejero del Instituto Electoral del Estado de México.
