Lo que todo padre de familia debe saber sobre el país.Parte 8: El nexo político criminal. Vínculo que derrumba la moral de la sociedad.
Dentro del nexo político criminal se encierran acontecimientos como la masacre cometida en contra de 72 migrantes, en su mayoría centroamericanos, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Un suceso demencial, fuera de toda lógica, e irracional. En un artículo de Alberto Montoya nos pregunta “¿Se imagina lo que se necesita para instalar retenes o detener autobuses en las carreteras mediante cerrones, subir a esas unidades, escoger uno a uno, bajarlos, meterlos en sus camionetas, esconderlos en casas de seguridad, bodegas, ranchos o lo que usted quiera y, luego de extorsionar a sus familias o robarles cien o doscientos dólares, ejecutarlos y enterrarlos a unos cuantos centímetros de la superficie en fosas comunes y, evidentemente, clandestinas? ¿Qué lleva a esos criminales a exterminar a tal cantidad de gente?”
Otros ejemplos de lo inútil que resulta la impartición de justicia por la complicidad entre delincuentes y funcionarios; es el lamentable secuestro de Hugo Alberto Wallace, hijo de la Señora Isabel Miranda de Wallace, mujer admirable por su coraje y valor de llegar, ella sola, al esclarecimiento del asesinato de su hijo ante la incapacidad de la autoridad para atender su anhelo de justicia. Desde el inicio del lamentable hecho, encabezó las investigaciones que las autoridades no estaban realizando, hasta que logró la detención de toda la banda de secuestradores. Su segunda batalla fue para que los condenaran con penas justas, a la altura del delito cometido.
De igual manera, la Señora María Elena Morera, mujer que, junto a sus hijos, padeció y enfrentó el secuestro de su esposo a quien los criminales le amputaron cuatro dedos antes de ser liberado. También está el caso del empresario Alejandro Martí que perdió a su hijo Fernando Martí de 14 años de edad, a manos de secuestradores, aún cuando había pagado el rescate que nunca llegó a los plagiarios, pero que al parecer si estuvo en manos de policías judiciales adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El acontecimiento provocó una indignación generalizada y motivó una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública para enfrentar el problema, desafortunadamente lo más rescatable de esas acciones fue la frase de un padre dolido e impotente que se convirtió en una consigna contra la impunidad: Si no pueden, renuncien.
Todavía más ilustrativo es el caso del entonces gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid (1993-1999), quien fue detenido y luego extraditado por estar vinculado con narcotraficantes ligados a la organización de los Carrillo Fuentes. En los Estados Unidos, se documentó la participación del Gobernador en el tráfico de cocaína, recibiendo a cambio 500 mil dólares por cada envío colocado. De ahí se descubrió que tenía una cuenta con 20 millones de dólares. Además de estar vinculado con el tráfico de mujeres migrantes para el turismo sexual. Sus relaciones o vínculos políticos llegaban a países como Belice, Panamá, Guatemala, República Dominicana y Costa Rica. Apunta, Jorge Fernández Menéndez, que “un poder del tipo que construyó Mario Villanueva Madrid no se logra sin nexos, sin amarres, sin protección. Pero las conexiones con Villanueva van más allá y se relacionan con una forma de hacer y entender el poder que ya debería estar desterrada de la vida política de México. Esa forma de utilizar, de hacer y entender el poder como algo propio, como algo susceptible de todo tipo de corrupciones es determinante para explicar las redes de complicidades”.
Este es el nexo político criminal de un gobernador que se vinculo al narcotráfico y terminó entregando a su estado al control del crimen organizado. Las consecuencias todavía se viven en Quintana Roo por la presencia de los cárteles de la droga que se disputan el control de la plaza. El 3 de febrero del 2009 fue asesinado el General Mauro Enrique Tello Quiñones, que había sido enviado a Cancún a combatir la inseguridad y el 25 de mayo del 2010 fue detenido y encarcelado el propio alcalde del municipio de Benito Juárez (Cancún) Gregorio Sánchez, por su supuesta relación con grupos criminales. El alcalde con licencia era candidato a gobernador, postulado por varios partidos, mismos que no tuvieron la precaución de considerar los antecedentes de su abanderado, incluso su argumento es que se trató de una persecución política; difícilmente aceptarán una responsabilidad pública por haber apoyado a un personaje a quien se vincula con el tráfico de drogas, protección a delincuentes y trata de personas.
Pero todavía existe otro caso que nos sorprendió por el monto del dinero decomisado a un personaje de origen chino, nacionalizado mexicano, en medio de fuertes dudas por la forma como lo consiguió y de recibir su carta de naturalización de manos del propio presidente Vicente Fox en el 2003, sólo tres años después de haber iniciado el trámite. Se trata de Zhenli Ye Gon a quien le fueron encontrados 205 millones de dólares en efectivo. Personaje que se recuerda más por su frase de “copelas o cuello” que por sus declaraciones ante la justicia. Después del descubrimiento del dinero, se supo que era un empresario dedicado a la importación de fuertes cantidades de seudoefedrina, que es la precursora química para la elaboración de drogas sintéticas.
La duda rodea al empresario y un negocio como ese no prospera sin la complicidad y la anuencia de funcionarios públicos. En una investigación realizada por Julio Scherer Ibarra nos alerta que “el caso deriva de la gravísima penetración que las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico han hecho en las estructuras del poder público. No puede entenderse la subsistencia y operatividad de una organización criminal de la relevancia de Ye Gon sin el contubernio de servidores públicos de jerarquía. Es grave no sólo la vinculación de los narcotraficantes con funcionarios públicos, sino el hecho de que comprenda a órganos públicos, precisamente los encargados de perseguir y sancionar a los evasores de la ley.
El nexo político criminal plantea una dualidad: en tanto los militares, marinos y policías federales están en el frente de lucha contra la delincuencia organizada, exponiendo su vida para defender la otra y buscando regresar la seguridad en las calles; hay funcionarios, políticos o burócratas en una oficina recibiendo sobornos, dinero por el que México paga un alto precio. Mientras el país se baña de sangre, mientras mueren personas inocentes, temerosas o jóvenes condenados por el atractivo del narcotráfico, los políticos que hacen posible la complicidad criminal regresan a sus casas tranquilos; duermen a gusto pensando en el cargo que sigue, o en permanecer ejerciendo el poder público como concesión personalísima.
De manera específica, el General Moisés García Ochoa, analiza que se ha identificado a la corrupción como el principal elemento que facilita y promueve la realización de la mayor parte de la incidencia delictiva: es la vía sobre la cual transitan con relativa seguridad la gran mayoría de los delitos que afectan a la sociedad, tanto colectiva como individualmente. No es exagerado afirmar que la delincuencia organizada y la común apuestan en un alto porcentaje por las redes de corrupción establecidas e incluso por las espontáneas, para poder realizar sus operaciones ilícitas en cualquier sentido que las orienten. Esta reflexión es tan válida como suponer que una autoridad que se preste para facilitar el tránsito de drogas hacia el norte, seguramente lo hará para permitir el tráfico de armas y municiones hacia el sur, o que quien permita el tránsito de indocumentados hacia el norte seguramente lo hará con el contrabando y vehículos ilegales hacia el sur, etc.”.
En el mismo tenor, el investigador Edgardo Buscaglia nos comenta que “no hay país en el planeta, con este nivel de delincuencia organizada, en el que la alianza entre actores políticos de alto nivel, empresas privadas y empresas criminales sea tan fuerte y duradera como entre nosotros. A eso nos referimos cuando insistimos en romper el nexo político criminal, es decir llevar ante la justicia a los aliados oficiales del crimen organizado en el país. Si eso no ocurre, no hay forma de parar con la violencia, el contubernio y la debilidad del Estado Mexicano.
*Ex Presidente Consejero del Instituto Electoral del Estado de México.
