Crimen Organizado en México: El gobierno no existe. Lo que todo padre de familia debe saber sobre el país. PARTE 2

Argumentado por investigadores y especialistas del tema, la indiferencia o tolerancia del hombre fuerte del sistema fue la facultad que permitió, encumbró o desmanteló a los cárteles de la droga. Esa potestad se dio cuando los narcotraficantes mexicanos todavía no eran dueños de la droga ni buscaban el control exclusivo de las rutas ni luchaban por el mercado nacional e internacional. Tampoco contaban con la capacidad económica que ha mejorado su escala operativa en México y 52 países más, en alianza con otros grupos criminales. Eran un eslabón más de los cárteles colombianos que los usaban para el traslado de la droga, principalmente cocaína, hacia los Estados Unidos. Fueron los que corrieron el riesgo en lugar de sus empleadores colombianos, hasta llegar a ser considerados el número tres de la criminalidad internacional, únicamente abajo del binomio Afganistán-Pakistán y Nigeria[1].

Fueron años cuando los traficantes necesitaban de la protección del político, del gobernante, de los jefes policiacos a cambio de dinero proveniente de las ganancias del traslado de cocaína por el territorio nacional. Había un supuesto “orden” garantizado por el aparato de gobierno encargado de combatirlo. El control relucía en todo su esplendor.

Según Phil Williams, “se ha creado casi un sentimiento de nostalgia hacia “los buenos tiempos” del narcotráfico en México, cuando la violencia era contenida gracias a acuerdos y códigos de conductas tácitos entre los traficantes, en los días en que el gobierno se mostraba permisivo en lugar de confrontacional, y la violencia se colaba a cuentagotas  hacia las vidas de los ciudadanos”[2].

En declaraciones que sorprendieron a todos, el ex gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizzo García (1991-1996) detalló, en una conferencia dictada en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Autónoma de Coahuila, que los presidentes controlaban y repartían las rutas del narcotráfico, con lo que impedían que la violencia afectara a la población civil. El ex gobernador abundó en que los grupos del narcotráfico hasta repartían las rutas de trasiego, una medida que se salió de control con los panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón.

Según Sócrates Rizo, esa “estrategia o acuerdo a valores entendidos” permitía el control sobre los delincuentes y, a su vez, mantener la paz social que se ha perdido en los gobiernos panistas. “De alguna manera se tenía resuelto el problema del tránsito (de la droga), pero había un control y había un Estado fuerte y un presidente fuerte y una procuraduría fuerte y había un control férreo del Ejército. De alguna manera les decían: ‘Tú pasas por aquí, tú por aquí, tú por aquí’, pero no me toques aquí estos lugares”[3]. De forma inmediata, estas declaraciones fueron descalificadas, incluso el todavía presidente electo del PRI, Humberto Moreira rechazó que los gobiernos emanados de su partido hayan pactado con el narcotráfico para mantener la estabilidad del país.

En 1985, un hecho que cambió radicalmente la acción institucional en contra de los grupos de la delincuencia organizada fue la muerte de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la Drug Enforcement Administration (DEA). La investigación de la DEA  sobre el asesinato puso en evidencia la corrupción y redes de complicidad de la autoridad mexicana con el tráfico de drogas. Según Robert C. Bonner, “una gran parte de la fuerza policiaca de Jalisco resultó que estaba en la nomina del cartel de Guadalajara. De hecho, eran policías del estado de Jalisco quienes habían secuestrado a Camarena a instancias del  cartel de Guadalajara. La corrupción se extendía más allá de la policía del estado…”[4].

Por la presión ejercida por los Estados Unidos, en 1986 el gobierno mexicano tomo acciones contra el cartel de Guadalajara encarcelando  a sus  líderes Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y  a Miguel Ángel Félix Gallardo. La Dirección de Seguridad fue disuelta y hubo un intento de crear una nueva agencia de policía federal. Este esfuerzo de reforma  no se pudo realizar.

El manejo del aparato institucional de seguridad a discreción o bajo entendidos pactados permitieron a los grupos criminales incrementar su poder. En principio, por la arraigada corrupción de funcionarios del gobierno; pero también por la débil  aplicación de la ley por parte de las instancias correspondientes, las cuales no pudieron tomar acciones efectivas contra los líderes de los principales carteles, aun cuando la voluntad política existió.

Durante los 90’s los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo hicieron esporádicos intentos para frenar a  los cárteles, pero carecían de una estrategia sistemática o un esfuerzo sostenido. Zedillo intentó desmantelar el cartel de Tijuana  y en este esfuerzo trabajó con la agencias norteamericanas, incluso creó un centro nacional de control de la droga con un director que servía de contraparte para el “zar Antidroga de los Estados Unidos”; lamentablemente, en 1997, el zar mexicano fue detenido por una supuesta relación con el cartel de Juárez.

Es evidente que “la salida o solución pactada” ya no es posible en las condiciones actuales; fundamentalmente por dos razones: México es el centro principal de atención internacional en el combate al crimen organizado, tanto para los Estados Unidos, Europa, Centro y Sudamérica. La fuerza económica y capacidad de fuego de los cárteles mexicanos, su control territorial a través del manejo de lo que llaman plazas y su penetración en el mercado internacional de venta y consumo de drogas los hace altamente peligrosos, sobre todo porque han superado los controles del propio gobierno.

En segundo lugar, los cárteles mexicanos no necesitan de los políticos, ya no dependen de ellos, tampoco están bajo su protección, arbitrio o complacencia. De hecho, frente a la limitada capacidad de generar trabajo de inteligencia y la infiltración institucional se dice que “normalmente suelen ser los cárteles de las drogas quienes deciden quien es arrestado. La información para realizar las detenciones proviene siempre de ellos. De este modo cooptan y ponen al Estado a su servicio para dirigir su lucha contra otros cárteles enemigos”[5]. Está aseveración, con sus matices y reservas, fortalece la percepción de que los cárteles han superado la dependencia de sus contactos en el gobierno y operan con mayor libertad que hace algunos años.

No sería fácil volver a controlarlos en el esquema pasado, ahora tienen los medios materiales y operativos que los ubican por encima de la autoridad, que se quedó rezagada en sus prácticas institucionales de combate al crimen organizado, en materia de capacitación y actualización de sus cuerpos de seguridad pública; sobre todo, de superar los estragos que ha dejado la corrupción al interior del sistema institucional, político y empresarial por décadas de una actitud tolerada -o pactada- ante la presencia del tráfico de drogas y la comisión de ilícitos como el secuestro, la extorsión y el tráfico de personas, principalmente migrantes, en número que ubican a México, según Buscaglia,  en el segundo lugar mundial de este delito.

En esta apreciación, Miguel Ángel Granados Chapa menciona que “la guerra entre narcotraficantes y las miles de muertes no derivan sólo de la incompetencia de la autoridad para impedirlo. Se trata de situaciones propias del narconegocio. Ahora se disputan las rutas y el mercado, de modo que los espacios bélicos han aumentado, independientemente de la capacidad o la incapacidad de enfrentarlo. El crecimiento o la diversificación de las actividades del narcotráfico se agregan a la incompetencia y a la complicidad. Se ve muy cercano el momento en que el Estado falle, que sea incapaz de ofrecer la mínima seguridad”[6].

**Ex Presidente Consejero del Instituto Electoral del Estado de México