El combate a la delincuencia organizada tiene un costo económico alto y un costo mayor por la cantidad de personas asesinadas por los violentos combates entre los cárteles y las derivadas por enfrentamientos con las fuerzas del orden, en particular con personal de las Fuerzas Armadas. A pesar de que el número mayor de asesinatos se debe al enfrentamiento entre traficantes, el costo social en cuanto a la percepción de la opinión pública se traslada al Gobierno Federal que decidió enfrentar a los grupos del crimen organizado para romper con la estrategia pasiva de no confrontación ejercida en el pasado reciente. Se critica duramente la presencia militar en funciones de seguridad pública, se endurece la posición de rechazo a la estrategia Federal por las formas extremas de violencia que son capaces de llevar a cabo los grupos criminales; incluso, la tarea de informar, se torna incisiva para destacar lo que consideran los errores de la lucha contra las organizaciones criminales. De lado se deja el valor supremo que tiene para el país la decisión de confrontar a la delincuencia organizada.
Existen coincidencias en señalar que la inseguridad es un asunto que se dejó correr, que creció al amparo de la inacción del Estado, que se fortaleció de la complicidad y del disimulo de la autoridad en su conjunto, hasta llegar a niveles extraordinarios de corrupción política. Condición que pone a México al nivel de países como Nigeria y Turquía, donde el nexo político criminal es crónico.
El tráfico de drogas, de migrantes, el secuestro, el lavado de dinero son actividades propias de la delincuencia organizada, no son las únicas, pero tal vez las más rentables. Todas ellas han crecido por la existencia misma de la corrupción, sobre todo cuando las relaciones de los delincuentes tocan a la política y al poder. Con ello, surgen las hipocresías, los virtuosismos legales y las razones superiores, del que manda; el resultado es la inacción, el mayor favor que se hace la delincuencia. “En el fondo de todas las historias hay siempre instituciones y gobiernos que no ven nada o que hacen la vista gorda, empresarios que se enriquecen con financiaciones sucias e ilegales, políticos que se coluden y alimentan su poder con el consenso mafioso”. (…) la historia nos dice que, aunque puede y debe existir una política sin mafia, no pueden existir mafias sin el concurso y la connivencia de la política”[1].
El binomio perverso de hipocresía-corrupción es lo que tiene a México en el nivel de violencia que ha generado más de 40 mil asesinatos, el que sostiene el secuestro y el tráfico de migrantes y el que pone en riesgo las instituciones del país ante el poder económico criminal que busca, afanosamente, controlar el poder público a través de relacionarse con figuras públicas, vinculadas a los partidos políticos y a participar en el pago de campañas electorales, para luego cobrar la factura del silencio y la complicidad.
La corrupción de las policías, el sometimiento de funcionarios encargados de administrar los penales, el pago de personajes vinculados a la administración de justicia y la infiltración de instituciones responsables de la impartición de justicia son implicaciones conocidas por todos. Sin embargo, “la variante más perniciosa de corrupción administrativa tiene lugar cuando los grupos criminales consiguen la colaboración de altos funcionarios o cargos políticos que ejercen la máxima autoridad en departamentos o agencias gubernamentales clave”[2].
Las organizaciones criminales mexicanas son poderosas y, por lo tanto, su objetivo es tratar con la cúpula del poder político. Buscan acordar con el de arriba no para dirigir al gobierno como tal sino para servirse de lo que resulte útil, primero bajo el esquema de complicidad, pero terminarán viendo a su socio como un subordinado. En el acuerdo, evitarán la formulación de leyes o reformas jurídicas y buscarán entorpecer el diseño de políticas públicas que busquen combatirlos. Cuando se llega a esos niveles de penetración de la corrupción estamos en lo que el Banco Mundial llama “captura del Estado”. “Los principales métodos a los que el crimen organizado puede recurrir para “capturar” Estados son captar líderes y altos cargos políticos electos, introducir a candidatos o partidos políticos procedentes del submundo criminal y financiar campañas y candidaturas de algún partido político”[3]. ¿En qué nivel estamos en México?
Luchar contra todo lo que implica la delincuencia organizada no es tarea sencilla y no creo que alguien lo perciba de esa manera; sin embargo, a pesar del poder económico y armado de los cárteles mexicanos su poder se fortalece más por la práctica de la corrupción política. En esencia es su mejor alianza, en ella se reproducen y crecen; y no hay alternativa que combatir a la par que a los grupos criminales, a los promotores de la corrupción política. Ese es el verdadero enemigo de México.
En opinión de Jorge Fernández Menéndez haciendo referencia a la impartición de justicia en México, señala que “con todo, el problema central no es la estrategia, es la política y nada es más grave que el profundo desfase que existe entre los tres órdenes de gobierno: la federación, los estados y los municipios, y los tres poderes de la Unión: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y la verdad es que la mayoría de los factores de poder, por las razones que sea, no se involucran en esta lucha. Sin la participación de los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión, no hay estrategia que pueda detener la inseguridad y lograr que se haga justicia. Lograr la operatividad del sistema como un todo es –debe ser- parte de un profundo trabajo político y de asumir una corresponsabilidad que en buena medida no existe. El problema es de política y requiere decisiones y soluciones políticas. Sin corresponsabilidad es imposible avanzar”[4]. Esto también es una forma de corrupción que favorece al trabajo delictivo.
Por más que se pretenda evitar o minimizar el fenómeno de la generalización de la corrupción política, se sabe que el incremento en los niveles y extensión de las actividades delictivas claramente ha dependido del apoyo implícito o explícito de funcionarios corruptos. “Los grupos de la delincuencia organizada han corrompido al sector público como medio para enfrentar a los Estados con impunidad y quebrantar el Estado de Derecho de forma cada vez más notoria en los últimos años. Por ello, controlar y luchar contra de la corrupción en este sector es una condición necesaria, si en verdad se pretende alcanzar un desarrollo político y económico sostenido que permita combatir la pobreza y las marcadas diferencias sociales…”[5].
Es preciso insistir en la efectividad de la crítica, en la generación de opinión que forma ciudadanos, asumiendo de manera responsable la función que cada uno tiene que realizar, en la difícil tarea de recuperar la seguridad comunitaria.
[1] Op.Cit. Francesco Forgione. Páginas 241 y 242.
[2] Ibid. Página 304.
[3] Ibid. Página 306.
[4] Ver. Justicia inútil. Jorge Fernández Menéndez y Bibiana Belsasso. Editorial Taurus. México, 2010. Página 26.
[5] Ver. Reflexiones en torno a la delincuencia organizada. IV. Corrupción y delincuencia organizada: modelo de relación e instrumentación para su combate. Edgardo Buscaglia, Samuel González Ruiz y César Prieto Palma. Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). México, 2005. Página 118.
