En el país hemos perdido la capacidad de asombro. Todavía no salimos del impacto negativo que provoca un hecho de violencia, a causa de la lucha entre cárteles o de estos contra las fuerzas armadas, y ya está en la escena nacional una nueva manifestación sanguinaria, cruel e intimidatoria. Esta incapacidad de respuesta gubernamental aleja cada vez más la esperanza de la población; no hay confianza en la autoridad y no se observa cómo pueda recuperar el terreno perdido. Aún cuando las críticas se centran en el Poder Ejecutivo Federal, el sentimiento generalizado es que el gobierno en su totalidad fue superado por el crimen organizado.
Chihuahua es un triste y lamentable ejemplo de la incapacidad de los gobernantes para garantizar uno de los fines fundamentales del Estado que es la seguridad de los ciudadanos y sus familias. El uso legítimo de la fuerza, la aplicación de la ley y la existencia de un sistema de justicia perdieron su exclusividad. Ahora son los grupos de delincuentes quienes compiten por esas atribuciones. Con sus variantes y particularidades, los delincuentes usan la fuerza con mayores niveles de eficiencia que los cuerpos de seguridad pública, aplican su ley con el uso de la violencia, el dinero que usan para corromper o infiltrar a funcionarios e instituciones; y, castigan a todo aquél que viola el código de su sistema de justicia criminal. Lo reservado al Estado dejó de existir y eso pone en riesgo al sistema político y social de México.
En esta lucha contra el crimen organizado, no estamos lejos de pensar que la debilidad mostrada por la autoridad sea un nuevo aliado, incluso el favorito, entre competidores políticos. El gobierno no se pone de acuerdo porque cada entidad federativa responde a intereses particulares, ya sea de tipo partidista o de élite política local; lo mismo ocurre en el contexto federal, donde los grupos políticos en disputa, privilegian el desgaste del presidente de la República como su acción estratégica más eficaz, para “arrebatar” el mando del Poder Ejecutivo.
No hay otra explicación. Dejar que el Presidente se “caiga” y seguir en la estrategia de debilitarlo al nivel de que sea imposible que su partido se mantenga en la presidencia de la República. Si esta es la apuesta de los competidores políticos; entonces no hay ninguna posibilidad para que las cosas cambien para Chihuahua, tampoco la realidad de los otros estados que están a merced de los traficantes. El sufrimiento seguirá marcando las vidas de las familias de esa entidad y el país continuará perdiendo su capacidad de asombro, por la violencia y las expresiones de terrible crueldad que son capaces de utilizar los criminales.
A nuestros políticos ya se les pasó la mano. Su actitud de revanchismo permanente no deja dudas de su limitada visión y su mezquindad hacia México. Su deseo por el poder es inaudito; ganar a toda costa. Da la impresión que no juraron la Constitución de la República sino el pensamiento de Vince Lombardi que inculcó entre sus jugadores “ganar no es todo; es lo único”. Si, ganar es lo que busca todo competidor; pero, a diferencia del entrenador que buscaba sacar lo mejor de sus jugadores, en los políticos debe prevalecer la vocación de servicio, un alto sentido del deber, un total compromiso con la Nación y un respeto absoluto por las instituciones formadas a través del Pacto Federal. Ganar el poder es vocación, no negocio ni patrimonio de nadie.
Ese ejercicio de la política nos muestra que la transición democrática carece de contenidos en bien de las tareas del Estado. Nuestra alternancia en el ejercicio del poder público sacó del viejo sistema político las conductas más retrógradas y egoístas que sujetan al país a su pasado de contradicciones, de simulación, donde la política era utilizada como el mecanismo privilegiado para el control social y público.
Vivimos un momento delicado de nuestra transición democrática, porque sumamos más descalabros que aciertos. La pobreza ya no es un exclusivo ejército de reserva de las militancias partidistas y de la manipulación de los programas sociales; ahora también es un lamentable espacio generador de sicarios o de jóvenes sin oportunidades al alcance de los cárteles. Las plazas laborales son pocas y mal pagadas, las madres solteras no tienen alternativas de apoyo que brinden comodidad al desarrollo de los hijos. Los barrios ya no son espacios de convivencia sino ghettos controlados por las bandas de delincuentes, muchachos o adolescentes que buscan el dinero fácil o una oportunidad de ser el mejor, aún en actividades ilícitas.
A todo esto debemos sumar que no cambió el ejercicio cotidiano de la corrupción y que, al contrario, se fortaleció la práctica de la indiferencia. Las malas costumbres que impiden que México sea un país más prospero prevalecieron; únicamente cambiaron los nombres y los hombres, pero las cosas siguieron el camino acostumbrado. Lamentablemente, la corrupción también cambio de administrador, ahora está en manos de los delincuentes, no como opción desvirtuada sino como salida obligada, porque la negativa cuesta la vida.
El gobernante ya no gobierna; se dedica a administrar el dinero público, a pagar nómina, asignar obras, a dar despensas y seguro popular, a dar discursos en actos y fechas oficiales; incluso, a dar sentidos pésames por las miles de vidas perdidas en la lucha contra los grupos de criminales. Sin embargo, no brindan seguridad, no aplican la justicia y menos combaten al crimen organizado. En los municipios las cosas no son diferentes, los alcaldes quieren de la seguridad únicamente las funciones de tránsito. Decir cuál es el interés está de más.
Estas anomalías son la causa de lo pasa en Ciudad Juárez. Ahí está el secuestro y asesinato de dos hermanos y la cuñada de la activista defensora de derechos humanos Josefina Reyes Salazar, que fue privada de la vida en enero y, al mes siguiente, tres de sus familiares corren la misma suerte. Las declaraciones de los responsables del gobierno solo atinan a descargar su responsabilidad en la llamada estrategia fallida del Presidente Calderón, como si eso regresara algo de lo mucho que ha perdido está familia, únicamente por no quedarse callada ante la violencia que viven. Como seres colectivos y solidarios, no podemos aceptar un “no” como respuesta. La autoridad tiene la obligación de tomar decisiones conjuntas que brinden resultados concretos. Sólo así abonarán a la recuperación de su limitada credibilidad.
La misma eficiencia mostrada en el esclarecimiento de la muerte del oficial Jaime Zapata, Jefe de la Unidad Tráfico y Contrabando de la Oficina de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, es la que tenemos que exigir, para encontrar a los culpables del asesinato de la activista Reyes Salazar y sus familiares. Tal vez, los políticos mexicanos no tengan respeto a sus iguales en funciones en los tres órdenes de gobierno, pero es claro que al gobierno de los Estados Unidos si le tienen un enorme respeto; tal vez porque ese país tiene el poder de veto en las aspiraciones del anhelado regreso al Poder Ejecutivo. Si así es, la cosa está fácil; mandemos cartas pidiendo al Presidente Barack Obama, o a la Secretaría de Estado, Hillary Rodham Clinton, su intervención para que este crimen no quede impune, al igual que los más de 35 mil homicidios cometidos en los últimos cuatro años y los más de once mil secuestros de migrantes, según reporta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En un ensayo sobre la combate al crimen organizado2006-2010, Felipe Curcó sostiene que “no sólo el gobierno mexicano, sino la clase política de nuestro país en su totalidad, los partidos de oposición incluidos, mantienen una farsa de dimensiones indignas y deleznables contra los ciudadanos”. Si más del 70 por ciento de los municipios del país están controlados -en menor o mayor medida- por la delincuencia organizada, entonces no es un exceso ni atrevimiento advertir sobre lo que nos dice Edgardo Buscaglia: “los narcotraficantes no sólo ejercen el poder criminal sino que ya construyen andamiajes para que sus cómplices se posicionen en las estructuras del poder político y empresarial del país”.
*Norberto Hernández Bautista, ex Presidente Consejero del Instituto Electoral del estado de México.
