¿En serio creen los senadores que con la información biométrica, además de los generales de todos los usuarios de teléfonos celulares se van a combatir la extorsión, el secuestro y toda clase de delitos?
El problema es la impunidad, la putrefacción y hediondez del sistema.
Las cárceles, donde están prohibidos esos aparatos, están llenas de teléfonos, de radios, de computadoras, de televisores o pantallas y más.
Y, por supuesto, de armas y droga.
Basta recordar que la impunidad en México ronda el 99 por ciento.
Sí, leyó bien.
De cien delitos que se cometen, sólo se castiga uno.
De cualquiera.
El Indice Global de Impunidad (IGI), que la Universidad de las Américas en Puebla (UDLAP) y el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) han elaborado desde 2017, señala que apenas el 1 por ciento de los delitos se sanciona.
Y aunque son diversas causas, destaca que las víctimas no denuncian, no acuden al ministerio público ni a un juzgado, porque no creen en la justicia ni en las leyes y porque, aseguran, difícilmente se dará con quien les atacó.
¿Quién no ha recibido una llamada telefónica de presuntos empleados de bancos o de cualquier otra empresa para ofrecerle un crédito, una nueva tarjeta, un auto nuevo o hasta una casa?
¿Cómo es que saben su nombre, su número telefónico, su salario y hasta el saldo de su o sus cuentas bancarias?
Basta recordar cómo los trepadores de Movimiento Ciudadano, el partido que inventó el vividor Dante Delgado Rannauro, publicaron en Amazon la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE) en 2016, o cómo los datos personales brincan de una computadora a otra y su nombre e información pueden aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar.
Los bancos de datos se venden, se trafican.
Ayer, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) advirtió de “riesgos latentes”, porque la legislación vulneraría la privacidad de los usuarios y su información personal.
Y por ahí andarán rodando su nombre, su dirección, su edad, sus rasgos y hasta la información de sus ojos y más.
Será un fracaso, se lo puedo asegurar.
Así como el bloqueo de celulares.
Ese que los dueños de los aparatos pueden solicitar a las empresas telefónicas proporcionando el IMEI y que presuntamente los deja inservibles.
O los usuarios no lo tienen, porque jamás se preocuparon por buscar ese número -el IMEI- o porque compraron el aparato usado en el mercado negro, donde la mayoría es robado, o porque lo ignoran.
Y eso que ya es un tema viejo.
¿Cómo harán, por ejemplo, para que los celulares de prisión dejen de funcionar?
Se lo pueden robar a cualquier samaritano y utilizarlo para extorsionar, para secuestrar.
Los malandros siempre encuentran la forma.
Como sucede con los taxis de aplicación.
Se supone que son más seguros que los callejeros, porque hay una base de datos.
Falso.
Asaltan a alguien, le quitan la tarjeta y el celular, solicitan el servicio y asaltan al conductor, al chofer.
Y así sucede todos los días.
Conclusión: es la impunidad.
Es ese 99 por ciento.
Recupera empleos Sonora
En Sonora, y pese a la epidemia de Covid-19, que le ha pegado a todo, el empleo formal se ha recuperado.
En el primer trimestre de este año, suma 29 mil 585 nuevos puestos registrados ante el IMSS.
Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora de Sonora para más señas, se ha concentrado en el desafío y ha encontrado soluciones, en conjunto con empresarios y trabajadores.
Sólo en marzo se crearon más de 6 mil nuevos empleos, para ubicar a Sonora en los tres primeros lugares a nivel nacional.
Vámonos: Sergio Mayer sacudió ayer a Morena y hasta al ocupante de Palacio Nacional: defendió la legalidad y el retiro de la candidatura a Guerrero a Félix Salgado Macedonio por no presentar su reporte de gastos de precampaña, como precandidato.
El trepador Gerardo Fernández Noroña se le fue a la yugular.
Le pidió tirarse al piso… como él.
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