Al arranque de su administración, el presidente López Obrador decidió eliminar programas sociales, probados y consolidados, de los gobiernos que le precedieron, los cuales ofrecían ayuda y servicios de calidad a las familias vulnerables.
En cambio, privilegió la entrega de dinero de manera directa, sin intermediarios, sin un rigor en la inscripción, sin reglas de operación y carente de controles, con el sólo objetivo de tener una herramienta clientelar que provocara un incremento artificial en el consumo de los pobres.
Así, de un plumazo desaparecieron programas probados y comprobados, reconocidos por su contribución a la disminución de la pobreza, tales como: Estancias Infantiles que apoyaba a madres trabajadoras, Apoyo a la Vivienda, Atención a Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal, Comedores Comunitarios, Apoyo a la Comercialización, Formación de Recursos Humanos por Competencias, Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad y Consolidación de reservas Urbanas.
Lo anterior, con la justificación de implementar los programas sociales prioritarios para la Transformación de 4ta. Programas que, en este último tramo del ejercicio 2019, reflejan no haber sido tan prioritarios que digamos, según los datos de la Secretaría de Hacienda.
En lo que va del presupuesto para el presente año, al menos cinco programas “prioritarios” del gobierno federal registran un subejercicio de 21 mil millones de pesos. Es decir, no se ha gastado el total presupuestado para los mismos. De los cuales destacan: Crédito Ganadero a la Palabra, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, el Programa de Mejoramiento Urbano y el Programa de Tandas para el Bienestar.
En el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, a pesar de los 40 mil millones de pesos presupuestados, hasta el momento sólo ha gastado un tercio (33%) de lo que se debería haber ejercido. Consecuentemente, arrancando el mes de agosto se anunció el cierre de registros a dicho programa.
A pesar del cacareo triunfalista de los programas sociales, por parte del gobierno, el subejercicio de estos contradice la versión optimista y, en el fondo, refleja una contención en el gasto derivado a problemas e inconsistencias en su operación, así como presumibles actos de corrupción y fraude, producto de un levantamiento de censo desordenado, ausencia de reglas en la inscripción de beneficiarios, un desorden operativo y deficiente control y supervisión en la entrega de los apoyos en efectivo.
Ejemplo de lo anterior, son las múltiples o miles de denuncias respecto a fraudes en la inscripción a los programas insignia del gobierno de 4ta.; tal es el caso detectado por la Secretaría de Economía en las Tandas del Bienestar, donde por una determinada cantidad de dinero, se ofrece la inscripción para recibir los apoyos del programa, por parte de los “servidores de la nación”.
También es el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, programa que acumula más de cinco mil quejas presentadas por sus beneficiarios, de las cuales destacan: jóvenes que denuncian que la capacitación en sus centros de trabajo no cumple con lo que les habían ofrecido en un principio e, incluso, hay casos donde los obligan a pagar un costo extra por asistir a cursos; adicionalmente, hay irregularidades en las empresas inscritas, existen retrasos en los pagos de los estímulos económicos y hay casos de moches solicitados por los tutores, para recibir parte del dinero otorgado a los becarios.
Por otro lado, Mexicanos Contra la Corrupción ha reportado múltiples incongruencias económicas y de registro, tanto de los centros de trabajo, como de los jóvenes inscritos al programa, tales como: un crecimiento estadístico improbable en el padrón de becarios y los centros de trabajo; los empleadores están identificados de forma vaga (“María Cristina”, “Abarrotes Alex”, “diputado federal”, etc.); las direcciones del centro de trabajo registrado no se encuentran o no existen; y los casos de empresas que aseguran haber tenido becarios en un breve período, pero ya no.
Consecuencia a lo anterior, no es casual que el gobierno federal prevea recortar el presupuesto a diversos programas, para 2020. Dónde el presupuesto del programa Jóvenes Construyendo el Futuro será ajustado casi a la mitad (-38%), en tanto, el programa Crédito Ganadero a la Palabra, sufrirá una disminución del – 75% y el programa de Tandas para el Bienestar -20%.
Con lo anteriormente expuesto, se evidencia que no son suficientes las buenas intenciones y que, como reza el refrán, “En arcas abiertas hasta el ser más justo peca”. Así, al dar manga ancha y dejar a discreción de los “Servidores de la Nación” el censo, la inscripción, la operación y la entrega de los programas sociales del gobierno federal, se abre el área de oportunidad al moche, al apoyo condicionado, al clientelismo, a la discrecionalidad (en favor de familiares, amigos y partidarios) y, lo que es peor, al derroche de miles de millones de pesos en favor de un sector afín de la población, excluyendo de los programas sociales a los que realmente lo necesitan.
