NICOLAS ROMERO, Mèx.- El director de la policía municipal Miguel Ángel Castillo y el jefe de control vehicular Francisco Martínez Santos enfrentan proceso de investigación en la Procuraduría de Justicia del Estado de México por los delitos de fraude y abuso de autoridad en perjuicio de al menos tres aspirantes a elementos de esa corporación a quienes desfalcaron con una cuota ilegal para permitir su ingreso en la agrupación.
Los denunciantes, Misael Lemus Martín y Rosalio González Rosas, afirmaron que el jefe de control vehicular Francisco Martínez Santos en diciembre de 2009 les exigió una cuota para ingresar como cadetes a la academia municipal de policía y con ello garantizar su alta en las filas de la corporación “cuota que fue de tres mil pesos en efectivo, nos presionó para entregárselo de lo contrario no nos darían de alta como policías”.
Dicha cuota fue variada en cada caso, pues Rosalio González aseguró “a mí me pidió en un inicio tres mil pesos que me aseguró no eran para él sino para el jefe, el comandante Castillo, que dijo es quien lleva las altas, después me pidió otros mil 500 para él por el favor”.
Los denunciantes han iniciado demandas por separado, que se suma a una tercera de otro afectado, y que ha sido radicada en la averiguación previa TLA/MR/III/1035/2010 en la mesa de responsabilidades de los servidores públicos en la Subprocuraduría de Justicia del Estado de México con sede en Tlalnepantla de Baz.
No obstante la entrega de dinero, ocho meses después no habían recibido ninguna respuesta, sino hasta el mes de junio de 2010 que se enteraron que tenían que presentarse a los exámenes en la Academia Municipal de Policía, “donde el instructor de resistencia física nos pidió más dinero para acreditarme en los exámenes al 100 por ciento”, pero después del informe de gobierno del alcalde Alejandro Castro ,el director de la academia Arturo Hurtado “nos dijo que no habíamos aprobado los exámenes, pero sin dar explicación del por qué ni mucho menos por escrito, nos dijo que no íbamos a entrar a la corporación y que hiciéramos lo que quisiéramos”.
Por último, los afectados denunciaron que han solicitado apoyo jurídico de un despacho de abogados el cual ha recibido amenazas vía telefónica para que “se haga a un lado del asunto, que se retire de la defensa de los defraudados” pues hay muchas anomalías en la dirección de seguridad pública que involucran al director Miguel Ángel Castillo que a la fecha no ha querido responder por el fraude cometido por su subordinado del que ya tiene conocimiento las autoridades locales a través de las actas CM/JUR/52/201052 y CM/JUR/53/2010 53 interpuestas en la Contraloría Municipal.
