TOLUCA, Méx.– En el marco del Operativo de Seguridad Mexiquense, en una acción coordinada entre elementos federales y estales, integrantes de la Base de Operaciones Mixtas en Ecatepec detuvieron a tres individuos, uno de ellos policía ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), a quienes se les relaciona con los delitos de extorsión y cohecho.
La movilización policiaca se llevó a cabo luego de que un hombre denunció haber sido privado de su libertad el pasado 13 de julio por varios sujetos, quienes le solicitaron dinero en efectivo a cambio de ayudarlo a resolver un problema legal, que presuntamente la víctima tenía.
Ante estos hechos cabe señalar que el Gobierno del Estado de México tiene una firme política de cero tolerancia a quienes infrinjan la ley y ha instruido que los malos elementos que utilizan su cargo para delinquir no tienen cabida en las Instituciones mexiquenses, por lo que el servidor público que cometa alguna conducta delictiva irá a la cárcel.
Por ello, inició una investigación minuciosa por parte de esta dependencia, mediante la que se ha podido establecer que en aquella ocasión, el ofendido fue trasladado a oficinas del Centro de Justicia de Tecámac, en donde presuntamente lo despojaron de dinero en efectivo y además al parecer lo obligaron a llamar por teléfono a su familia para que entregaran otra suma económica y un vehículo compacto, a cambio de ayudarlo a resolver un problema legal.
Los integrantes de la Base de Operaciones Mixtas (BOM) lograron así la detención de Marcelino Maturano Baena, Marcos Geovanny Ruíz Sánchez y Marcos Ruíz Vargas, este último elemento de la Policía Ministerial, cuando viajaban a bordo del vehículo compacto propiedad de la víctima.
Al momento del aseguramiento los probables responsables ofrecieron dinero a los elementos policiacos a cambio de no ser presentados ante el Ministerio Público, por lo que también se les relaciona con el delito de cohecho.
El Representante Social integró la Carpeta de Investigación respectiva y está recabando las pruebas en su contra para presentarlos ante la Autoridad Judicial.
La Procuraduría mexiquense tiene una política muy clara de cero tolerancia en contra de los servidores públicos que no actúen conforme a los principios que sus cargos les confieren como son honestidad y respeto a los derechos humanos.
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