Con los elementos de prueba aportados por la Procuraduría General de la República (PGR), el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, Estado de México, dictó auto de formal prisión contra siete personas, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de evasión de reo y, en dos casos, por fraude procesal, con motivo de la evasión de Joaquín Guzmán Loera del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, el pasado 11 de julio.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), encargada de las investigaciones, fue notificada por el órgano jurisdiccional referido en torno a que el pasado 24 de octubre dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en los ilícitos de evasión de preso y fraude procesal contra la persona que coordinó las negociaciones para la compra del predio desde donde se construyó el túnel hacia el penal.
Ese mismo día se dictó también auto de formal prisión por el delito de fraude procesal contra el individuo que transfirió la propiedad del mencionado predio.
A las otras cinco personas se les dictó auto de formal prisión por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de evasión de reo.
Entre estos cinco acusados se encuentra quien, utilizando su posición como coordinador de la defensa de Guzmán Loera, organizó la construcción del túnel, la fuga y el traslado del evadido hasta uno de los sitios donde primero se ocultó.
Otro de las personas sometidas a proceso penal es uno de los pilotos históricos de la organización criminal que encabeza el hoy fugitivo y que el pasado 11 de julio lo acompañó en el vuelo que lo llevó hasta su primer escondite. Este mismo acusado, por información proporcionada por diversas instancias de inteligencia, ha tenido participación en el trasiego de droga vía aérea.
Los otros tres imputados son un mecánico, la persona que habría pagado el dinero por el predio y quien se habría encargado de operar la aeropista utilizada durante la huida de Guzmán Loera.
La Procuraduría General de la República enfatiza que la investigación seguirá su curso hasta que sean detenidas y consignadas todas aquellas personas que, en estricto apego a las constancias legales y con total respeto a los derechos humanos, se acredite que participaron en la evasión del CEFERESO Número 1, Altiplano, el pasado 11 de julio.
