Hace algunos años apareció un libro sobre la realidad política y económica del país llamado México en la frontera del caos, de Andrés Oppenheimer. El caso es que ahora hemos rebasado la frontera y estamos dentro del caos. El poder del Estado ya no es más un poder único e indiscutible; esa efectividad de unidad se dio en la figura de un solo hombre y corresponde al viejo sistema político mexicano. La voluntad del presidente fue poderosa, vertical e indiscutible; su voz y su decir tenían el peso suficiente para quitar a un gobernador, un alcalde, diputado o senador. Los poderes llamados fácticos preferían el arreglo o el acuerdo con el huésped de Los Pinos que enfrentarlo o desafiarlo. Un acto en ese tenor podía tener costos altos; sentir el peso del poder político del Presidente en turno.
Llegaron los tiempos de la alternancia y las cosas tomaron un rumbo diferente. Se favoreció la libertad de expresión, la opinión pública empezó a ser sujeta de atención y cuidado; se dieron a conocer hechos que la sociedad sabía que sucedían, pero se permanecían ocultos. Por lo tanto, el poder presidencial ya no tiene el monopolio del poder, sobre todo aquél que sostenía el control político. Es evidente que los medios de comunicación, los periodistas, los analistas, los grupos empresariales, las Iglesias y los organismos no gubernamentales forman parte del poder que heredó la alternancia política.
Los hechos de gobierno son más públicos. Los funcionarios ya no son infalibles. Ya no hay fraudes patrióticos ni declaraciones populistas de un nacionalismo revolucionario mal entendido y aplicado. Son otros tiempos y otros los actores políticos y sociales que hacen posible el debate de los asuntos de gobierno.
Sin embargo, a esos sectores que influyen en el ejercicio del poder y en su división se ha sumado el poder del crimen organizado. Su presencia es innegable y llega al extremo de competir territorio al poder del Estado, si así es su propósito. Nadie puede sustraerse de esa realidad porque forma parte de la práctica cotidiana de gobernar; es referencia obligada de empresarios al definir si invierten en el país o de las agencias de viajes extranjeras cuando recomiendan visitar o no el territorio nacional. De hecho, los socios comerciales de México han mostrado su preocupación por los hechos y tipo de violencia que practican los grupos criminales. Según el especialista Edgardo Buscaglia, la delincuencia organizada tiene presencia o controla el 80 por ciento de los municipios, ya sea por el poder económico o por el sometimiento que deriva de su poder armado.
Frente a ese poder, los gobiernos están perdiendo la batalla y no se observa cómo revertir esa tendencia o percepción. Fundamentalmente porque los únicos que pueden enfrentar con éxito a los grupos criminales no están dispuestos al acuerdo que lo haga posible. La apuesta es ganar elecciones. Nuestra clase política no está dispuesta a establecer un pacto de Estado que recupere el control del poder público, que restablezca el Estado de Derecho y la confianza en las instituciones públicas. Mientras esa voluntad política no se manifieste y acepte ir al diseño de un pacto no será posible combatir a la delincuencia cada vez más organizada, sofisticada y global.
La realidad de varias entidades del país y de miles de municipios se define por el control, temor o sometimiento a los grupos de narcotraficantes. De hecho, la intimidación y la corrupción son dos de los procesos privilegiados antes de ejercer su poder armado. A pesar de los cerca de 29 mil asesinatos, por la lucha contra los cárteles de la droga, podemos compartir que su arma principal no es el asesinato sino la intimidación y que su mayor activo es recibir protección a sus actividades a cambio de corromper a los encargados de combatirlos.
Ya en posesión o dominio del territorio, según el caso, los delincuentes se presentan como “protectores” de los comercios establecidos, de sectores productivos o de ciertas ramas de la actividad productiva. Hecho que se ha denunciado en Veracruz, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, entre otros estados y municipios. La venta de “protección privada” es una derivación del crimen organizado. Frente a la lucha que sostienen con otros grupos criminales es su manera de sustituir el vacío que deja un Estado ausente, débil o desacreditado en una tarea, en principio, fundamental, la seguridad pública.
La delincuencia organizada ahora cobra un “impuesto paralelo y clandestino”, en sustitución del Estado. Este tributo viene a ser una síntesis del impuesto sobre la renta, de los aranceles aduaneros o los impuestos y derechos municipales. La recaudación de este impuesto, es el signo más concreto del control territorial ejercido por los cárteles de la droga. Es un desafío a la autoridad que hasta ahora se ignora, no por desconocimiento o incapacidad; sino por indiferencia y corrupción.
Sumado al poder paralelo que compite con el Estado; la delincuencia organizada tiene cualidades que la hace más efectiva que la autoridad formal y legitima: son adaptables a cualquier realidad; son mutantes y flexibles. Por eso se permiten desafiar y esquivar la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de la seguridad pública.
Frente al dinamismo de la delincuencia, los gobiernos y el resto de los poderes públicos se muestran lentos, descoordinados y sin voluntad para superar el desafío de enfrentar al poder real de la organización criminal. De ahí que la desconfianza social se fortalezca más al suponer como una verdad oculta que los verdaderos intocables de la jerarquía criminal están en el seno de la clase alta, compuesta por empresarios, banqueros, políticos y altos ejecutivos.
Lo que es evidente es que existe una fuerza arraigada en franca competencia a la autoridad. Su cobertura territorial le atribuye poder político; y eso le permite ejercer un mayor sometimiento vía la extorsión económica, la intimidación y el apoyo a causas comunitarias. Con preocupación, se está permeando en la población que los criminales están llegando a tener mayor peso que la autoridad oficial. Esto provoca que la indefensión sea otra forma de sometimiento y de arraigo territorial.
El extremo es que ahora el concepto de soberanía, tan defendido en nuestras clases de derecho y ciencia política, se esté limitando a ser una ficción, un autoengaño ante el poder y dominio que ejercen los grupos de la delincuencia organizada. Eso es el penoso reflejo de la debilidad del Estado, corrompido e incapaz de imponerse como único centro de poder territorial.
El que estos hechos se presenten o lo hayan padecido en otros países no puede ser nuestra justificación; todas, la más lamentable o la más exitosa son experiencias que atender, de las que hay que aprender, pero no son nuestras, no son nuestra casa. Si ya vimos el sufrimiento de otros pueblos, de otras sociedades humanas y lo difícil que es superar el reto de la descomposición del Estado; ¿Por qué seguir en la negación? ¿Por qué insistir en llevar México hacia el caos?
Las denuncias que se llegan a difundir -por los medios de comunicación locales y nacionales- nos refieren la práctica de la extorsión como una actividad cotidiana, y eso se puede interpretar como el indicador de una influencia real, de la existencia de un poder concreto. Para los narcotraficantes la extorsión es un signo tangible de dominio, un acto de soberanía territorial y el reflejo de una condición permanente de su poder.
El cobro de derecho de piso, el pago de la extorsión, la corrupción como forma de cooptación política y la infiltración como medio de expansión y dominio hace suponer que la delincuencia organizada puede conseguir representar la autoridad mejor que el propio Estado. Ya no son más un anti Estado; están logrando ser un Estado paralelo.
La capacidad económica de la delincuencia organizada, su poder armado y el arraigo territorial esta minando la confianza y la esperanza de la población. Su dominio ha llegado a reflejar que son capaces de ocupar el vacío y la falta de presencia de la autoridad estatal. En concreto, han aprovechado la debilidad e ineficacia del Estado.
Los hechos de violencia puestos a la vista de todos: asesinatos masivos, políticos y funcionarios caídos, la violencia en contra de los periodistas y los atentados a medios de comunicación, la intimidación en contra de gobernadores y el asesinato de once presidentes municipales en lo que va de este año ponen a consideración la existencia de un Estado paralelo que actúa abiertamente contra el gobierno, que corrompe jueces, policías, políticos, que cobra impuestos y promueve la narcocultura.
Por el momento, el crimen organizado está donde quiere estar y el Estado, con sus poderes públicos y niveles de gobierno, no ha podido evitarlo.
*Ex consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México.
