México tiene petróleo, Brasil tiene petróleo, Venezuela tiene petróleo, Argentina tiene petróleo, pero Bolivia tiene la hoja de coca, que se produce generosamente en su suelo y clima privilegiado. Pero al igual que es su riqueza, es también su desgracia. Esta nación —donde fue asesinado “el Che” Guevara, el emblemático guerrillero argentino— forma parte de la comunidad andina y se ha convertido en referencia del poder destructor del crimen organizado trasnacional.
Es un mono-productor minero que sufre de las caídas del estaño en el mercado internacional, pero su recurso renovable de más alto valor es la coca. En su extenso territorio, crece la planta en dos áreas subtropicales, una conocida como la región de Yungas, ubicada en el departamento de La Paz, y la otra conocida como del Chapare, localizada en el departamento de Cochabamba.
Desde la dictadura del general Hugo Banzer Suárez (1971-1978), se consolidó la relación desde las más altas esferas del gobierno y de la milicia con el poder económico del creciente negocio del narcotráfico. Se sabe que el golpe militar que lo llevó al poder fue financiado por José Gasser, un conocido productor y comerciante de coca. El dictador Banzer renunció al gobierno en julio de 1978, en un momento en que su secretario privado, su yerno, su sobrino y su esposa estaban bajo sospecha por traficar con cocaína en los Estados Unidos y Canadá.
Un actor de primer orden en la relación perversa de droga y política fue el conocido “rey de la cocaína”, Roberto Suárez Gómez, persona querida y apreciada por sus paisanos por el enorme poder que acumuló y que utilizó para llevar beneficios a comunidades pobres. Los autores Amado Canelas Orellana y Juan Carlos Canelas Zannier, afirman que la popularidad de Suárez aumentó debido a que sus riquezas se originaron “en la depravación de los yanquis (…) en vez de saquear las arcas del Estado.
Desde la década de los setenta, Suárez Gómez, empresario de origen, se dio cuenta de las ganancias que podría obtener con la coca, por lo que se convirtió en un intermediario entre los productores bolivianos y los compradores colombianos. Para 1980, había tomado el control total de la producción y comercialización de la cocaína a nivel nacional. Logró elevar y mantener el precio de venta a los narcotraficantes colombianos del sulfato base hasta nueve mil dólares americanos por kilogramo, con lo que el narcotráfico dejaba, por primera vez en la historia, millonarias ganancias a los bolivianos. Incluso, llegó a considerar que podría pagar en treinta y seis meses la deuda externa del país, que por esos años ascendía a tres mil millones de dólares americanos.
Con el monopolio de la coca boliviana en sus manos, Suárez creo “La Corporación” y en el país no se movía un solo gramo de cocaína sin su consentimiento. Su acierto fue reunir a los productores de coca y cocaína en una sola organización a la que los norteamericanos llamaron “la General Motors de la cocaína”. Su principal alianza comercial la tuvo con los traficantes colombianos Pablo Escobar, Gustavo Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha, Santiago Campos, Jairo Restrepo, Pablo Correa, Carlos Lehder, los Ochoa, los Rodríguez Orehuela, los Mejía, entre otros.
Cuando el breve gobierno de su primera presidenta, Lidia Gueiler, se mostró hostil contra el tráfico de drogas, el ejército planeó un golpe de Estado y en julio de 1980 derrocó al sucesor legítimo, Hernán Siles Zuazo, tres semanas después de las elecciones presidenciales. El golpe fue respaldado por Suárez y su mafia del narcotráfico, así como por la dictadura argentina y la CIA. Se formó así el primer narco-Estado en el continente americano. Para envidia de los políticos mexicanos.
Consolidó su alianza estratégica con el dictador Luis García Meza, que gobernó Bolivia entre julio de 1980 y agosto de 1981. A este golpe de Estado se le conoció como el golpe de la cocaína. El militar, tan pronto como tomó control del gobierno boliviano, liberó de la cárcel a mafiosos relacionados con el tráfico de cocaína. Destruyó sus expedientes criminales y reprimió a todo aquel que desafiara sus políticas, mientras su grupo de militares se hacían de millones de dólares por sobornos provenientes de los narcotraficantes. Por medio del ministro del interior, el coronel Luis Arce Gómez, se llegó a un acuerdo entre el ejército y los traficantes, donde estos pagarían un “impuesto” sobre los embarques, para poder trabajar sin inconvenientes.
En general, el narcotráfico, la producción y venta de la cocaína boliviana cobró relevancia por ser una acción concertada y practicada por altos miembros de la dictadura militar, sus familiares, políticos y colaboradores cercanos. Se valieron de la inmunidad local, amparados por el uso y abuso del poder político y echaron mano de la inmunidad diplomática cuando la oportunidad se presentó. Todo el aparato a su servicio para mover cocaína y obtener ganancias de un negocio sin igual.
Los ríos de dinero, los millones de dólares, fueron útiles para quitar y poner presidentes en Bolivia, para hacer nuevos ricos, para violentar la paz del pueblo que creyó en la ganancia del dinero fácil, a pesar de saber del factor destructor de esa riqueza. El poder de la coca llegó hasta Cuba, Panamá, Colombia, pisó Nicaragua y sirvió a Costa Rica en la misma forma que lo hacía en Bolivia.
El 5 de enero de 1982, Roberto Suárez se reunió en Panamá con Pablo Escobar y el general Manuel Antonio Noriega. En ese encuentro, Noriega informó a Escobar y Suárez que necesitaban financiar la última etapa de la campaña de Luis Alberto Monge, candidato a la presidencia de Costa Rica, por el Partido de Liberación Nacional (PLN). Al día siguiente se reunieron con el político costarricense, al que entregaron dos millones de dólares en efectivo para impulsar el último mes de su campaña. Así es como garantizaron el libre acceso a la provincia de Puerto Limón, desde donde recogían los cargamentos de droga boliviana que llegaban de Colombia con destino a la Florida. Monge ganó y ellos también.
Bolivia tiene el problema arraigado desde hace décadas, lejos de aminorar, la actividad del narcotráfico ha crecido. Los grupos pelean en el territorio por el control de las actividades ilícitas. Los jueces y litigantes son blancos fáciles de ataques y agresiones poco claras, restos humanos son hallados cotidianamente y las fábricas manuales de cocaína se multiplican cerca de las principales ciudades del país; sin embargo, el discurso oficial señala que no hay presencia de cárteles de la droga.
La situación de Bolivia es de alto y creciente riesgo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) ha advertido que un aumento de la violencia es casi inevitable si Bolivia mantiene su posición como país productor y punto de tránsito para las drogas. Por su parte, el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana (ONSC) de Bolivia, en 2013, registró 762 pandillas en el país, con más de 25 mil miembros. La mayor parte de ellas concentradas en La Paz (261), Santa Cruz (169) y Cochabamba (106).
Adicionalmente, la reconfiguración del crimen organizado en Latinoamérica también impacta a Bolivia. Los colombianos llevan décadas interesados en la coca boliviana, pero este ha crecido en los últimos diez años. Utilizando la base peruana y el suelo de Bolivia, los colombianos pueden producir un kilo de cocaína de alta calidad por debajo de los dos mil dólares y venderlo en Sao Paulo o Buenos Aires hasta en ocho mil dólares, pero además de la ganancia económica no corren ningún riesgo de interdicción o legal que los ponga en la antesala de la extradición a los Estado Unidos. De hecho, los colombianos están produciendo cocaína de alta pureza en Bolivia para enviar una parte a Brasil y Argentina y el resto a Europa o Asía.
Los criminales brasileños también han fortalecido su presencia en Bolivia para asegurar el suministro de cocaína y sus derivados. Los más poderosos grupos del crimen organizado trasnacional de Brasil, como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), fundadas al interior del brutal sistema penitenciario brasileño, controlan la venta de drogas en Sao Paulo y Río de Janeiro, y se han extendido por todo Brasil. En Bolivia están ubicados principalmente en los departamentos fronterizos de Beni y Santa Cruz.
Es evidente que la presencia de los narcos de alto nivel acelerará el proceso de corrupción de las instituciones policiales y judiciales e impactará la arena política, como ocurre en México. El pronóstico es pesimista. Los narcotraficantes no tienen fronteras, no tienen ni enfrentan límites jurídicos, no se limitan por procesos del orden burocrático, no tienen ideología; no tienen grupo, no tienen partido político, tienen intereses o tal vez uno: el dinero y muchas veces en mayor disponibilidad que el gobierno mismo.
El oro blanco es más rentable que el oro negro, pero ambos tienen un ingrediente que destruye comunidades enteras donde se encuentren, pero su mayor daño es su capacidad de corromper a políticos, empresarios, artistas y a gobiernos expuestos.
