Durante doce años, el país fue gobernado bajo el esquema de la alternancia en el Poder Ejecutivo federal. Si bien esta ya se ejercía en estados y municipios, en el año 2000 fue la primera vez que sucedía en la presidencia de la República. Lamentablemente, esa alternancia nunca se consolidó en una transición político-democrática. Nunca existió ni se originó un Pacto de Estado que abriera un nuevo horizonte para el desarrollo del país. Los recién llegados al poder carecían de la experiencia y los cuadros para gobernar; algunos dicen que en el segundo sexenio se gobernó con amigos y para los amigos. Esa fue la mayor debilidad de nuestra alternancia política, cuyo origen electoral se debió más al hartazgo social que a un proyecto de nación encabezado por la oposición.
Vivimos dos periodos de gobierno donde la confrontación impidió el crecimiento económico; en consecuencia se disparó la pobreza, la marginación y los desequilibrios comunitarios; entre ellos, la inseguridad pública que tiene al país en un baño de sangre, con miles de muertos y miles de desaparecidos. La alternancia no derivó en una presidencia fuerte sino en una instancia errática, donde pareciera que dejó pasar el tiempo como estrategia, en vez de ocuparse de tender los puentes, para llegar a los acuerdos para combatir al verdadero enemigo de México: la desigualdad.
Esta vez, nuevamente tenemos una oportunidad para avanzar por el camino de una transición democrática y no tenemos el derecho para desaprovecharla. Es la premisa fundamental para promover los cambios que le urgen a México. Este escenario exige de los actores políticos poner en la mesa del debate las reformas estructurales necesarias, que incrementen las posibilidades de mayor bienestar a la población. Millones de pobres, millones de jóvenes sin oportunidades son una razón suficiente para hacerlo.
El Ejecutivo Federal ha hecho lo propio, lo que es su responsabilidad, enviar al Poder Legislativo las iniciativas que considera oportunas y a este corresponde analizarlas, reformarlas o, incluso, rechazarlas; pero siempre bajo el estricto debate cameral, donde prevalezca el peso de las ideas, las propuestas y los razonamientos. Eso es lo que naturalmente se espera o se esperaba de las cámaras legislativas, desafortunadamente su actuación ha dejado mucho que desear y se observa un poder sin liderazgo, que deja la carga de la prueba en manos de quien propone las iniciativas. Se excluye del debate, porque no es capaz de sentar a los actores en una mesa de diálogo resolutivo, donde las partes expresen libremente lo que consideran sus argumentos. Lo que es más lamentable, se ha subordinado a la estrategia mediática de medios de comunicación. Temen más a la crítica de la televisión que a la crítica de la sociedad, temen más al costo político que a la desestabilización del país.
El Poder Legislativo está tan desprestigiado que su simple aprobación mayoritaria no le ayuda al presidente de México. Carentes de visión política, se han concretado a votar las iniciativas lejos del escrutinio público. Es válido, y políticamente un acierto, acordar las reformas estructurales dentro del Pacto por México. Sin embargo, eso no implica excluir el necesario debate cameral ni que el Poder Legislativo se limite a levantar vergonzosamente el dedo y decir voto a favor. Ahí está el punto de quiebre que tiene al país al borde del conflicto social y en los límites de utilizar la fuerza para recuperar la paz pública. Los legisladores son los responsables de lo que en este momento sucede en las calles, de los bloqueos y las limitaciones a la libre circulación de los ciudadanos. Su no hacer, su negación a cumplir con su deber político tiene a México con el semáforo en rojo.
Es penoso escuchar a diputados o senadores que los manifestantes no van a doblar al Poder Legislativo, que no van a impedir que se aprueben las reformas. Eso está fuera de duda, y es absurdo decirlo, lo que queremos escuchar es un llamado a un verdadero debate nacional, de frente a la opinión pública, apoyado por los medios de comunicación a quienes tienen tanto miedo o tanto respeto. Si de esa mesa, se determina que las reformas son procedentes, entonces serán legítimas y no habría marcha o movilización que las pueda impedir. Sólo así el Poder Legislativo tendría el acuerdo social para impulsarlas y realmente le estaría ayudando al presidente de México. Lo que hemos visto hasta el momento está lejos de esta propuesta y se acercan más a incrementar los niveles del conflicto social.
Dirán que eso no es cierto, que ellos han estado abiertos al diálogo y que los manifestantes son radicales y hacen oídos sordos a toda propuesta y que únicamente quieren imponer su razón que, según ellos, está cimentada en la intransigencia. Al menos eso es lo que han dejado ver y escuchar en las distintas entrevistas u opiniones hechas ante medios de comunicación. Todo parece ser un juego tan perverso como tramposo y tal pareciera que encierran una estrategia de desgaste al propio gobierno federal. Su actitud, es por el momento, el núcleo de poder público que más daño le está haciendo al Poder Ejecutivo. Si a esto sumamos la presión que vienen ejerciendo algunos medios de comunicación, las cosas se acercan a un punto de alto riesgo que, indudablemente, puede superar a lo sucedido durante el movimiento estudiantil del 68.
Seguimos siendo víctimas de la alternancia a la que le negamos su tránsito a la democracia. Se simula el debate franco y abierto; se apuesta por el fracaso de las iniciativas, aunque públicamente se diga lo contrario. El supuesto apoyo del legislativo al gobierno se ha convertido en una de sus más pesadas cargas, porque ha sacado de las cámaras el debate, para que se ventile en las calles y en los medios de comunicación. Esto también ha provocado que los medios transiten de su mera tarea de informar a la facultad política de tirar línea, para legitimar o deslegitimar lo que consideren de su interés.
Resulta oportuno citar lo dicho por Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República, hombre de reconocida experiencia política y respetado dentro y fuera de los partidos políticos: los gobierno débiles utilizan la fuerza, los gobiernos fuertes son capaces de ser tolerantes”. Esto se resume en un llamado a la prudencia, a la tolerancia sin alejarse de la firmeza. Hay otras declaraciones totalmente contrarias a lo dicho por el procurador, como las dirigidas al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que garantice el libre tránsito con el uso de la fuerza pública, o las que dicen que el gobierno fue doblado por los paristas con el ánimo de que reaccione echando mano de la fuerza pública, para reprimir a los marchistas. Al parecer, se apuesta a que alguien encienda la mecha, lance la primera piedra o que caiga el primer muerto. Vale decirles a los señores legisladores o líderes camerales que esto no es un juego, no es un pleito de barrio, no es un “tirito” entre dos: está de por medio la estabilidad nacional.
Los que protestan no necesariamente tienen razón, pero tampoco se les puede descalificar sin ser escuchados. Es decir, no pueden ser condenados sin ser vencidos en juicio. Es un simple y elemental derecho. Si no tienen razón, si sus peticiones escapan al interés nacional o se oponen a él, entonces hay que hacerlo público y demostrar fehacientemente que no les asiste la razón, que sus propuestas son unilaterales y fuera de toda lógica posible. Una vez cumplido este proceso básico ya no habría justificación alguna para oponerse a las reformas. Sacar una iniciativa por unanimidad es casi imposible, pero si sacar una reforma de consenso, donde prevalezca el interés de la mayoría. Si luego de escuchar a las partes, prevalece una oposición beligerante, el Estado tiene el pleno derecho de recurrir al uso legítimo de la fuerza pública.
De poco ayudan las declaraciones demagógicas, absurdas, como esa de echarles agua a los manifestantes para que se vayan. Todos coincidimos en la necesidad de las reformas estructurales, pero estás sólo son viables si las cámaras legislativas asumen su responsabilidad de debatir y ver cómo son viables a partir de ser legales y legítimas. Sólo si se debate, si se analizan franca y abiertamente las iniciativas estaremos apoyando al Ejecutivo Federal y el país tendrá mayores posibilidades de salir de su endémico atraso.
Apostemos porque el Poder Legislativo recupere su dignidad, su altura política dentro del Pacto Federal. Un buen principio sería regresar el debate a las cámaras y sacarlo de la manipulación mediática de los medios de comunicación. Recordemos que los medios te pueden hacer y siguiendo esa misma lógica te pueden destruir; sólo que está vez estarían destruyendo al país, no a una personalidad o figura pública.
Por encima de todo evitemos la confrontación, evitemos la violencia.
