Fui a una reunión en la que me hice acompañar de mis amigos Claudia y Pepe; mientras esperábamos, este último me preguntó algo simple y tan profundo que me dejó pensativo por un momento. Guardé silencio y traté de poner en orden mis ideas porque la respuesta merecía una reflexión serena y profunda por sus implicaciones en la vida de los mexicanos. ¿Trump cumplirá lo que dijo en contra de México?; en segundos recordé los años de los gobiernos de los presidentes José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado, pero también las dificultades vividas por millones de familias que pagaron los errores cometidos por sus gobernantes; el alto costo pagado por la población por la larga lista de excesos de una clase política acostumbrada al abuso del poder, al uso personal de las arcas públicas y acostumbrada a imponer su santa voluntad en el destino del país.
Sin tantos detalles, compartí con ellos que en la segundo mitad de los setentas y primera de los años ochentas, la pobreza se expandió como enredadera en tierra fértil, el campo quedó abandonado, el sector pesquero vivió un pésimo momento, cayó el sector de la construcción, el dólar se devalúo, la inflación rompió record, la fuga de capitales paralizó a la economía nacional, los cinturones de miseria crecieron, el desempleo y el subempleo fue el binomio que marcó a los desesperados padres de familia que no alcanzaban a llevar el alimento a los hijos. Ante el daño causado a las familias mexicanas, el presidente López Portillo recurrió a sus mejores dotes de populismo, a su demagogia: “soy responsable del timón pero no de la tormenta”; “Ya nos saqueron… ¡no nos volverán a saquear!”. Jolopo, como se le conocía, se deprimió tanto que se divorció de Doña Carmen Romano y se fue a vivir con Sasha Montenegro, la estrella de cine de ficheras de los años ochenta. La respuesta popular vino del comediante Jesús Martínez “Palillo” que puso en escena la sátira: “¡Agarren a López por Pillo¡”. Tal era la desgracia nacional que la administración del presidente De la Madrid se autonombró el sexenio de la renovación moral.
Por esos años, los Estados Unidos, como seguramente sucederá con el presidente Donald Trump, cerraron su frontera a productos mexicanos que tenían como su principal comprador al mercado de consumo norteamericano. De pronto, productos nacionales se toparon con el muro proteccionista del vecino del norte; en julio de 1980, los pescadores mexicanos recibieron la noticia del tristemente célebre embargo atunero; con dificultades se superaron las controversias, pero en 1990 vino un segundo embargo que afectó significativamente al sector. Según Genoveva Portilla, el segundo embargo frenó el desarrollo de la industria atunera mexicana, desaparecieron 40 mil empleos, se perdió el 40 por ciento del a flota comercial y se registraron pérdidas anuales hasta por 150 millones de dólares. Si sumamos los empleos indirectos y las actividades de la microeconomía ligadas a esta actividad pesquera, los costos fueron mayores y las afectaciones a las familias fueron devastadoras. Bien a bien este embargo se terminó hasta 2004 cuando el departamento de comercio americano dio por terminada la prohibición. Así fue con gobiernos más o menos cordiales con México. ¿Qué pasará con Trump?.
Con la producción de aguacate mexicano ocurrió algo similar al embargo atunero. Su incursión al mercado norteamericano se logró hasta 1997 cuando se levantaron parcialmente las restricciones comerciales, luego de 83 años de embargo. A partir de ese año, las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos alcanzaron el 60 por ciento del total nacional. Esto significa, simple y llanamente, que ese país es el principal mercado de exportación para México. Michoacán es el productor número uno de aguacate, al representar el 70 por ciento del total nacional. El segundo estado en importancia es Nayarit, pero apenas registra el 4.5 por ciento de la producción. De acuerdo con Víctor Hugo Gómez Preciado, en Michoacán la producción de aguacate genera una derrama de 750 millones de pesos anuales, la creación de 40 mil empleos permanentes, 9 millones de jornales al año y 60 mil empleos estacionales ligados a actividades indirectas. Si al señor Trump se le ocurre imponer nuevamente alguna restricción con el pretexto que sea, las consecuencias para el país, principalmente para Michoacán, serían lamentables. Si agregamos el pago del derecho de piso que la agroindustria local paga al crimen organizado, las consecuencias son de pronóstico reservado; sobre todo cuando los gobernadores han sido un cero a la izquierda en garantizar la seguridad a la población y al aparato productivo de la entidad.
Con el limón sucede algo similar. Su producción se realiza en Colima, Guerrero, Michoacán y Oaxaca y, para variar, el mercado principal es el norteamericano. En el 2009, ese mercado concentró el 99.6 del total de las exportaciones. ¿Y si se enoja el presidente Trump que va a pasar en esos estados productores?. Hasta donde estoy enterado en Guerrero la única industria que ha prosperado es la industria del crimen; en Oaxaca el único que ha prosperado en los últimos seis años fue el gobernador saliente, Gabino Cue Monteagudo, por el desfalco al erario público; y, en Colima lo que dejaba o deja es la producción de anfetaminas y los únicos grupos en expansión empresarial han sido los “Zetas” y los “Caballeros Templarios” por el dominio sobre los productores mineros y el control de los puertos.
Han pasado 46 años y la clase política mexicana no ha entendido ni superado su absoluta dependencia de los Estados Unidos. Sigue siendo un país subordinado comercial y políticamente al humor del gobierno norteamericano con todo y la firma del tratado de libre comercio que el presidente Trump puede modificar por un acto unilateral, aunque este sea un claro y franco atropello a las normas de comercio internacional. México ya ha padecido este tipo de actos unilaterales como ha quedado demostrado como el atún y el aguacate, pero de nuestras limitaciones no son responsables los gobiernos norteamericanos. Nuestros gobernantes han tomado decisiones equivocadas y, a pesar de la globalización, seguimos subordinados a una economía de mercado altamente proteccionista cuando así conviene a su interés.
El stablishment no sabe qué hacer, no tiene idea que rumbo tomar, solo esperan las elecciones para ratificarse en el poder, alternar en el ejercicio del gobierno sin que esto cambie las condiciones de vida de la población. Sin embargo, existe un detalle que han pasado por alto. La población está cansada de su incapacidad, de su indiferencia y de sus excesos. No hay distinción entre partidos y políticos, para la ciudadanía unos son tan corruptos como los otros y la manera de quitarse el yugo de la impunidad es acudir a las urnas y votar en contra de lo que representan. Esa ha sido la tendencia y la constante que ha marcado la decisión de los ingleses para dejar la comunidad europea, de los españoles para rechazar el dominio y repartición del poder entre socialistas y el partido popular; y, de los colombianos para demostrar su desacuerdo con el pacto que deja sin justicia a las víctimas de años de violencia extrema. Precisamente, el hartazgo hacia los políticos de siempre, hacia los profesionales de la política que se repartían el poder fue lo que llevó a Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos; fue un voto contra el stablishment norteamericano por desgastado, por mentiroso y por impopular. ¿Ganó Trump? seguramente no; votaron en contra de los otros, de los de siempre.
Cómo pedir un voto de confianza a las familias mexicanas ante la evidencia avasalladora de tanta corrupción practicada y extendida por sus propios gobernantes. Es dramático lo que sucede en el país, el mundillo de corrupción en el que se mueven los representantes de los intereses del país. Dos ex gobernadores de Tamaulipas perseguidos por la justicia norteamericana por vínculos con el crimen organizado; un gobernador de Veracruz prófugo de la justicia por saquear la entidad y dejarla en banca rota; un ex gobernador de Coahuila que fue detenido en España, que es investigado en los Estados Unidos por ligas con el narcotráfico y que dejó una deuda inexplicable en el estado que gobernó; otro ex gobernador de Quintana Roo que se compró una línea aérea para uso personal y de su familia, que se robó terrenos de alta rentabilidad turística y que hizo lo que quiso con la hacienda pública; otro ex gobernador de Sonora que está formalmente preso, un ex gobernador de Chihuahua que se compró su banco con dinero público, que se apropió de terrenos y que uso el poder público a su entera satisfacción personal y un gobernador en funciones en Baja California que ya registra un enriquecimiento inexplicable. Y todavía falta lo que salga de los gobernadores que dejan el cargo en Oaxaca, Durango y Sinaloa.
El stablishment mexicano está agotado, se ha roto el vínculo de complicidad donde la alternancia en el poder por sí misma no es garantía de nada. Es momento de reforma políticamente al Estado.
