TLALNEPANTLA, Méx.- El gobierno municipal de esta ciudad está secuestrado por pseudo servidores públicos que se dedican a extorsionar a la iniciativa privada, sobre todo al pequeño y mediano empresario, así como comercio establecido, por lo que funcionarios de la actual administración han sido denunciados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México por extorsión, amenazas y abuso de autoridad.
Así lo dieron a conocer empresarios del Centro Histórico de Tlalnepantla de Baz, quienes en conferencia de prensa presentaron diversos casos de extorsión que han sufrido.
Gustavo Ávila Benítez, señaló como principal responsable de la ola de extorsión que sufre la iniciativa privada de Tlalnepantla, a Enrique Novella Torres, Director de Normatividad, quien ya fue denunciado ante la PGJEM y la Contraloría Interna del Ayuntamiento que preside el priísta Arturo Ugalde Meneses.
Ante tal panorama, Ávila Benítez anunció que iniciará un movimiento ciudadano para crear el Frente Común Contra la Corrupción en Tlalnepantla, el cual dará asesoría jurídica a más empresarios y comerciantes afectados, quienes incluso tienen que pagar “mordidas” entre 30 y 50 mil pesos para que los dejen trabajar. CORRUPCIÓN AUMENTA GASTOS A EMPRESARIOS
La corrupción incrementa 10% los gastos de los empresarios de la entidad, quienes tienen que dar “mordidas” para abrir nuevas empresas o revalidar autorizaciones de las mismas, sobre todo por la tramitología existente, que en algunos casos exige cumplir hasta 65 requisitos.
César Pereda Rodríguez, presidente de la Asociación de Industriales del Estado de México (AIEM), afirmó que la corrupción representa un gasto adicional para los empresarios mexiquenses, que destinan 10% para atender este rubro.
Agregó que la tramitología que impera en los gobiernos municipal, estatal y federal propicia la corrupción, pues los funcionarios encargados de expedir autorizaciones o licencias ponen trabas para obtener ganancias extras.
“El problema de la corrupción ocurre porque los recursos no están bien enfocados. O sea, al empleado público no le pagan bien, entonces busca cómo ganarse más lana y buscan la corrupción”, dijo.
Agregó que “nosotros como industriales tenemos problemas para el establecimiento de empresas y nos vemos afectados con la corrupción para toda la creación de empleos. Están (los funcionarios) como enemigos de la empresa, como enemigos del empleo”.
No obstante, el líder empresarial aclaró que “y no es que sean enemigos, lo que pasa es que las necesidades les hacen caer en ese ámbito. ¿Y qué otra manera tienen de hacerse de recursos? En lugar de infraccionar, el policía te da una mordida”.
HASTA 65 TRÀMITES
Pereda Rodríguez añadió que abrir una empresa en la entidad requiere de cumplir hasta 65 trámites, municipales, estatales y federales, y Naucalpan es el municipio con mayor número de requisitos, con 22.
“Compramos un terreno en zona industrial y nos piden el uso de suelo. Un año es el promedio en que tarda la apertura de una empresa. Creo que la tramitología es una manera de ganar dinero de los funcionarios públicos. Es un círculo vicioso, porque se pagan bajos sueldos y propicia la corrupción”, mencionó.
Añadió: “Cuando llegamos a los trámites municipales ya se vencieron los estatales”.
EL CASO TLALNEPANTLA
Empresarios de Tlalnepantla denunciaron que la Coordinación de Normatividad, a cargo de Enrique Novella Torres, representa un lastre para la apertura y funcionamiento de establecimientos comerciales en la localidad, toda vez que la dependencia incurre en clausuras arbitrarias, lo que han denunciado ante diversas instancias.
“Sin importar que se cuente con licencias de funcionamiento y papeles en orden de los negocios, exige sumas de dinero que van de 10 mil hasta 50 mil pesos, de lo contrario clausura los negocios de forma autoritaria e irregular”, aseguraron.
Tal es el caso de María Dolores Vargas, Guerrero, cuyo negocio se localiza en el número 138 de avenida Sor Juana Inés de la Cruz, zona industrial San Lorenzo, clausurado el pasado 14 de octubre a pesar de cumplir con los requisitos para operar, entre ellos la licencia de funcionamiento EXP/1509/03SARE/3578/2003zona7-A, expedida el 2003 y ratificada por la actual administración el 8 de octubre del 2010.
Otro caso es el de Mauricio Portillo Castillo, propietario de un taller mecánico ubicado en la avenida Sor Juana Inés de la Cruz, en la misma zona centro de esta ciudad, y quien fue extorsionado con 10 mil pesos en efectivo, así como la reparación de dos vehículos oficiales del ayuntamiento, un Volkswagen Jetta sin placas así como una camioneta Lincoln modelo 2008 negra y con placas MGD-44-71, cuyo costo del servicio ascendió a más de ocho mil pesos de ambos, y a pesar de ello, su negocio fue clausurado.
Lo anterior, ocurrió desde el inicio de la administración 2009-2012, en que Novella Torres, a través de un oficio girado al tesorero municipal le indica “deje de cobrar las aportaciones voluntarias de comercios clandestinos” pues dichos recursos serán manejados por el área de Normatividad”.
Dicho documento, bajo el oficio TM/CNV/050/2009 dirigido al tesorero Juan Robles Martínez, del ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, detalla que Novella Torres ordena a la Tesorería Municipal la cancelación del cobro por concepto de aportaciones mensuales a establecimientos comerciales, por carecer de fundamento legal, por lo que dichas aportaciones serán cobradas en la coordinación de normatividad y verificación, sin fiscalización alguna por parte de otra dependencia del gobierno local o el mismo Órgano Superior de Fiscalización.
PIDEN CUENTAS
El regidor Luis Manuel Orihuela Márquez, del PRI, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del cabildo, informó que el año pasado citó a comparecer al coordinador de Normatividad del ayuntamiento, Enrique Novella Torres, “y he estado pidiéndolo informes regularmente acerca del actuar de la dependencia”.
Añadió: “Hasta donde tenemos entendido no hay ninguna denuncia en Contraloría municipal sobre irregularidades de los inspectores o sobre algún funcionario de esa dependencia, pero estamos abiertos a escuchar a los comerciantes, a los empresarios y a todos aquellos contribuyentes que tengan alguna queja sobre alguna irregularidad de la Coordinación de Normatividad”.
QUEJAS ANTE CODHEM
Federico Armeaga Esquivel, visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), informó que durante este año la defensoría ciudadana ha recibido mil 112 quejas contra los 125 ayuntamientos de la entidad, sobre todo por la actuación de las policías municipales y por exigencias sin fundamento.
Agregó que Tlalnepantla es el municipio con mayor número de quejas ante la Codhem, con 142, seguido de Ecatepec con 72, Nezahualcòyotl, con 66, y Tultitlàn, con 45.
La CODHEM meses atrás informó que sobre funcionarios del ayuntamiento de Tlalnepantla pesan al menos 142 quejas ante esta instancia en el periodo primero de agosto de 2009 al pasado 20 de agosto de 2010, de las cuales al menos 31 han sido por una exigencia de dinero sin fundamento legal por parte de funcionarios del gobierno municipal y en perjuicio de los empresarios, comerciantes y ciudadanos afectados, así como tres quejas por un cobro indebido de impuestos o contribuciones.
CÌRCULO VICIOSO
Pereda Rodríguez reconoció que la corrupción es un círculo vicioso difícil de romper, aunque recientemente el gobierno del estado de México expidió la Ley de Desarrollo Económico, que reglamenta la apertura de empresas y establece que los trámites deben realizarse por internet, para evitar corrupción.
“Son los mejores deseos que hay para que esto funcione. Es una medida exacta para acabar con la corrupción. Pero nos enfrentan a un problema: siempre y cuando tengas el uso de suelo. Si no tienes el uso de suelo, olvídate”, apuntó.
Aseguró que “entonces la gente cae en la necesidad de comprar a autoridades para tener ese uso de suelo adecuado para poder poner una empresa”.
“La corrupción es un costo real, no hay duda de eso”, subrayó Pereda Rodríguez.
Orihuela Márquez mencionó que el gobierno de Tlalnepantla también trabaja para disminuir la corrupción, por lo que próximamente el gobierno local presentará una nueva forma para tramitar las licencias en el ayuntamiento, lo que pretende acabar con este problema.
Sin embargo, dijo que las llamadas “aportaciones voluntarias” continuarán, aunque también buscarán la forma de transparentarlas y que sean verdaderamente voluntarias, de empresarios que quieran cooperar con el gobierno municipal.
Por último hay que señalar que en los próximos días, el movimiento ciudadano oficializará ante las autoridades correspondientes, la creación del Frente Común Contra la Corrupción en Tlalnepantla.
