I.- Los Partidos
El debate entre los partidos políticos, sus dirigencias, candidatos es consecuencia de la lucha democrática; la que se vive en cada proceso electoral. Cada elección es distinta y el intercambio de ideas, propuestas y las estrategias de los contendientes es acorde a lo que consideran lo más rentable políticamente, para ganar el cargo de elección popular en disputa.
Lejos quedaron aquellas elecciones de competidor y vencedor único; donde antes de iniciado el proceso electoral ya había un ganador; o donde las diferencias entre el ganador y sus competidores eran escandalosas. Fueron tiempos donde la lucha democrática por el poder era una formalidad legal, donde la oposición cumplía la tarea de legitimador del viejo sistema político. No pasaba nada, era la normalidad política de esos años y esos tiempos.
Pasaron décadas, pero llegamos al tiempo de elecciones competidas, donde no hay partido hegemónico sino un sistema de partidos que -a pesar de sus diferencias ideológicas, fuerza operativa y de movilización- tienen alternativas para competir en elecciones federales y locales. Incluso, la propia competencia electoral, puso contra la pared al Instituto Federal Electoral (IFE) en las elecciones presidenciales del 2006, donde un resultado cerrado, entre el primer y segundo lugar, fue el pretexto para demostrar que nos falta un largo camino por recorrer, en aceptar que la democracia se gana y se pierde por un voto. El que ganó es el espurio y el que perdió se dice el legítimo.
En este escenario de competencia cualquier cosa -por mínima que sea- puede magnificarse al grado que ponga en riesgo, o duda, la legalidad y legitimidad de una elección; favorecer a una tendencia partidaria en perjuicio de otra y afectar los trabajos de los órganos electorales, bajo la coyuntura misma de la competencia. De esta manera, en una elección compiten los partidos, los grupos de interés, los medios de comunicación y los candidatos. Todos en busca del acierto y del error.
Podemos diferir, pero en nuestro sistema legal e institucional son los partidos quienes determinan y ejercen las reformas políticas que facilitan el tránsito de la alternancia en el gobierno; garantizando, en diversos niveles de eficiencia, un mayor equilibrio entre poderes. Por lo tanto, al ser los competidores únicos, también son responsables de impulsar reformas que fortalezcan a los órganos electorales y no en apostar a su debilidad o fracaso. El principio del cambio es el cuestionamiento de una institución, es el principio para poner en la agenda del debate lo que a la vista de todos es necesario reformar.
II.- Los Ciudadanos
Los partidos políticos han contribuido al escenario de elecciones competidas; mientras los ciudadanos han dado a su voto un sentido sancionador, que lo ejercen frente a los resultados de gobierno, que no cumplen con la expectativa esperada.
Electores y partidos han construido gobiernos divididos, por lo tanto son corresponsables de los resultados positivos o de los desatinos. En la alternancia no pueden existir responsables únicos; el éxito o el fracaso de un gobierno no es exclusividad del partido que gana sino el reflejo de nuestra madurez y cultura política. Si los ciudadanos dan su voto a un partido y lo llevan al gobierno; el vencido –que no tuvo la mayoría de votos de los electores- no puede apostar al error o al fracaso del que tendrá la responsabilidad de gobernar.
Es, desde una visión democrática- el mejor auditor y el mejor promotor de las reformas que se requieren para hacer un buen gobierno. Si el que gobierna no escucha, se cierra para administrar los asuntos públicos a su albedrío y toma un camino distinto al bien común serán los ciudadanos los encargados de castigarlo, para dar la oportunidad a otra opción y alimentar la alternativa del cambio democrático.
III.- Los Medios de Comunicación
Un actor fundamental en la transición política del país y en el fortalecimiento de la cultura democrática son los medios de comunicación. Como nunca las elecciones federales o locales son noticia permanente en el contexto nacional. Cada evento electoral se convierte en un hecho relevante para ser informado a la opinión pública. Los medios contribuyen a la formación del criterio colectivo e influyen en la percepción de sectores importantes, más en tiempos electorales. Son ellos los que clasifican la nota, los que dan prioridad a la noticia y los que determinan el mejor momento de su difusión, a partir de los distintos niveles de audiencia.
Los acontecimientos de una elección local se convierten en referencia nacional por el poder de comunicación que tienen los medios. No hay procesos aislados; cada proceso electoral tiene un seguimiento puntual del periodista acreditado, el corresponsal o el enviado especial. Incluso, el día de la elección se tienen coberturas de medios que informan resultados de salida y acontecimientos, que superan los esfuerzos institucionales de los órganos electorales locales y del Instituto Federal Electoral (IFE).
Por esa capacidad de informar y de cobertura en los procesos electorales es fundamental que los medios de comunicación actúen con mayor responsabilidad. Tienen la capacidad de definir o integrar temas del debate nacional, son espacios abiertos al intercambio de ideas y de propuestas entre partidos y candidatos, por lo tanto, se les tiene que pedir y el Estado regular, el manejo de los acontecimientos con una visión que supere el puro criterio del raiting. Es necesario pedirles que contribuyeran al fortalecimiento de los valores democráticos.
El derecho a ejercer la libertad de expresión de los medios de comunicación es un mérito bien ganado; durante décadas fueron sometidos a la voluntad única de los hombres fuertes del sistema político mexicano: el Presidente de la República y los gobernadores de los estados. Debemos celebrar que hoy pueden hacer su tarea con libertad, comunicar, informar y denunciar hechos que constituyen su razón de ser. Esa condición los hace un factor indiscutible para, a partir de la libertad de expresión, fortalecer nuestra vida democrática poniendo a debate el estado de cosas que deben cambiar.
IV.- Los Órganos Electorales Locales
Frente a elecciones competidas y medios de comunicación que ejercen con libertad la tarea de informar es imprescindible desterrar cualquier intento de pretender subordinar la soberanía y autonomía de las entidades federativas a partir de iniciar un falso debate sobre la permanencia de los órganos electorales locales.
Los estados y sus órganos electorales locales no pueden aceptar que una instancia federal se encargue de los procesos locales. Es pretender subordinar un derecho y obligación de las entidades federativas a elegir a sus autoridades y a legislar sobre su futuro político democrático.
El centralismo, el autoritarismo y la ausencia de un sistema de partidos afectaron significativamente el desarrollo social, económico, educativo y cultural de los estados; por tanto, no se puede regresar a ejercer un centralismo político en el factor fundamental de nuestra transición democrática: dirigir nuestros propios procesos electorales, a partir del marco legal aprobado por cámaras de diputados locales, en ejercicio pleno de la soberanía de cada entidad federativa y en congruencia con las reformas políticas del orden federal.
Los órganos electorales locales están abiertos al debate. Sus presidentes consejeros se reúnen con regularidad y en cada encuentro se discuten temas fundamentales para el fortalecimiento institucional y el servicio profesional electoral. Se intercambian experiencias e ideas sobre acciones para mejorar las tareas propias de los procesos electorales. Cada realidad es distinta, pero los une, los identifica y los compromete el propósito de cumplir con transparencia la responsabilidad encomendada.
Los órganos electorales locales son críticos hacia su interior. Son mujeres y hombres formados profesionalmente para el debate que es propio de un órgano colegiado. Se cumple con una vocación de diálogo constante con los partidos políticos, medios de comunicación y especialistas sobre temas electorales y de cultura política.
Se comparten las críticas y se cuestionan conductas y acciones que van en contra del desarrollo y profesionalización de los institutos electorales. Se difiere del IFE, de las reformas políticas que se tienen que adaptar a las realidades locales. Sin embargo, se privilegia la coordinación de esfuerzos para desarrollar las distintas etapas de los procesos electorales.
Siempre están en el intercambio de experiencias los funcionarios del IFE, magistrados de los tribunales locales, del Tribunal Federal y sus salas regionales. Regularmente son sus presidentes los que asisten a los encuentros de Presidentes Consejeros de los Institutos Electorales Locales y esa es la ocasión para actualizar una tarea cada vez más especializada.
Si algún instituto tiene que cambiar, debe hacerlo. Si un funcionario electoral o algún consejero electoral actúo en forma irregular tiene que asumir su responsabilidad legal y pública. Sin duda, son conductas que merecen ser sancionadas porque se tiene una responsabilidad que implica valores cívicos, éticos y morales que dan mayor legitimidad a la tarea encomendada.
Lo que no se puede aceptar es que esa minoría de conductas negativas sea el detonante para pretender que una instancia federal se haga cargo de los procesos electorales locales. Dejemos que sean los propios estados los que definan el rumbo de sus instituciones electorales, que sean sus cámaras de diputados y los liderazgos de los partidos de cada estado los que definan lo que tiene que cambiar, para mejorar su realidad política y de acceso al poder público.
Que cada entidad realice las consultas ciudadanas necesarias para construir los valores de su futuro democrático; que cada entidad decida lo que quiere como destino, han aprendido de su historia, de sus errores pasados y presentes; y esa es su máxima oportunidad de cambio.
Sumemos opiniones de rechazo a las conductas que deban ser desterradas, a las que significan un retroceso al cambio democrático; pero también digamos no a cualquier injerencia que venga desde el centro como imposición a los institutos locales que, -al igual que varias instituciones- también han contribuido a la transición democrática de México, a la estabilidad política nacional y al fortalecimiento de nuestra cultura democrática.
*Norberto Hernández Bautista, ex presidente Consejero del IEEM