CIUDAD DE MÉXICO, Méx.- Al inaugurar hoy el “Octavo Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, La Justicia que merecemos: de la implementación a la consolidación”, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, resaltó que el próximo 18 de junio entrará en plena vigencia en todo el país el nuevo Sistema de Justicia Penal.
Señaló que ha tomado ocho años que las instituciones del Estado Mexicano estén preparadas para la entrada en vigor de este nuevo modelo de justicia penal. Explicó que este plazo de gracia de ocho años vence el próximo 18 de junio, y ese día “no se dará por concluido, sino por iniciado este nuevo modelo con vigencia plena y estará a prueba la eficiencia del mismo”.
El Primer Mandatario subrayó que “estamos ante un hecho histórico dentro de la justicia de nuestro país, ante un avance inédito de más de 100 años de estar al amparo de un modelo que hoy está cambiando con un propósito: asegurar que en nuestro país haya una eficaz administración de justicia”.
Precisó que el modelo de justicia seguido por nuestro país por más de 100 años “daba muestras de debilidad, de agotamiento y de incapacidad para cumplir lo que mandata nuestra Constitución: que entre los mexicanos la justicia en todos los órdenes, pero específicamente en el penal, fuera pronta y expedita”.
“Este paso que estamos dando es absolutamente relevante y significativo para nuestro país, porque está en favor de lograr lo más importante: que la sociedad mexicana pueda confiar y encontrar en este modelo de justicia que realmente se administre plenamente la justicia, como lo mandata nuestra Constitución”, refirió.
El Presidente Peña Nieto recordó que diez años atrás “diferentes organizaciones de la sociedad civil se plantearon impulsar el cambio de este modelo de justicia, para hacer uno con distintas características”. Por ello, expresó su reconocimiento a las organizaciones civiles que se comprometieron en este trabajo; “su esfuerzo no ha sido en vano”.
El Titular del Ejecutivo Federal dio indicaciones al Secretario de Gobernación para encontrar, junto con las organizaciones de la sociedad civil, mecanismos para que una vez que entre en vigencia el nuevo modelo de Justicia Penal, “lo podamos seguir, evaluar, retroalimentar a partir de las experiencias que se tenga en cada entidad y en el orden federal, y que eso nos permita enriquecer, y sobre todo asegurar que el modelo funciona y funciona bien para todo el país”.
