Esta elección local es decisiva para la sucesión en la presidencia de la República. A partir de ella se perfilará el destino político del país y eso significa que el proceso 2018 ya comenzó. Esto es inédito en la práctica de la sucesión presidencial ligada al viejo sistema político, porque era normal que el sexenio del presidente en turno durara cinco años, pero este sexenio ha sido de tres, con lo que se han acelerado los tiempos de la sucesión y más extraño resulta que sea una elección local la que pueda cambiar de un escenario político de victoria a otro de derrota.
Hábiles en el manejo del control de sus opositores, esta vez han cometido un exceso que se puede revertir en el corto plazo, si no es que ya está sucediendo con el resurgimiento de la figura de Andrés Manuel López Obrador. Han reducido a tal nivel al Partido Acción Nacional (PAN) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD) que su participación en la sucesión del poder público en México es meramente de legitimación y eso hace que el verdadero debate esté entre los grupos y figuras nacionales con militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). El PAN y el PRD son banderas tan sólidas como el papel dentro del agua, mismas que algún resentido a la presidencia de la República puede utilizar para encabezar una probable oposición aliancista. Lo mismo han hecho con el Instituto Nacional Electoral (INE) cuya subordinación a los manejos del sistema y su partido ponen en riesgo la estabilidad política nacional, al abandonar su única función sustantiva que era la de legitimar las elecciones presidenciales.
De esta manera, el PAN, el PRD y el INE no son factor de preocupación del PRI y menos del liderazgo del presidente de la República. Un grito y los alinean en la silla del teatro político que se asigne a cada uno de ellos. El exceso de control, y la poca resistencia de la oposición oficialista panista y perredista, ha dado fuerza al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), al grado que Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en el aglutinador de la militancia que no está de acuerdo con las formas seguidas por las dirigencias nacionales del PAN y el PRD. Más que el talento del tabasqueño, ha sido la molestia de los cuadros y simpatizantes de esos partidos lo que ha hecho de MORENA una opción para hacer frente al aparato que representa el gobierno y su estructura política. Así las cosas, cualquier decisión que se tome impactará el desarrollo en la transición democrática nacional. Por el momento, y sin que se celebren las elecciones estatales del 5 junio próximo, el tiro cantado por la presidencia de la República es entre el PRI y MORENA.
Está visto que, sin proponérselo, MORENA ha seguido la estrategia de la Cruz Roja y ha venido levantando a los heridos, al grado que se puede convertir en la segunda o tercera fuerza política nacional, todavía sin competir en una elección presidencial. La tendencia en el corto plazo es de crecimiento, tal como sucedió en el Distrito Federal (DF) y está ocurriendo en Veracruz, Zacatecas y Oaxaca. Al PRI le urge que esto pare, pero mientras procesan la forma de hacerlo, el mayor dilema para el presidente y su equipo está en la designación del candidato a gobernador por parte del PRI en el estado de México. Desde la alternancia política de julio de 2000, la normalidad es que los gobernadores decidan quién es su sucesor; sin embargo, en el estado de México existen tres figuras relevantes que por sí mismas pueden influir en la designación de un candidato al cargo.
Por un lado, existe la presencia de un líder que encabeza a la clase política priista mexiquense, misma que recae en la persona del ex gobernador Arturo Montiel Rojas, a quien se le atribuye la construcción de la exitosa carrera política del actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Su influencia se supone tal que es considerado el fiel de la balanza. Es el hombre fuerte que sustituyó al legendario profesor Carlos Hank González. El formó e hizo gobernador al entonces joven Enrique Peña y de ahí salió fortalecido para ocupar la presidencia de la República. También abrigó y formó al actual gobernador Eruviel Ávila, a quien abrió camino en todos los cargos públicos que ha desempeñado, incluido el de gobernador. Por eso, es de suponer que puede echar mano de su peso moral para influir en quién será el próximo gobernador. Sus cartas más evidentes parecen ser la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo y el líder del PRI estatal, Carlos Iriarte Mercado, aunque también por ahí anda el subsecretario federal, Ricardo Aguilar Castillo. Todos forman parte de la misma generación de Enrique Peña y Eruviel Ávila y se han mantenido cercanos al liderazgo montielista.
En un punto relevante y estratégico se ubica al gobernador de la entidad, Eruviel Ávila Villegas, de quien se espera haga lo conducente para tratar de favorecer a uno de sus cercanos como su sucesor. La mayor carta que guarda para influir o condicionar la candidatura estatal es el peso del padrón electoral que tiene el estado en el contexto del resultado electoral nacional. El asunto cobra mayor interés y complejidad cuando el propio gobernador tiene aspiraciones legítimas de ser candidato a la presidencia de la República. Por lo tanto, su mayor ventaja para salir avante en sus aspiraciones es la propia candidatura a gobernador. Sus hombres para la sucesión carecen de una formación similar a los otros aspirantes y dependen estrictamente de la exitosa operación política del gobernador. En una aproximación, parece que el mandatario mexiquense estaría más cerca de establecer un acuerdo con la propuesta que haga Arturo Montiel, con independencia de que sea un miembro de su grupo el candidato, pero buscando mantenerse hasta el final en la carrera por la sucesión presidencial. Si fuera así, sus aspiraciones tendrían un núcleo duro y fuertes posibilidades de llegar a la candidatura. Su único inconveniente es que gane las elecciones locales de junio de 2017.
El tercer factor de poder en la sucesión lo representa el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. En la lógica de las prácticas del pasado no estaría a discusión quién designaría al candidato en el estado de México. Eso implicaría hacer valer el peso del cargo y la jerarquía de uno sobre otro, donde los allegados pueden opinar, pero no decidir; incluso, puede darse el caso de decidir, pero el presidente tiene la facultad de vetar. Esto era la normalidad en el viejo sistema político que sostenían la figura presidencial y el PRI. Sin embargo, imponerse de esa manera puede provocar fracturas irreversibles, tanto en el grupo político al que pertenece como en la sucesión presidencial. Basta un acto de rebeldía local para cambiar el sentido de la elección de gobernador y, por ende, de la sucesión presidencial. Este escenario no es desconocido para él y sus cercanos operadores. Si es verídico que tuvo que ceder la candidatura a gobernador a Eruviel Ávila para evitar una fractura que pusiera en riesgo la continuidad del PRI en el gobierno local, el esquema se puede repetir. Según se rumora, su candidato era Alfredo del Mazo, pero tuvo que aceptar la candidatura de Eruviel Ávila para no poner en riesgo el bien superior que significaba la presidencia de la República.
El poder del presidente no está a discusión. Tiene los medios para hacer valer su decisión. A pesar de ello, una alternativa así construida no está exenta de provocar su propia oposición. También es cierto que un gobernador o un líder local, por más fuerte que sea, no puede condicionar al presidente del país, más cuando conocen las reglas de la disciplina política. De esta manera, si la constante del sistema se impone la candidatura estaría en el ámbito de influencia directa del presidente. Si esto fuera posible, la operación de la elección local se trasladaría al ámbito de competencia federal y sería la Secretaría de Gobernación la encargada de entregar buenas cuentas al presidente. Lo significativo de un acuerdo de esa naturaleza es que se estaría anticipando que la candidatura de la sucesión presidencial quedaría en manos de Miguel Ángel Osorio Chong y el grupo de Manlio Favio Beltrones, que asumiría la operación de la campaña del 2018.
El presidente Peña tiene entre sus cartas a tres fuertes aspirantes: Alfredo del Mazo Maza, Luis Miranda Nava y Carolina Monroy. Son cuadros del primer círculo del Jefe del Ejecutivo, pero cada uno reúne condiciones diferentes. Alfredo del Mazo tiene el inconveniente de haberse quedado en la orilla en la elección anterior y el gobernador Eruviel Ávila lo puede ver como un enemigo y, si ya no va a ser su candidato, por lo menos que el sucesor no sea alguien con el que pudiera tener diferencias personales cuando deje de ser gobernador o se convierta en su perseguido político.
