TOLUCA, Méx.- Los programas sociales del gobierno estatal y municipios no deben ser usados con fines electorales, y menos que beneficien políticamente a algún partido, demandó la diputada Karina Labastida Sotelo, quien presentó ante el pleno de la LVII Legislatura una reforma de Ley de desarrollo social y de Responsabilidades de los servidores públicos del estado y municipios, para evitar que se condicione a los ciudadanos la entrega de despensas, servicios y bienes públicos a cambio de votos y afiliaciones partidistas.
En tribuna, Labastida Sotelo dijo que la utilización de los programas públicos con fines electorales rompe con el principio de equidad en la contienda electoral, y evita que se arraigue una cultura política democrática.
“A raíz del video difundido por un medio de comunicación nacional, que muestra al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca y al presidente municipal de Valle de Chalco con funcionarios priistas, poniéndose de acuerdo para entregar despensas y utilizar programas sociales estatales con el fin de capitalizar el voto a favor del Partido Revolucionario Institucional.
“Asimismo las leyes estales no han permitido la plena transparencia en el uso de los recursos destinados a los programas sociales: En el 2010 existió un subejercicio de más de mil millones de pesos en cinco programas sociales estatales, pues al comparar los datos que se observan en la gaceta del gobierno del estado de México y los informes de aplicación de los recursos y evolución de los programas sociales que emite la Secretaria de Desarrollo Social, se da cuenta que el gasto ejercido en cada uno de estos programas es mucho menor que el monto destinado a cada programa por la Secretaria de Desarrollo Social para ese año.
“La neutralidad política de los programas y acciones de desarrollo social es un elemento imprescindible en la política social de Estado, en por eso que en la medida que la sociedad perciba que los beneficios sociales son parte de sus derechos, y no una dádiva por parte del gobierno, se podrán erradicar prácticas como el clientelismo político, el corporativismo y la coacción del voto vía los apoyos sociales”.
En tribuna, la legisladora Karina Labastida consideró que en esta tarea se juega una parte fundamental para avanzar en la construcción de una democracia efectiva, porque la utilización de los programas públicos con fines electorales rompe con el principio de equidad en la contienda, y evita que se arraigue una cultura política democrática.