CIUDAD DE MÉXICO, Méx.- En el foro “Economía Social y Solidaria en México”, diputados, funcionarios e investigadores resaltaron la importancia de convertir a este sector en el motor que impulse a la sociedad, las finanzas y el desarrollo del país, y plantearon capacitar al capital humano del campo y mejorar las reglas de operación, así como incrementar el presupuesto del agro.
La presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, diputada Norma Xochitl Hernández Colín (Morena), se pronunció por que esta modalidad productiva sea vista como una alternativa viable para el desarrollo sustentable del país, consolidándolo como un proyecto de organización económica.
Indicó que las empresas del sector son la mejor estrategia para la inclusión económica y social, así como la base financiera no asistencialista ni clientelar. “Es la humanización de la economía y se concibe bajo la participación organizada y solidaria, pero también democrática y autodeterminante”.
El reto es crear las opciones y posibilidades para que la economía solidaria participe de los impulsos productivos y pueda vincularse a los mercados y sus potencialidades. Por ello, continuó, es necesario fomentar la creación de nuevos organismos de la economía social, así como fortalecer y consolidar los ya existentes, impulsando el pleno poder creativo e innovador de sus socios en todos los ámbitos y prácticas de sus empresas.
Recordó que este sector está formado por ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenecen mayoritariamente o exclusivamente a los trabajadores y, en general, todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios.
Hernández Colín señaló que el foro tiene la finalidad de responder al anhelo de construir políticas responsables y comprometidas para garantizar el fomento, impulso y consolidación de cada una de las figuras que integran a la economía social del país; para ello, “se debe reconocer todo el poder creativo e innovador de los emprendedores de la economía social”.
Se necesita vincular el trabajo de las universidades, instituciones, dependencias y el sector social de la economía. Los jóvenes campesinos requieren respuestas concretas, pues “el arraigo rural no llegará por decreto; se pretende la democratización de la productividad en las empresas de la economía social”.
Rosa Alba Ramírez Nachis, diputada de Movimiento Ciudadano, precisó que el foro es un gran ejercicio para apoyar a la economía social y solidaria del país, ya que es ejemplo del éxito del cooperativismo e hizo votos por convertirlo en el motor que impulse a la sociedad.
Del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA-Rural), su directora general, Ligia Noemí Osornio Magaña, indicó que este sector es importante, pues el 80 por ciento del campo está conformado por unidades económicas rurales minifundistas. De ahí que sea necesario impulsar un nuevo extensionismo que fortalezca el capital humano que está en el campo, opinó.
Mencionó que poco más de la mitad del territorio nacional es propiedad social, es decir, ejidos y comunidades, en los cuales hay una enorme riqueza de recursos naturales, pero paradójicamente presentan los mayores rezagos de desarrollo. Por ello, estimó, importante el fomento de la economía social y solidaria, así como propiciar las condiciones y la competitividad que necesitan los espacios rurales para generar riqueza y un verdadero desarrollo rural sustentable.
En 42 años de experiencia, el objetivo del INCA-Rural ha sido la capacitación del capital humano y la planificación de estrategia para la población de alta y muy alta marginación. La economía de los territorios rurales se distingue por el aprovechamiento, razón por la cual se debe incentivar la competitividad económica como generadora de la riqueza del territorito y con base al fortalecimiento a la gestión desde lo local, afirmó.
Para resolver los retos del sector, dijo, es necesario partir desde lo local. “Se tiene certeza que el nuevo extensionismo debe ser construido desde los territorios. Debemos reconocer que el cambio se inicia en la voluntad de los propios pobladores rurales. Necesitamos implementar nuevas formas para el trabajo del extensionismo y métodos para desarrollar sus capacidades”.
Óscar Javier Meléndez Chong, director de Estudios Regionales del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), expresó que una alternativa para romper con la pobreza, es la generación de empleos y la producción de bienes y servicios bajo el modelo de la economía social, ya que de acuerdo con el Conveval existen 55.3 millones de pobres, de los cuales 11.4 millones están en el nivel extremo.
Se requiere de un amplio programa de capacitación y organización, así como un acompañamiento técnico hasta la estabilización del proyecto; compactar costos de inversión para mejorar las condiciones del mercado; contar con información suficiente y oportuna sobre todos los programas orientados al sector, así como difundir los instrumentos de oferta institucional de forma actualizada, explicó.
Una vieja demanda del sector de la economía social y solidaria es la referida a las reglas de operación, las cuales deben ser claras y accesibles para los productores que demandan los programas. “En este tema hay mucho por hacer”, afirmó.
De la Alianza Cooperativista Nacional (Alcona), Rafael Martínez Ponce, dijo que una de las prioridades del sector cooperativista en México es tener un andamiaje jurídico y trabajar en la implementación de una reforma financiera y fiscal propios.
Destacó que el 80 por ciento del sector está en riesgo de desaparecer, por lo que es indispensable generar resultados a su favor, además de tener una representatividad e interlocución en las cámaras de Diputados y de Senadores.
Reiteró que uno de los problemas que enfrentan las cooperativas es que se legisla con el sector privado, ocasionando una “colisión de leyes”. Se requiere legislar de acuerdo a la naturaleza de estas organizaciones, tomando en cuenta que son diferentes a las sociedades mercantiles, subrayó.
Por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alejandra Simental Franco, precisó que las instituciones de nivel superior deben tener presencia en espacios colegiados de decisión y formación de políticas públicas que puedan beneficiar al sector. “Si seguimos en el panorama actual estamos generando un mayor desempleo, al pensar que las comunidades rurales no funcionan o no son viables”.
Mencionó que las universidades deben vincular el ejercicio profesional de docencia con el desarrollo profesional de los egresados para que una vez que culminen sus estudios se dediquen a trabajar, de acuerdo con sus profesiones, en sus lugares de origen y generar con ello un arraigo rural.
De la Universidad de Antioquía, Medellín, Colombia, María Luisa Montoya, expresó que los contratos sindicales de aquel país han sido exitosos en la economía solidaria.
